La transición hacia la construcción de sociedad, Reflexiones en torno a la crisis colombiana

Por: Luis Jorge Garay Salamanca *
Santafé de Bogotá, marzo de 1999

Introducción.

El propósito de este ensayo es caracterizar brevemente el proceso de crisis y destrucción social en Colombia y la forma como la globalización afecta o condiciona dicho proceso, para finalmente esbozar algunas reflexiones básicas sobre la transición hacia la construcción social de un "nuevo" país en las circunstancias del mundo de hoy.

Se parte de un diagnóstico de la evolución de la sociedad colombiana a la luz de un proceso de globalización no sólo económico sino fundamentalmente político, y se desarrolla un esquema propositivo de referencia sobre el proceso de transición y posterior construcción de sociedad que resulta inaplazable para Colombia.

A. Hacia una caracterización de la problemática colombiana.

La problemática colombiana está marcada hoy por la progresiva subordinación de "lo público", sin que nunca en el país se hubiese podido alcanzar una suficiente creación societal de lo público debido a la profunda fragmentación del tejido social. Así, el primer problema es la subordinación de lo público en favor de intereses privados que han venido adquiriendo poder político, económico, cultural y social, tanto legítima como ilegítima y paralegítimamente en el país.

La creciente ausencia del sentido de lo público permea la forma de proceder, el comportamiento y la conducta de los ciudadanos, privilegiando el interés individual sobre el llamado "bien común" lo que, entre otras cosas, contribuye a la desinstitucionalización del Estado: "el ente representativo del interés público" en una sociedad democrática, e incluso en otras sociedades bajo otros regímenes u ordenamientos políticos alternativos.

La pérdida de institucionalización del Estado --para no entrar en el tema de pérdida de legitimación que tiene serias connotaciones dentro de las discusiones de filosofía política actual-- conduce al resquebrajamiento de funciones y responsabilidades básicas e inalienables del Estado.

La primera y más central de esas responsabilidades en un Estado democrático es el imperio de la ley y el monopolio en la aplicación de la justicia, la preservación del orden instituido en el ordenamiento político y social, y la integridad territorial.

La desinstitucionalización del Estado lleva a su paulatina sustitución por parte de grupos o intereses privados poderosos en el arbitrio de relaciones políticas, económicas, culturales y sociales en la sociedad, relegándose la imperancia del "bien común" en favor de propósitos individualistas o grupales que no necesariamente reflejan el interés colectivo perdurable.

Con la pérdida del imperio de la ley se crean condiciones propicias para un desarreglo societal profundo y a la vez visible e inmediato que es la ruptura de las normas básicas de "convivencia ciudadana": entendida como aquella que se rige mediante el tipo de normas rectoras en derecho, de índole persuasiva aunque también coactiva, acordadas por mutuo entendimiento a través de un "contrato social" entre miembros de la sociedad.

Esta pérdida de convivencia ciudadana que va penetrando crecientemente múltiples instancias del relacionamiento social en el país abarca desde las relaciones cotidianas de los individuos con otros individuos como progresivamente de grupos de ciudadanos con otros grupos y con el Estado, y hasta instancias como la relación interactiva entre los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos y el Estado en el espacio público-colectivo-privado del ordenamiento político y social.

Con el avance de la erosión de la convivencia ciudadana se va asentando, enraizando y germinando adicionalmente una cultura del imperio de la violencia, con la creciente utilización del uso de la fuerza o la coacción o el poder de influencia o predominio de unos grupos sobre otros, para el logro de sus propios fines individualistas, egoístas e incluso, en ocasiones, en contra de la estabilidad social y de los intereses propiamente de carácter público.

Esta trilogía de problemas caracteriza un proceso de "destrucción social"--creciente supeditación de lo público, desinstitucionalización del Estado y pérdida de convivencia ciudadana--, que tiene como raíz central a la preminencia de lo privado sobre lo público o el bien común, que conduce al relajamiento del fin rector y último de un ordenamiento político, cual es el logro de una sociedad organizada en legítimo cumplimiento de un orden jurídico societal.

El ordenamiento político-jurídico busca, a través de una normatividad fundamental sobre derechos y obligaciones, guiar las relaciones, acciones y comportamientos entre ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado.

La creciente fragmentación del tejido social y la pérdida de convivencia ciudadana se manifiestan no sólo en el deterioro de los comportamientos y conductas ciudadanos sino en las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales en la sociedad, proclives a la configuración de lo que se puede denominar como un proceso de "culturización de la ilegalidad" y hasta incluso de la "culturización mafiosa" en el sentido estricto de la palabra.

Aquí se entiende por culturización el proceso de formación práctica de un conjunto de valores, principios y fundamentos que rigen conductas y comportamientos de ciudadanos en una sociedad. Y por "culturización ilegal" o en su extremo "culturización mafiosa", el enraizamiento progresivo en distintos ámbitos de la sociedad de la imposición de intereses privados individuales de grupos poderosos --de orden tanto legal como ilegal --, a través de la violencia y de su poder de imposición, intimidación y persuasión sobre otros grupos de la sociedad e incluso el Estado.

Así, entonces, un proceso de culturización se produce con la progresiva adopción de prácticas y conductas por diversos estratos o grupos de ciudadanos, sin que ello implique de manera alguna la imperancia de éstas como prácticas societales, en sentido estricto del término. Sólo alcanzarán este estatus en la medida en que tales prácticas sean adoptadas y reconocidas suficientemente por el conjunto de los ciudadanos de la sociedad.

La búsqueda de la imposición de intereses individuales sobre otros intereses individuales o sobre el interés colectivo-público se fundamenta en la violación de normas, procedimientos y disposiciones del ordenamiento jurídico y político instituidos. Esta violación de la legalidad se hace o bien a través de la violencia como sustitución del imperio de la ley, cuyo monopolio debiera estar sólo bajo responsabilidad del Estado, o bien a través de la coacción fruto del poder político y económico de un grupo sobre otros sectores de la sociedad y el Estado, o bien a través del poder de influencia y no de la fuerza directa sobre el resto del aparato estatal y el ordenamiento político en general.

Así, en la medida en que se amplía el ámbito social en el cual se relega el derecho legalmente instituido, va avanzándose hacia el establecimiento de organizaciones ilegales y, según su naturaleza, hasta "mafiosas" que se van abrogando la potestad de imponer por la vía de facto una "culturización ilegal o mafiosa" en los términos recién definidos.

En Colombia el comportamiento ciudadano, es decir la relación ciudadano-ciudadano, ciudadano-Estado, ciudadano-sociedad, ha sido permeado por la aplicación de prácticas ilegales con un creciente recurso a la fuerza en muy diversas actividades. Este deterioro social resultó potencializado, entre otras cosas, por una dinámica más profunda que es la "cultura mafiosa narcotraficante".

El cuarto problema central del proceso de destrucción es el conflicto armado que ha tenido una profunda transformación en el tiempo y que hoy día también se relaciona directa, indirecta, utilitaria pero no necesariamente en términos ideológicos con actividades ilegales, en particular el narcotráfico.

Si bien el surgimiento de los movimientos guerrilleros tiene raíces de carácter social relacionadas fundamentalmente con la problemática tradicional predominante en el campo colombiano y, al menos en parte, con la confrontación ideológica entre los sistemas capitalista y comunista en el contexto de la guerra fría, con el tiempo la lucha por ampliar y consolidar su predominio territorial en vastas zonas del país, suplantando al Estado como medio para adquirir mayor poder político y militar por la vía de los hechos, no sólo ha venido financiándose de manera creciente con base en la imposición unilateral de cargas y penalidades monetarias --a manera de tributos en favor de estos grupos y no de la sociedad en su conjunto-- sobre civiles y actividades económicas, sino que además ha recurrido a apropiar parte de los excedentes generados en las primeras etapas de la cadena del negocio del narcotráfico.

Ello al punto en que más del 40 por ciento de los ingresos anuales del grupo guerrillero más fuerte del país se originaría en el usufructo de cargas impuestas sobre la hoja y la pasta de coca adquirida por intermediarios en las zonas de cultivo y por concepto de la custodia de pistas clandestinas para el transporte de droga.

Fenómeno similar ocurre en el caso de otros actores centrales involucrados en el conflicto armado colombiano --como los paramilitares --. Así, entonces, ante los requerimientos de la exacerbación de la lucha por el dominio territorial entre grupos guerrilleros y paramilitares y las fuerzas militares, el conflicto armado ha sido crecientemente permeado por una "cultura de ilegalidad mafiosa", como ha ocurrido en ciertos sectores de la sociedad que usufructúan "ilegalmente’’ ganancias derivadas de actividades relacionadas con el narcotráfico --por ejemplo, el lavado de dólares o el contrabando--, para no mencionar a los grupos delincuenciales "mafiosos" propiamente dichos.

El quinto problema fundamental es el problema del narcotráfico y el de la ilegalidad crecientemente generalizada en la conducción de actividades políticas, económicas y culturales en la sociedad colombiana.

Esta ilegalidad, con una manifestación determinante en el narcotráfico, no es la causa fundamental ni la madre de la progresiva disolución de lo público en Colombia. Si bien es cierto que la ilegalidad tiene raíces históricas en el país que no sólo no han sido resueltas sino que ha ido consolidándose y ampliándose su espectro de acción a través del tiempo --por ejemplo, contrabando, posesión ilegal de la tierra, apropiación privada de riquezas colectivas, el caciquismo y la compra de votos, secuestro--, el narcotráfico como la actividad ilegal de quizás mayor rendimiento y poder depredador en el capitalismo de hoy, ha alcanzado un poder desestabilizador potencializador de toda la problemática colombiana de la "destrucción social".

Uno de los agravantes del problema del narcotráfico en el país reside en que el patrón de especialización adoptado dentro de la cadena internacional del negocio es el más "pauperizador y depredador" en términos sociales, culturales, ecológicos e incluso económicos. En efecto, la especialización progresiva del país hacia las primeras tres etapas --como las del cultivo de coca, el procesamiento de pasta y la elaboración de cocaína, y su contrabando a los países consumidores-- de las siete u ocho etapas de la cadena internacional del narcotráfico no sólo genera unas ganancias económicas ínfimas con respecto a las de las etapas finales que se reproducen en los países consumidores --como la distribución minorista en las ciudades, el lavado de dólares y la especulación financiera con excedentes ilegales--, sino que va imponiendo una "culturización del narcotráfico" consecuente con: la suplantación del derecho y la ley instituida por la imperancia de la violencia y el poder de la fuerza; la "destrucción" de tradiciones, valores y comportamientos; la pérdida de la convivencia ciudadana; el deterioro del medioambiente y, al fin de cuentas, la "pauperización", en sentido integral del término, del campesinado cultivador de la hoja de coca y de amapola y de las poblaciones en sus zonas de influencia.

Todos estos conflictos básicos en su conjunto y la íntima relación "autoalimentadora" entre ellos configuran un proceso de fragmentación del tejido social y descomposición de un ordenamiento político democrático, al menos en términos formales. La profundidad de este proceso se hace evidente a todas luces con sólo mencionar algunas de las múltiples anomalías societales que aquejan a la sociedad colombiana. A manera de ilustración basta con citar que Colombia se caracteriza, entre otros rasgos, por:

i) ocupar el segundo lugar en las Américas en términos del número de homicidios por cada cien mil habitantes y el sexto lugar del mundo en violación de derechos humanos, con el agravante de enfrentar una actividad criminal crecientemente organizada --potencializada pero no exclusivamente vinculada a actividades ilegales y el narcotráfico-- como lo muestra el hecho de que cerca de un tercio de los homicidios se ejecuta por ajuste de cuentas, en buena medida a través de terceros utilizados para la realización del crimen;

ii) desempeñar el tercer lugar en el Hemisferio y el séptimo en el mundo --según Transparencia Internacional-- en corrupción pública y privada, con la proliferación de prácticas de enriquecimiento ilícito;

iii) presentar una grave pérdida de credibilidad y confianza en el sistema de justicia al punto en que se estima, según una encuesta reciente, que un 40 por ciento de los ciudadanos considera que la justicia no opera, un 15 por ciento que hay ausencia de autoridad, un 12 por ciento que es de difícil acceso , y además que un 70 por ciento ha disminuido su credibilidad en la justicia, llegándose a un nivel de confianza promedio en el sistema legal de apenas 4.7 en una escala de 1 a 10 . Todo lo cual refleja la presencia de elevados grados de impunidad e inequidad en el sistema, y explica los reducidos niveles de denuncia de delitos por parte de los ciudadanos afectados;

iv) sufrir una crisis en la "institucionalidad" del Estado --y, en cierta medida, en su "legitimidad" por el creciente escepticismo ciudadano sobre su efectividad y representatividad--, cuando, por ejemplo, el nivel de confianza en las diferentes instancias del gobierno no supera el 4.2 en la escala 10 (gobiernos locales con 4.2 vs. gobierno nacional y administración pública con 3.8). Este proceso de destrucción social perverso guarda una estrecha correspondencia y relación "autoalimentadora" con la dinámica de desactivación productiva y de "exclusión e inequidad social" que ha venido agravándose en Colombia, especialmente en los últimos tiempos.

A pesar de que el país ha podido conservar un crecimiento económico positivo durante los últimos treinta años, ha sido insuficiente para: incorporar de manera masiva y productiva a gran parte de la población, modificar los patrones de distribución de la propiedad y del ingreso --teniendo uno de los mayores grados de desigualdad en el hemisferio--, reducir de manera drástica los niveles de pobreza y marginalidad, evitar la expulsión "destructiva" de campesinos hacia el sector urbano, mejorar la capacitación y el bienestar de amplios estratos de la ciudadanía y, en fin, alterar la estructura productiva de manera creativa y funcional para el desarrollo económico y la equidad social --con la incorporación de tecnología, la innovación, la capacitación y la modernización para el mejoramiento de la competitividad sistémica y el empleo productivo --. Ello es aún más preocupante en la medida en que la economía nacional ha enfrentado repetidas bonanzas externas de índole legal, ilegal y paralegal desde mediados de los setenta.

El patrón de desarrollo y la estructura productiva que han prevalecido tradicionalmente en Colombia resultan todavía más contraproducentes a la luz de las exigencias y desafíos del proceso de globalización capitalista imperante en la actualidad --bajo la apertura a la competencia externa y la liberalización de los mercados--, con el agravante que de no ser transformada "creativamente" la dinámica productiva, el país correrá el gran riesgo de sufrir un progresivo "marginamiento empobrecedor" del nuevo ordenamiento económico internacional.

En este punto es de mencionar que en una sociedad como la colombiana, en la medida en que bajo un ordenamiento político en resquebrajamiento va avanzando una culturización ilegal mafiosa, evidentemente la cultura productiva sufre severas y profundas transformaciones. Ello al punto en que no puede decirse que en Colombia se ha desarrollado una "verdadera" cultura empresarial capitalista ni una "verdadera" cultura capitalista en el sentido que valores claves del régimen capitalista de acumulación no son estrictamente observados en la sociedad. En primer lugar, por la creciente permeabilidad y rentabilidad de la ilegalidad, que ha propiciado una cultura rentística y no una verdadera cultura de la ganancia capitalista a través del ahorro, la inversión, el esfuerzo, la creatividad innovadora y el trabajo.

Sin pretender idealizar la cultura capitalista, sino reconociendo que además de ser el régimen imperante en el mundo hoy día, es en el que por lo menos se ha adscrito nominalmente esta sociedad, debe resaltarse que la cultura productiva en el país no corresponde a una verdadera cultura capitalista sino, en cierta medida, a una rentística en la que se propende la búsqueda de ganancias y la satisfacción de objetivos egoístas excluyentes a través del usufructo de privilegios individuales adquiridos por medio del aprovechamiento de su capacidad de actuación respecto al mercado, al no existir condiciones equiparables a la competencia perfecta, y/o del poder de influencia e incluso de coacción que disponen ciertos grupos determinantes dentro del ordenamiento político y económico para la aplicación de políticas públicas y colectivas, en beneficio exclusivo de sus propios intereses privados egoístas aún a costa del interés público.

El criterio rentístico se desarrolló en Colombia desde los inicios de la misma época de la República, mediante diversas prácticas sociales impuestas de facto alrededor de, por ejemplo: la posesión de la tierra, el dominio territorial y el poder político, el usufructo por parte de grupos individuales de riquezas naturales no renovables sin una debida retribución a la sociedad por el aprovechamiento de un recurso de carácter estrictamente público; la utilización de prácticas gamonalistas y clientelistas en el ejercicio del quehacer partidista como medio para la obtención de poder político y económico y el ejercicio de influencia ante el Estado en favor de intereses grupales poderosos.

El avance hacia una culturización rentística en la sociedad agudiza a su vez una desinstitucionalización del Estado en la medida en que se aplica una lógica rentística en favor de grupos de poder en la aplicación de políticas públicas --ya sean grupos empresariales industriales, agrarios, financieros o comerciales, o grupos sindicales privados o estatales, o fracciones políticas, por ejemplo-- lo que le impide ejercer su verdadera función de "ente racionalizador del bien común de una sociedad".

Esta cultura rentística tiene su máxima expresión en los casos de la industria y, en buena medida, la agricultura en especial la comercial, debido a una excesiva prolongación y falta de renovación de la estrategia de sustitución de importaciones --circunscrita casi exclusivamente a la primera etapa del modelo de protección a la competencia internacional, en favor especialmente de los sectores domésticos productores de bienes de consumo y no de otros como los bienes de capital--. Ello resultó favoreciendo a los sectores tradicionales mono u oligopolizados y con mayor poder de influencia política y económica por su posición privilegiada en la estructura productiva en el país.

Así mismo, con sus particularidades, en lo rural la cultura rentística se desarrolló gracias al predominio de poderes territoriales sustentados en la elevada concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio, con una influencia determinante en la configuración de partidos tradicionales y a través de ellos en la conducción de asuntos del Estado y la aplicación de políticas públicas como, por ejemplo, la impositiva que no solamente no penaliza con mayor tributación el uso de la tierra para fines fundamentalmente rentísticos y especulativos, sino que tampoco busca premiar relativamente la producción eficiente en el campo.

Además, en lo rural, Colombia no ha superado problemas endémicos --políticos, económicos y sociales--, sino que incluso ha sufrido serios retrocesos que han deteriorado aún más las condiciones de vida en el campo. No sólo se ha producido una mayor concentración de la tierra, con la presencia de intereses ilegales no capitalistas, que buscan en el poder territorial y geoestratégico una forma de legitimación y de poder político, sino que tampoco se ha avanzado en una mejor explotación de la tierra con mejoras técnicas productivas y con adecuados patrones de especialización. Por el contrario, aparte de que amplias zonas del país están dedicadas a la ganadería extensiva cuando podrían ser utilizadas en la siembra de cultivos comerciales, en otras regiones no se está produciendo de manera consecuente con la aptitud de la tierra y en otras hay cultivos ilícitos que han propiciado la transgresión de reservas forestales, extendiéndose indebidamente la denominada frontera agrícola del país.

Esto ha llevado a que en el campo se haya arraigado una cultura de la renta cuya lógica no es la producción comercial capitalista mediante el aprovechamiento de las condiciones de la tierra, el mejoramiento de la productividad y la competitividad tanto interna como externa, sino fundamentalmente el aprovechamiento de un poder territorial para facilitar una cierta "legitimidad" y la realización de excedentes legales, paralegales e ilegales, y para asegurar el logro de sus propios intereses rentísticos.

Así, entonces, en lo económico se produce básicamente una tendencia estructural a la desactivación productiva capitalista propiamente dicha y a la "exclusión social" --ante el proceso de desagriculturización, desindustrialización y terciarización pasiva sufrido por la economía colombiana desde mediados de los setenta -- que surge de décadas atrás pero que eclosiona en la medida en que se impone el nuevo modelo de apertura, a la competencia externa de liberalización y desregulación de mercados y privatización --mediante la suplantación del Estado en la prestación de ciertos servicios y, especialmente, en su relegamiento de actividades productivas propiamente dichas--. Por consiguiente, se ha ido acendrando una cultura rentística en la racionalidad económica, congruente con un ordenamiento político no verdaderamente capitalista ni realmente democrático.

Casi que independientemente del modelo imperante --ahora el neoliberal-, Colombia tendrá que desarrollar una "nueva" cultura productiva con la abolición de culturas como la ilegal y la rentística, enmarcada dentro de un verdadero ordenamiento democrático e incluyente socialmente, bajo el contexto de globalización vigente en las esferas económica, política, social y cultural, si se desea transitar hacia la construcción de una sociedad capitalista.

En este sentido la problemática social de Colombia configura un proceso de destrucción de sociedad, un progresivo derrumbe de un tipo de contrato social que alguna vez se consideró había sido logrado por entendimiento entre grupos de la sociedad, en particular las clases privilegiadas.

El desafío societal que afronta Colombia es fundamentalmente el de la construcción de sociedad y no meramente el de negociación de conflictos parciales. No con ello se quiere afirmar que no hay que avanzar en la resolución de conflictos aislados, sino que hay que proceder en el contexto de un proceso integral de construcción social consistente en la búsqueda de un ordenamiento verdaderamente democrático en lo político, económico y social, en consulta y guardando relación con el proceso de globalización del sistema capitalista imperante.

En este ordenamiento las relaciones de los ciudadanos han de regirse por el imperio de la ley, la legitimidad y la autoridad del Estado --como verdadero ente representativo del interés colectivo--, la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y el derecho y la soberanía individual bajo las normas y procedimientos reguladores de las responsabilidades y derechos de los ciudadanos.

En este sentido, la paz no debe ser entendida como la negociación de conflictos entre algunos grupos no suficientemente representativos, ya que ella sólo puede surgir del logro de acuerdos y entendimientos conciliatorios por convicción entre grupos y sectores representativos de la sociedad en conjunto, y no exclusivamente de grupos poderosos privilegiados que no pueden abrogarse el derecho de definir por sí solos y a la luz de sus intereses, unas nuevas normas y regulaciones, rectoras de las relaciones societales.

La paz debe ser entendida como el fin inmediato y a la vez último de un ordenamiento político que resulta del acuerdo y entendimiento entre los diferentes grupos y sectores de la sociedad, en el que las diferencias de intereses y posiciones sean resueltas a través de la convicción y no de la imposición de unos frente a otros a través de la violencia, el poder coactivo o incluso la fuerza.

El proceso societal de definición de un nuevo ordenamiento político debe abordar todas y cada una de las instancias de la dinámica de destrucción social de Colombia, en las esferas económica, política, social y cultural.

B. La problemática colombiana en el contexto de la globalización.

La problemática societal de Colombia no puede ser analizada bajo ópticas como las empleadas hace treinta o cuarenta años, en razón del avance del proceso de globalización del sistema capitalista, para no citar sino uno de los principales determinantes sistémicos de las relaciones internacionales de hoy en día.

La globalización entendida como la etapa actual del capitalismo, que va más allá de la mera instancia comercial y de liberalización de mercados a nivel internacional, establece un nuevo relacionamiento entre países en las esferas económica, política, social y cultural. En la actualidad el modelo imperante de globalización es el neoliberal consistente en la apertura a la competencia internacional, la liberalización y desregulación de mercados en la esfera económica y en una creciente multilaterización de la agenda política en campos como: el derecho internacional humanitario y derechos humanos, el combate contra el crimen internacional organizado y el narcotráfico, la defensa de los regímenes democráticos formales, la lucha contra la corrupción y la reforma del Estado, el ataque al terrorismo internacional y la preservación del medioambiente. Precisamente, esta agenda política ha venido avanzándose en el hemisferio americano bajo el Plan de Acción de las Américas suscrito en Miami por los 34 jefes de gobierno en diciembre de 1994.

En este contexto, la problemática de destrucción de sociedad en Colombia adquiere unas características "disfuncionales" que incluso pueden agudizar las mismas condiciones de destrucción social o aún impedir la creación de condiciones propicias para un eventual proceso de transición hacia la construcción de sociedad. Siendo la agenda de las Américas guiada bajo la égida y el papel catalizador del país hegemón --Estados Unidos--, resulta evidente que el proceso de destrucción social de Colombia no pueda ser concebido al margen de la globalización hemisférica.

Ello no quiere decir que la globalización sea el único ni el más importante condicionamiento del proceso de construcción social en el país. Es más, la globalización capitalista neoliberal es susceptible de sufrir serias transformaciones, ante la eventual exacerbación de contradicciones, conflictos y desigualdades entre distintos sectores de las sociedades en países desarrollados y en países del Tercer Mundo por la creciente exclusión de grupos de sus poblaciones que podrían llevar a erosionar el apoyo político y social al modelo globalizador vigente. Ante estas circunstancias no debe descartarse la necesidad de avanzar en la propuesta de modelos alternativos dentro del capitalismo, sobre la cual reflexiona hoy la socialdemocracia en países europeos, o incluso de otros como el caso de un modelo humanista de globalización, que aún no se ha estado en capacidad de concebir.

En el capitalismo de hoy las relaciones políticas se vuelven al menos tan determinantes como las económicas, una vez superado un avanzado estadio de internacionalización de las economías y bajo el modelo de globalización neoliberal con la vigencia de la apertura y reforma estructural en la mayoría de las economías del mundo. Una de las razones consiste en que para progresar en la institucionalización del modelo neoliberal globalizado se requiere de la aplicación de normas, regulaciones y principios en la esfera propiamente política y no sólo en la propia instancia de operación de los mercados y de los agentes económicos. Ello porque el mercado es una institución social creada, modificada y perfeccionada por la acción racional y mediante la adopción de normas que moldean y regulan el comportamiento entre agentes económicos en el mercado.

El mercado es una relación de intercambio entre agentes. Bajo la concepción neoliberal y de la libre competencia se supone que es una institución social donde los diferentes agentes intervienen, en teoría, en condiciones de igualdad en el intercambio, y con las mismas capacidad y oportunidad para satisfacer sus necesidades, a través de su interacción en el mismo mercado. En ese sentido se requiere de unas disciplinas, de unas normas y de unas instituciones que faciliten la interacción y el acceso a la información para poder realizar el intercambio entre actores de la sociedad en condiciones de competencia.

Al aceptarse al mercado como una institución social, bajo la óptica de la competencia ideal se requiere de un entorno no sólo económico sino también normativo, institucional y político, propicio para la igualdad de oportunidades de los agentes económicos participantes.

La instauración del mercado y del régimen de competencia tiene como contrapartida la necesidad de desarrollar un régimen político que responda a los mismos postulados básicos --como principios teóricos abstratos-- del régimen de competencia.

El primero es el de la "igualdad" de los agentes en el proceso de decisión política para la definición de las prioridades sociales mediante el derecho al voto, lo que en términos de mercado implicaría el derecho de los agentes a participar e interactuar a través de la relación oferta-demanda.

El segundo es el de la soberanía en las decisiones. Se supone teóricamente que en el mercado, el agente económico es soberano en sus decisiones. Similarmente, en el régimen democrático uno de los postulados centrales es que cada ciudadano, con el acervo de información y de oportunidades que dispone, es soberano en sus decisiones; y otro es que no deben haber fuerzas externas que lo lleven a definir o condicionar sus decisiones en la esfera de lo político.

El régimen político que debería acompañar al modelo teórico neoliberal no es el que impera en la realidad en la etapa actual del proceso de globalización. El régimen vigente en muchos casos no es el más propicio al régimen neoliberal de competencia.

Ahora bien, cuando hay creciente interacción entre sociedades, en este caso entre países, y se busca instaurar un modelo neoliberal de mercado a nivel internacional, se hace evidente la necesidad de ir adecuando no sólo el régimen democrático jurisdiccional a nivel de cada sociedad, sino de ir avanzando en la internacionalización de un sistema económico, político y jurídico.

A medida que se avanza en el proceso de internacionalización y multilateralización del régimen de competencia, en este caso el neoliberal, se requiere ir reformando internacionalmente la jurisprudencia normativa e institucional en lo político y en lo económico para facilitar y propiciar la eficiencia y la efectividad de un "mercado cada vez más global".

La profundidad de la globalización política está íntimamente relacionada con el avance de la globalización económica. En la actualidad la globalización política adquiere especial preponderancia ante el progreso del modelo económico neoliberal, la internacionalización productiva, la descentralización del proceso de trabajo y de acumulación de capital a nivel mundial con la revolución tecnológica-informática, y la incorporación de las economías socialistas al régimen de mercado. A esta altura del proceso de globalización no gratuitamente se han ido multilateralizando un conjunto de principios y normas para la conducción de relaciones bajo la égida de los países dominantes, hegemónicos del sistema y en el contexto de un modelo neoliberal en lo económico y de uno neoconservador en lo político .

En la etapa actual de la globalización sobresale un país como hegemónico --Estados Unidos-- en el que rige un régimen de competencia consolidado (aunque no de competencia "pura y libre") con un modelo democrático formal avanzado y con un sistema normativo, regulatorio y jurisprudencial desarrollado a la luz de las condiciones específicas del modelo neoliberal. Cuando ya interactúa el sistema social, económico y político del país hegemón con los de otros países del sistema, en aras de tomar el mayor provecho posible de la globalización bajo las condiciones de competencia imperante, el hegemón ejercerá evidentemente una influencia creciente, y determinante en algunos casos, sobre el tipo de régimen, principios, valores, normas y jurisprudencia a ser implantado por el sistema en su conjunto.

En este sentido, un elemento central a tener en cuenta es la conveniencia (o no) para países no hegemónicos del sistema, de adoptar el mismo (idéntico) régimen jurisprudencial, normativo y regulatorio en lo político y económico vigente en el país hegemónico, para avanzar en la implantación de un modelo como el neoliberal ---que corresponde a intereses y condiciones básicas del país hegemón--. O si, por el contrario, dada la diversidad de las condiciones de competencia del mercado y de condiciones en la esfera política, se deban implantar, al menos de manera temporal, regulaciones, normas y regímenes relativamente diferenciados que puedan propiciar mejores condiciones para transitar hacia un régimen regulatorio de las relaciones entre países, en términos más creativos e igualitarios en lo político, económico y social.

Este tema crucial debe ser dilucidado cuidadosamente en el caso de Colombia en su transición hacia la construcción de sociedad. Es el hecho de que si bien el país hace parte de un régimen internacional imperante, deberán aprovecharse márgenes de maniobra para adecuar el modelo político y económico de referencia a uno relativamente diferencial más propicio y favorecedor de los cambios y transiciones societales requeridos para la construcción de un nuevo país que esté en mejores condiciones de afrontar los retos de la globalización y de evitar en lo posible su "marginamiento destructivo" del nuevo orden mundial.

La aplicación internacional de principios rectores podrá influir en la construcción social de Colombia, en razón de que las principales frentes de destrucción social del país guardan una estrecha relación con la agenda política en proceso de multilaterización, en especial en el hemisferio americano. De ahí la importancia de analizar cuidadosamente una estrategia de internacionalización del proceso de construcción social en Colombia.

Sólo para mencionar un ejemplo es claro que por diferentes razones circunstanciales más que estratégicas, el grupo guerrillero más fuerte del país y el gobierno de turno han creído que la internacionalización del proceso de diálogo sobre el conflicto armado --como etapa preliminar a un eventual proceso de negociación-- podría ser propicia para la búsqueda de una posible resolución de la confrontación, de forma simultánea con un avance en la sustitución de cultivos ilícitos y en la erradicación del narcotráfico en el país.

Para ello han considerado que mediante el financiamiento para la sustitución de cultivos ilícitos y con la inversión de recursos en las zonas afectadas, como base fundamental de la estrategia, se podría avanzar en la erradicación de la coca y el debilitamiento del narcotráfico, en el entendido de que se cuente "con la buena voluntad y disposición" del grupo armado para ejercer su poder político y coactivo sobre la población cultivadora. Para implantar dicha estrategia se buscaría el apoyo de la comunidad internacional, a través del Programa de Fiscalización para las Drogas de Naciones Unidas y contando al menos con la no oposición del gobierno de Estados Unidos como protagonista determinante en la conducción del tema del narcotráfico en el hemisferio.

Para este grupo guerrillero esta estrategia puede ser beneficiosa en la medida en que preservando su presencia en una zona de cultivos bajo su influencia y contando con recursos --en la práctica especialmente de origen interno-- para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores, lo mismo que en la infraestructura de la zona, iría no sólo legitimando su predominio territorial sino además reinvindicando para su propio provecho político y estratégico los frutos del posible mejoramiento de las regiones, con cargo a recursos de la sociedad colombiana como de algunos recursos crediticios externos y algunos pocos aportes internacionales.

A su vez, para el gobierno de turno podría tener réditos de corto plazo en la medida en que se avanzaría hacia una negociación con el grupo insurgente más fuerte y que se contaría con el aval de la comunidad internacional, al menos en el corto plazo.

Ahora bien, en la medida en que el negocio del narcotráfico mantenga una de las más elevadas rentabilidades a nivel internacional y dado que las zonas potenciales de cultivo de coca están circunscritas, en medida determinante, a países andinos, Colombia continuará siendo un país con claras ventajas geográficas y estratégicas para cultivos ilícitos como los de coca y amapola.

No obstante, siendo el control al tráfico de drogas ilegales prácticamente la mayor preocupación de la opinión pública de los Estados Unidos y uno de los objetivos principales del gobierno de ese país, ante la primacía del problema del consumo interno de drogas en su agenda política doméstica, su apoyo a esta estrategia sólo sería convalidado en tanto que Colombia lograra avanzar en la erradicación efectiva del narcotráfico. Dado que el narcotráfico atraviesa el núcleo central del conflicto armado, mediante su financiación a diferentes grupos en conflicto, y ante el poder económico y territorial que ha ido acumulando en el país, la sustitución de cultivos en sólo aquellas zonas de influencia de uno de los grupos guerrilleros puede motivar el desplazamiento de los cultivos de coca y amapola hacia otras regiones del país, tanto de aquellas con precaria presencia del Estado como las de territorios bajo el predominio de otros grupos armados o incluso de sectores aliados al narcotráfico.

De esta forma, aún si se sustituyeran cultivos ilícitos en las zonas de influencia del grupo guerrillero en referencia, Colombia podría continuar siendo importante exportador de drogas a Estados Unidos, lo que llevaría al gobierno estadounidense a enfrentar un serio conflicto político ante su electorado para seguir aceptando dicha estrategia. Como respuesta, el gobierno de Estados Unidos no sólo tendría que imponer restricciones a Colombia, mediante mecanismos como la descertificación y otros de índole unilateral, a nivel político y económico, sino que además reforzaría otras políticas de combate al narcotráfico como una mayor cooperación militar para el control aéreo y marítimo del territorio colombiano, y/o una más agresiva política de fumigación de cultivos sobre zonas ya no sólo selváticas del país, con los graves problemas ecológicos y sociales que ello implica.

Bajo este eventual escenario y en la medida en que no se avance con la aplicación internacional de un "verdadero" esquema de corresponsabilidad entre países consumidores y productores --bajo principios como los de reciprocidad y equidad--, preservándose el esquema hegemónico vigente, en el mediano y largo plazo tal tipo de estrategia de internacionalización para afrontar el conflicto armado podría traer severas consecuencias en las relaciones del país con el hegemón del hemisferio y además agudizar conflictos y contradicciones internas para el avance en la construcción social en Colombia.

El ejemplo anterior muestra cómo la globalización política y el Plan de Acción Hemisférico condicionan de facto los procesos de transformación económicos y políticos en los países integrantes del sistema, y en diversas instancias de acción determinante, según el caso. De ahí la necesidad de desarrollar estrategias cuidadosas para que en debida consulta con los restringidos márgenes de autonomía relativa disponibles para un país como Colombia, puedan aprovecharse algunas oportunidades brindadas en su momento por la internacionalización y también reducirse en lo posible sus condicionamientos negativos, para al fin de cuentas gestionar estratégicamente una internacionalización creativa y no destructiva y perversa.

C. Transición hacia la construcción de sociedad en Colombia.

Los problemas estructurales de la sociedad colombiana constituyen, en últimas, razón esencial de las condiciones objetivas y subjetivas de la situación de destrucción social que vive el país. Entre los principales desafíos estructurales sobresalen, entre otros, la restitución de la primacía de lo público y de la legitimidad del Estado con el monopolio a su cargo en la aplicación de la justicia y el derecho, su función de racionalizador del interés colectivo y su papel inalienable en la defensa del "bien común"; la plena vigencia del imperio de la ley y la preservación de los derechos humanos; la implantación de un desarrollo económico, social y medioambiental sustentable; el compromiso societal de buscar satisfacer necesidades básicas (educación, salud, justicia) e incorporar a la vida moderna a amplios estratos de la población, y, en fin, la construcción de una sociedad moderna y democrática en las esferas política, económica y social.

El desafío central para la sociedad colombiana es cómo abordar privada, colectiva y públicamente su transformación. La participación es uno de los temas centrales del proceso. En la Constitución de 1991 se instituyeron propósitos y se crearon mecanismos, normas, procedimientos para ir avanzando hacia una mayor participación social en las diversas esferas de la acción pública y privada en el país.

Sin embargo, a pesar de haberse cumplido aparentemente los procedimientos democráticos formales, mediante la elección de una Asamblea Constituyente --eso sí, con una de las mayores abstenciones electorales de la historia colombiana--, y de haberse instituido propósitos nacionales, que en la mayoría de los casos parecieran ser ampliamente compartidos por la sociedad, no ha logrado en gran medida ser aprehendida y llevada a la práctica por los ciudadanos.

El problema esencial consiste en que el proceso constitucional de 1991 no configuró un verdadero "contrato social", entendido como un acuerdo societal sobre un ordenamiento político, económico y social fruto de la convicción y del compromiso entre grupos y sectores representativos de la sociedad, y no de la imposición de los intereses de unos grupos dominantes (legales, ilegales o paralegales) sobre el resto de la sociedad --supeditándose lo público a los intereses privilegiados privados--, ni tampoco de un esfuerzo intelectual de los "elegidos" sin ser avalado por un verdadero comprometimiento social de los electores.

De no progresarse en un verdadero proceso de conscientización colectiva sobre el avance de la destrucción social en el país y de no alcanzarse un compromiso colectivo-público para la construcción de un "nuevo" país, la mera realización de otro proceso constitucional similar al anterior no aportaría sustancialmente al cambio social, sino que por el contrario podría configurarse en una frustración nacional más. Colombia caería en el gravísimo error de volver a creer que el problema es crear otra constitución sin surtir el proceso societal básico para un estricto comprometimiento alrededor de un nuevo "contrato social".

Un proyecto nacional no surge solamente de la bondad intrínseca de la razón porque si así fuera ninguna sociedad enfrentaría serios problemas ya que siempre existirán "privilegiados razonadores" que podrían concebir el "proyecto ideal" para la sociedad.

El "contrato social" surge de un proceso de conscientización convicción, compromiso privado-colectivo-público para la transformación de la sociedad. La transición a la construcción de sociedad no resulta de la negociación entre unos pocos privilegiados alrededor de temas particulares, sino que se trata de una conscientización y compromisos colectivos de la problemática social y de su transformación de manera integral y comprensiva.

Este pareciera ser, al menos en principio, un planteamiento idealista, pero dada la profundidad de la destrucción social del país, la construcción de una nueva sociedad habría de requerir una "verdadera" utopía. Utopía entendida como la creación de la ideología de cambio social para superar el des-ordenamiento actual mediante la construcción de un nuevo ordenamiento democrático incluyente en lo político, económico, social y cultural.

El proceso de utopía puede ser ilustrado en lo productivo mediante el tránsito de una cultura rentística predominante hacia una verdadera cultura empresarial capitalista, en el contexto de la globalización del sistema capitalista mundial, en la que se privilegia la ganancia como fruto del trabajo, la inversión, la innovación y la competitividad.

De forma simultánea, avanzando en la imposición de una nueva cultura de coordinación entre lo privado, lo colectivo y lo público para el mejoramiento de la competitividad de los sistemas productivos dado que en la etapa actual del capitalismo globalizado la competencia no es exclusivamente entre firmas aisladas independientes de su entorno económico, sino fundamentalmente entre sistemas productivos en los que actúan y se desarrollan las firmas para afrontar la competencia a nivel cada vez más internacionalizada.

Para profundizar en la competitividad sistémica resulta indispensable el mejoramiento del entorno metaeconómico (cultura capitalista en lugar de rentística), macroeconómico, mesoeconómico (estabilidad y transparencia de normas y regulaciones del mercado, prevalencia de los derechos de propiedad, reducción los costos de transacción, capacitación de recursos humanos, adecuación de la infraestructura vial y telecomunicaciones) y microeconómico a nivel de la firma. Dicho mejoramiento requiere de una acción coordinada entre las instancias privada (individual-micro), colectiva (a nivel de las firmas relacionadas en un proceso productivo, desde actividades primarias hasta industriales finales y de servicios, como es el caso de las cadenas productivas, de los sindicatos y asociaciones laborales y de los gremios sectoriales) y pública (institucionalidad responsable de la formulación y aplicación de políticas públicas)

Esta coordinación implica tanto el intercambio de información básica en beneficio de firmas, gremios y asociaciones laborales relacionados en su conjunto (por ejemplo, en la cadena productiva), como también la distribución de responsabilidades privadas- colectivas-públicas para la financiación, gestión, coadministración de las acciones requeridas para la profundización de la competitividad sistémica.

Bajo el modelo de sustitución de importaciones del pasado la política pública era concebida de "arriba a abajo" y respondía en buena medida a intereses de grupos privilegiados, sin la imposición a estos de responsabilidades adicionales como contrapartida. Así, a empresas privilegiadas no se les comprometía a avanzar en el mejoramiento de su competitividad y productividad o al aumento de sus exportaciones, por ejemplo, como contrapartida al usufructo de protección a la competencia externa, de créditos recibidos en condiciones preferenciales, o de otras políticas públicas en su beneficio.

A diferencia, en la etapa actual de la competencia abierta, la política pública debe surgir de un proceso de coordinación más de tipo "horizontal que vertical", con la asunción efectiva de responsabilidades precisas de los agentes comprometidos bajo un estricto escrutinio público-colectivo-privado sobre el cumplimiento de obligaciones adquiridas.

Para avanzar en esta transición se requiere que el empresariado en su conjunto o al menos el empresariado representativo con claro poder decisorio adquiera conscientización suficiente sobre el interés sistémico de adoptar este nuevo paradigma de comportamiento –y, en su medida, las agremiaciones sectoriales y las asociaciones laborales--, ya que de insistirse en la lógica tradicional vigente se atentaría seriamente contra sus propios intereses sistémicos, perdurables de mediano y largo plazo.

Una vez adquirida la conscientización se debería avanzar en el comprometimiento con otros actores de la sociedad para la implantación del nuevo modelo o esquema de coordinación privada-colectiva- pública en lo propiamente productivo.

El caso de lo productivo es el más específico, aprehensible y directo que muestra la necesidad de que actores centrales para el proceso de transición y cambio social, como son el empresariado y las asociaciones laborales, adquieran la conscientización y compromiso de adoptar un nuevo modelo productivo en pleno proceso de apertura económica y globalización. Esta sería una de las bases prácticas para avanzar de forma simultánea en un proceso de cambio en lo político con otros sectores de la sociedad.

Pero la tarea fundamental y la más difícil para la construcción de sociedad en Colombia es precisamente lograr la participación de los ciudadanos de una sociedad fragmentada en la que priman los intereses privados sobre los públicos-colectivos.

A esta altura de su proceso de desinstitucionalización, el Estado colombiano adolece del suficiente poder de convocatoria ante sus ciudadanos para erigirse como el conductor único de esta tarea. En consecuencia, una prioridad de la sociedad es restablecer para el Estado el cumplimiento de su papel de ente social racionalizador del interés colectivo. No debe olvidarse que se ha considerado que el Estado es "un conjunto de medios jurídico-coactivos ordenados en un sistema instrumental", cuyo propósito es la preservación del "bien común".

En la convocatoria para la búsqueda de este propósito se encuentra uno de los principales medios para la institucionalización del Estado ante sus ciudadanos.

Los partidos políticos en general juegan aquí un papel crucial como impulsores naturales del proceso de institucionalización del Estado. Pero ellos a su vez deben realizar al menos tres tareas fundamentales en su propio seno, tendientes a rescatar su carácter democrático. La primera es romper con su papel de cabilderos ante el Estado de los intereses particulares o de grupos con influencia fundamentada en cualquier tipo de poder, anteponiéndolos sobre intereses colectivos de sus miembros o los expresados en sus programas.

La segunda es la de recuperar su papel de formadores de opinión pública, volviendo al estudio e interpretación concienzuda de la problemática del país. Y la tercera, asociada con la anterior, es la de buscar formas más elevadas de participación de sus miembros en la conducción de la sociedad, formalizando el reconocimiento de la "quiebra" del modelo de partido de masas ligados a la búsqueda de poder en democracias representativas, explorando expresiones de democracia directa o estrechamente ligada con la cotidianidad de los miembros, en caminos que propendan por redimir la fragmentación actual de la sociedad colombiana y le permitan el control y la fiscalización sobre los asuntos públicos-colectivos.

Aparte de unos partidos políticos debidamente legitimados y funcionales a la luz de las exigencias de un ordenamiento democrático en el mundo actual y de los desafíos que plantea la construcción de sociedad en un país como Colombia, se requiere profundizar en la participación del ciudadano en el control y la fiscalización del manejo de asuntos de interés público-colectivo, a través de diversas formas de organización desde asociaciones comunales hasta entidades no gubernamentales a nivel local, nacional e incluso internacional, entre otras.

A manera de parangón con el esquema de coordinación público-colectivo-privado en la esfera productiva, en la esfera política tiene que avanzarse en un esquema participativo de identificación, conciliación y control fiscalizador entre: el ciudadano como ente individual básico del ordenamiento político; los agentes colectivos instituidos para representar lo privado ante lo colectivo-público, como serían, por ejemplo, los partidos, las asociaciones ciudadanas y las ONGs, en el proceso de doble vía de identificación y conciliación entre intereses particulares e intereses colectivos-públicos; el Estado como el ente responsable de preservar el "bien común" en estrecha consulta y permanente interacción y escrutinio con los agentes colectivos representantes de intereses privados-colectivos identificados mediante un proceso democrático de participación ciudadana, siendo el Estado objeto de irrestricto control fiscalizador por parte de los agentes colectivos y la propia ciudadanía en la conducción de asuntos públicos-colectivos.

A su turno, en las condiciones actuales de la sociedad, de la relación entre lo público y lo privado, y de la estructura estatal no es posible avanzar en la construcción de un nuevo "contrato social". El país requiere de profundas transformaciones en su institucionalidad y en la estructura organizativa del Estado que garanticen un ambiente propicio para la implantación de reformas sociales integrales, conducentes a la verdadera paz y al desarrollo como sociedad moderna regida por una democracia incluyente en lo político, económico y social. Estas reformas integrales sólo pueden surgir de un consenso de la sociedad, con la activa participación de sus diversos estratos en el proceso de diseño, financiación, implantación, administración y supervisión del "contrato social".

A su turno, parte fundamental de la transición es la necesidad del cambio institucional, normativo y organizacional del ordenamiento político, económico y social vigente en el país. Se requiere un cambio de la racionalidad que sustituya la lógica rentística del funcionamiento del Estado con la introducción de una racionalidad de servicio público bajo criterios esenciales como los de eficacia, transparencia y estricto control fiscalizador por parte de la ciudadanía (accountability)

El Estado deberá recuperar su carácter esencial de ente representativo del interés colectivo, con legítimas funciones sociales en la búsqueda de la equidad, el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de sus asociados. Se deberá, entonces, propender por un Estado legítimo, sólido, eficaz y moderno para responder a las exigencias del modelo de globalización imperante y, más importante aún, para buscar la institución de un ordenamiento verdaderamente democrático e incluyente en lo económico, político y social.

Además es indispensable entender que la transición requiere transformar estructuras de funcionamiento estatal en los campos organizacional, procedimental e institucional. Uno de los problemas graves con la Constitución de 1991 es que no se fundamentó en un diagnóstico integral actualizado de la problemática social del país, ni brindó debida atención a la instrumentación e institucionalización del proceso de tránsito hacia el proyecto nacional pregonado.

Es claro que si no se procede a una reorganización del aparato del Estado mediante una profunda reingeniería y racionalización de entidades clave encargadas de la provisión de servicios públicos --salud, educación-- y de la aplicación de la justicia y la preservación del orden en estricto cumplimiento del derecho, no se podrá garantizar la creación de condiciones financieras, organizativas y burocráticas que permitan cumplir de manera eficaz con sus obligaciones públicas sociales.

Sobresale la inoperancia funcional de la organización actual de instituciones del Estado, ya que, por ejemplo, al menos un 60 por ciento de su presupuesto está dirigido a gastos de funcionamiento para el pago de nómina y cargas pensionales, dejando apenas menos de un tercio para gastos generales y gastos de inversión en infraestructura y modernización para la prestación de servicios. Con la organización actual se tiende cada vez más a reducir el presupuesto destinado a la modernización y tecnificación, impidiéndose así que se pueda mejorar la conducción de las funciones públicas. Esta dinámica es todavía más perversa en la medida en que se requiera avanzar en el saneamiento estructural de las finanzas públicas y en una racionalización del gasto público, como ocurre en la actualidad en el país.

Para que la función pública pueda relegitimarse y cumplir efectivamente las responsabilidades que le competan dentro de ese nuevo "contrato social", una condición necesaria, aunque no suficiente, consiste en adelantar una profunda "reingeniería" en la organización estatal, en la lógica operativa y en las finanzas públicas. En las condiciones actuales del país este proceso de reingeniería exigirá de la sociedad de verdaderas conciencia y voluntad colectivas para su concreción, y de un mayor compromiso y esfuerzo económico para asegurar su financiamiento. Esta reingeniería se debe referir al rediseño, redimensionamiento, recomposición y adecuación de la estructura, planta, funciones y procedimientos, y al financiamiento necesarios para velar por la eficacia y rentabilidad social de todos los entes responsables de la función pública. En estas circunstancias resulta inevitable proceder a una reingeniería institucional que permita adecuar las organizaciones en función de una mayor eficacia en la prestación de servicios y de su progresiva modernización y competencia. Todo ello bajo una estricta racionalidad de servicio público.

Entre los sectores que requieren ser sometidos a este proceso de reingeniería sobresalen los de justicia, educación, salud y defensa (ejército y policía) El caso del ejército resulta bien indicativo en la medida en que en los últimos años la sociedad ha canalizado crecientes recursos para su modernización dentro del propósito de afrontar en mejores condiciones y con la mayor efectividad posibles el conflicto armado, y de restituir la legitimidad del Estado en amplias zonas del país. En efecto, el exceso de gasto militar en Colombia con respecto al promedio de los países de Latinoamérica por el hecho de enfrentar una situación de guerra, se ha ido incrementando de un 1% del PIB en 1991 a un 1.6% en 1997, pero con la característica cuestionable (por no decir perversa) que, como lo ha sido tradicionalmente, más de un 70% del gasto se dedica al funcionamiento --una buena porción a pagos de pensiones y otra creciente a la nómina de un pie de fuerza en permanente aumento-- y apenas un 12% a la inversión.

En la medida en que se ha optado por una estrategia de aumento de planta en buena parte no profesionalizada, con un régimen prestacional y de escalafonamiento "excepcionales" y con una composición de la planta desfavorable en términos de la capacidad militar de combate --con una excesiva proporción entre unidades de apoyo y de combate: 7 a 1, en comparación con unos niveles internacionales de 4 o 5 a 1--, no sólo se ha creado una "inercia estructural" al aumento del gasto en funcionamiento a costa de las posibilidades de modernización mediante la inversión en inteligencia militar y equipo, por ejemplo, si no que tampoco se ha mejorado correlativamente la efectividad operativa de la fuerza militar.

Es de resaltar que en términos de las finanzas públicas --para no tratar los aspectos operativos y de efectividad militar propiamente dichos-- de no introducirse cambios en la estrategia observada y de continuarse con la tendencia seguida en el país en la última década, en el año 2004 Colombia le podría estar dedicando un 5.6% del PIB para el financiamiento del sector de la defensa --esto es, cerca de un 4% del PIB por encima del resto de la región--. Este nivel de exceso de gasto de defensa no se compadecería de manera alguna ni con la precaria situación de las finanzas públicas en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos, ni con claras prioridades de índole social y económica.

No sobra resaltar que ante la grave situación estructural de las finanzas públicas y dada la necesidad de avanzar en la corrección sistémica de la dinámica del déficit fiscal, en los próximos años será indispensable no solamente reforzar los ingresos del Estado especialmente a través de la lucha contra la corrupción, la evasión y elusión tributarias, y del desmonte de exenciones y deducciones, sino además de la racionalización y reducción del gasto público en consulta con estrictos criterios de carácter social y económico.

Resulta paradójico que precisamente los sectores sociales de la función pública mencionados atrás sean de aquellos a los que por normas constitucionales y por actos legislativos se les ha incrementado sustancialmente su financiación en los últimos años, con miras a garantizar su modernización, reforma y eficiencia, sin que ninguno de estos objetivos se haya alcanzado en la práctica.

Premisa básica de la reingeniería consistiría en garantizar que el "dividendo social" no se materializara favoreciendo a unos pocos estratos y a costa de ciertos agentes y grupos de la sociedad como pueden ser los empleados y trabajadores actualmente vinculados a entidades oficiales, sino que debiera distribuirse equitativamente permitiendo, por ejemplo, una retribución a los empleados que deban ser desincorporados mediante su calificación y preparación con miras a posibilitarles su vinculación a la economía en condiciones aceptables --aparte de las prestaciones que legalmente les correspondan--.

A la par con la aplicación de la reingeniería habrá de irse consolidando un amplio consenso sobre el alcance, contenido, instrumentación, aplicación, administración y permanente evaluación de reformas integrales indispensables para la construcción de una nueva sociedad.

La programación, financiamiento y ejecución de las reformas sociales, de la reingeniería y reestructuración de la función pública, y de la realización de las otras actividades propias del Estado deben ser articuladas y priorizadas estrictamente en lo que se debe concebir como un plan de desarrollo para la construcción de sociedad en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos, bajo la responsabilidad indelegable e inalienable del Estado como ente responsable del interés colectivo y en una permanente consulta con y entre agentes, movimientos y asociaciones ciudadanas y políticas dentro de la nueva institucionalidad para el relacionamiento público-privado.

Ante las severas exigencias financieras de un plan de esta naturaleza y la precaria situación de las finanzas públicas en el país, y en razón del carácter de la responsabilidad pública-privada en el desarrollo del nuevo "contrato social", no sólo corresponde sino que se hace inevitable el comprometimiento fiscalizador y el aporte financiero de todos los agentes, tanto públicos como privados, y de acuerdo con su capacidad económica y con su "dividendo de paz", para la implantación del plan de desarrollo para la construcción de sociedad.

Antes de concluir, es de reiterar que el proceso de transición que abarca desde lo procedimental y normativo a lo institucional y cultural, debe partir de principios fundacionales básicos. Estos principios deberán regir como referencia permanente el proceso de transición y de construcción de una nueva sociedad. Entre los principios inalienables para un ordenamiento democrático son de mencionar: el derecho a la vida bajo cualquier condición, el imperio de la ley, la preservación del orden legalmente instituido y la aplicación de la justicia bajo principios de igualdad. Estos principios sólo serán preservados en la medida en que se institucionalice un Estado representativo y se legitime el sentido de su autoridad, fruto resultante de la convicción de los ciudadanos y no sólo por el temor de la aplicación de la fuerza.

Esto supone necesariamente la implantación de un principio rector esencial: la legitimidad y la institucionalización del papel del Estado como responsable en la defensa del "bien común". Desafortunadamente, sólo podrá llegarse a la preminencia efectiva de estos principios en la medida en que se vaya avanzado en la consolidación de un ordenamiento político, democrático e incluyente. Entretanto, el reto para la sociedad es avanzar en la aceptación de estos principios como guías fundamentales para la conducción de las relaciones sociales bajo el compromiso de interponer esfuerzos y acciones encaminadas a detener el proceso de destrucción social y viabilizar la transición hacia la construcción de una nueva sociedad.

En este sentido, como en el caso de un verdadero ordenamiento democrático, la paz se ha de constituir en el fin procedimental inicial y simultáneamente erigirse como el fin último alcanzable por la sociedad.

Es por ello que la paz no es sólo la resolución de un conflicto como el armado en un proceso de destrucción social como el colombiano, sino esencialmente la construcción societal de un nuevo "contrato social" y la institucionalización de un nuevo ordenamiento democrático incluyente en lo político, económico, social y cultural.

Los gastos de la guerra

Diego Otero Prada



Cualquier guerra interna requiere recursos para llevarla a cabo y da lugar a costos para los sectores público y privado por los daños causados y los delitos cometidos por los agentes de la contienda.

Se presenta a continuación un estimativo de los gastos en que ha incurrido Colombia para enfrentar el conflicto interno en el período 2000-2008 y se comparan con indicadores internacionales para ver su importancia.

Gastos en defensa por el gobierno

Los gastos del gobierno para la defensa se refieren a los que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que podría llamarse gasto militar en sentido estricto.

Varios trabajos se han realizado para calcular el gasto militar del gobierno central. El de Yaneth Giha Tovar, Héctor Riveros y Andrés Soto Velasco (1999)[1] presenta el comportamiento del gasto de la fuerza pública de 1926 a 1998. Según los autores, de 1926 a 1949 el gasto en defensa como proporción del PIB estuvo en valores razonables, por debajo de 1.1%, excepto en los años 1933 y 1934 de guerra con el Perú, en que el gasto subió a 3% del PIB. A partir de 1950 la economía colombiana entra en una pendiente de gasto militar creciente, pasando a 2.0 % del PIB entre 1950 y 1989. En el decenio de los noventa se produce un salto a 2.8 % promedio de 1990 a 1998, y de 1996 en adelante se da un aumento continuo en el porcentaje hasta llegar a 4.7% en 2008.

Este incremento en el gasto militar como proporción del PIB se ve reflejado en la participación en el presupuesto de la Nación. De 1980 a 1992 el porcentaje cayó de 14.2% a 10.8%, pero de 1992 en adelante ha habido un crecimiento continuo hasta alcanzar 14.3% en el 2008.

Mientras tanto, el gasto social como proporción del PIB estuvo por debajo de 10% hasta 1992, pero, para 1994 había aumentado a 10.22%, hasta llegar a un máximo de 16.7% en 1996, disminuyendo por debajo de 15% a partir de 1997, para variar entre 14 y 15% en los siguientes años.[2]


Los gastos en defensa y seguridad

Surgen problemas de definición. ¿Qué son gastos para la defensa y seguridad? ¿Solamente los del Ministerio de Defensa y la Policía como es tradicional en épocas de tranquilidad y que son definidos así en los estudios comparativos internacionales? ¿Qué ocurre con los gastos del DAS, del Ministerio de Interior y Justicia, de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo? ¿No hay un componente de estos gastos que tienen como determinante la guerra? De ahí que en el análisis que sigue se consideran los gastos de estas agencias gubernamentales porque en las condiciones de Colombia juegan un papel en el conflicto que se libra.



Los gastos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comprenden lo correspondiente al sector central, definido como Ministerio de Defensa y Policía Nacional en la Ley de Presupuesto, y las siguientes Entidades Descentralizadas:



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Fondos Rotarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Hospital Militar

Defensa Civil Colombiana

Club Militar



No se incluyen las empresas industriales y comerciales del estado adscritas al Ministerio de Defensa que para los años 2004 y 2005 tenían presupuestos de $ 1083 y $2606 miles de millones.



El conflicto ha obligado a que se dediquen recursos muy importantes de los gobiernos central, departamental y municipal a la defensa y la seguridad, presionado las finanzas públicas, con la consecuencia de disminuir los recursos para otras actividades más productivas y de un verdadero contenido social.



Pero los gastos para defensa y seguridad no se agotan solamente en lo que hacen los gobiernos nacional, departamental y municipal porque hay actores externos que alimentan el conflicto interno. Así, hay que incluir los recursos que provienen de Estados Unidos, principalmente, y de otros gobiernos extranjeros, con lo cual las sumas dedicadas a la guerra por el gobierno crecen.[3]



Para los cálculos y el análisis del gasto en defensa y seguridad se utilizan las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de las apropiaciones definitivas del presupuesto de la Nación para el lapso 2000-2004, que comprende al Gobierno Central y los Establecimientos Públicos, y para 2005-2008 los proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República.



En definitiva, se hace uso del concepto de gastos en defensa y seguridad (en adelante se hablará de gasto en seguridad para simplificar) que engloba los gastos militares y de justicia, que se desagregan en los siguientes rubros:



* Mindefensa

· Policía Nacional

· Ministerios del Interior y de Justicia

· Rama Judicial

· Fiscalía

· Ministerio Público

· Defensoría del Pueblo

· DAS



El gasto en defensa y seguridad en el período 2000-2008



El total de los gastos en seguridad pasará de $8795 miles de millones en 2000 a $22,687 miles de millones en 2008, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 12.58% %, 6.69 puntos por año por encima de la inflación anual promedio del mismo período (Cuadro 1).



Los mayores crecimientos en el gasto en seguridad se produjeron en el 2001 con 19.6 % y en 2003 con 16.6 %, con cifras menores de 8.3 % 7.8% en 2003 y 2004. Luego de una reducción de 0,97% en 2005, los gastos se recuperaron en 2006 y 2007 con tasas de 13,7% y 12,9% respectivamente. Lo previsto para 2008 es un salto impresionante de 24.6%



La participación de los gastos en seguridad en el total del presupuesto de la Nación aumentó de 17.97 % en 2000 a 18.52% en 2003; disminuyó a 15.18% en 2005 y subió a 15.49% en 2007. Con lo aprobado en la Ley de Presupuesto de la Nación para 2008 la participación de gasto en seguridad llegará a 18.05%.



Por otra parte, la contribución de los gastos de inversión en seguridad en la inversión de la Nación aumentó de 7.11 % en el 2000 a 14.77 % en el 2003, con una caída a 7.84% en 2005 y recuperación en 2006 y 2007, previéndose que en 2008 casi la cuarta parte de la inversión (19,54%) estará relacionada con el conflicto.



Los gastos anteriores en seguridad son los que corresponden al presupuesto de la Nación. Falta considerar los egresos provenientes de los municipios, de los departamentos, del Plan Colombia y de diferentes convenios de cooperación firmados con otros países y organismos internacionales.




Cuadro 1
RELACIONES ENTRE EL GASTO EN SEGURIDAD CON EL PIB Y EL PRESUPUESTO NACIONAL 2000-2008

Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PIB 174.896 188.559 204.530 226.298 247.100 285.991 316.544 343.412 384.621
PRESUPUESTO DE LA NACION 48.955 62.745 66.758 71.744 81.707 93.475 105.923 117.594 125.715
GASTOS FUNCIONAMIENTO NACION 40.974 51.286 56.125 62.781 70.351 49.319 52.011 56.681 65.100
GASTOS DE INVERSION NACION 7.621 11.429 10.933 8.693 9.241 12.598 14.982 21.443 21.300
INDICE DE INFLACION 8,75 7,65 6,99 6,49 6 4.9 4.5 5.5

GASTOS TOTALES
GASTOS SEGURIDAD 8.795 10.522 11.394 13.285 14.325 14.186 16.123 18.210 22.687
GASTOS MILITAR 6.652 7.881 8.883 10.481 11.466 11.268 12.601 13.869 18.047
GASTOS JUSTICIA 2.143 2.641 2.511 2.804 2.859 2.918 3.522 4.341 4.640

GASTOS FUNCIONAMIENTO
GASTOS SEGURIDAD 8.253 9.426 10.800 12.001 13.253 13.236 14.805 16.215 18.534
GASTOS MILITAR 6.180 7.005 7.756 9.511 10.623 10.485 11.591 12.685 14.611
GASTOS JUSTICIA 2.073 2.421 2.324 2.490 2.630 2.751 3.214 3.530 3.923

GASTOS INVERSION
GASTOS DE SEGURIDAD 542 1.096 1.314 1.284 1.072 950 1.318 1.995 4.153
GASTOS MILITAR 472 876 1.127 970 843 783 1010 1184 3436
GASTOS JUSTICIA 70 220 187 314 229 167 308 811 717


RELACIONES
TOTAL SEGURIDAD/PIB 0,0503 0,0558 0,0557 0,0587 0,058 0,0496 0,0509 0,053 0,059
TOTAL MILITAR/PIB 0,038 0,0418 0,0434 0,0463 0,0461 0,0394 0,0398 0,0404 0,0469
TIOTAL JUSTICIA/PIB 0,0123 0,014 0,0123 0,0124 0,0119 0,0102 0,0111 0,0126 0,0121
FUNCIONAMIENTO/PIB 0,0472 0,05 0,0528 0,053 0,0536 0,0468 0,0482 0,0472 0,0482
INVERSION/PIB 0,0031 0,0058 0,0064 0,0057 0,0043 0,0033 0,0042 0,0058 0,0108
SEGURIDAD/PRESUPUESTO 0,1797 0,1677 0,1707 0,1852 0,1753 0,1518 0,1522 0,1549 0,1805
MILITAR/PRESUPUESTO 0,1359 0,1256 0,1331 0,1461 0,1403 0,1205 0,119 0,1179 0,1436
JUSTICIA/PRESUPUESTO 0,0438 0,0421 0,0376 0,0391 0,035 0,0312 0,0333 0,0369 0,0369
FUNC. SEGURIDAD/F. PRESUP. 0,1686 0,1838 0,1924 0,1912 0,1881 0,1416 0,1398 0,1379 0,1474
INV. SEGURIDAD/INV. PRESUP. 0,0711 0,0959 0,1202 0,1477 0,116 0,0754 0,088 0,093 0,195
FUNC. MILITAR/FUNC. PRESUP 0,1508 0,1366 0,1382 0,1515 0,151 0,2126 0,2229 0,2238 0,2244
FUNC. JUSTICIA/FUNC. PRESUP 0,0506 0,0472 0,0414 0,0397 0,0374 0,0558 0,0618 0,0623 0,0603


Fuentes: Cuentas Nacionales y Otero Diego, Las cifras del conflicto Colombiano, Bogotá, 2007.




El gasto militar



El gasto militar propiamente dicho aumentará de $ 6652 miles de millones en 2000 a $ 18,047 miles de millones en 2008, para una tasa anual promedio de crecimiento de 13.29 %, un aumento real anual de 7.4 puntos. Por años se observa lo siguiente: fuertes crecimientos en 2001 y 2003 de 18.5% y 18,0 %; caída de 1.7% en 2005; valores entre 9,4% y 12.7 % en 2002, 2004, 2006 y 2007 y un incremento inusitado previsto de 30.1% en 2008.



Con relación al total del gasto en guerra y seguridad, el militar participó en el 2000 con el 75.6 % y en el 2008 constituirá el 79.5 %, lo cual refleja un menor crecimiento de los egresos en los sectores de justicia, de 10.6 % anual, al pasar los gastos de $ 2073 miles de millones en 2000 a $4640 miles de millones en 2008.



El gasto de la Nación en seguridad y el PIB



En lo que va del periodo 2000 a 2007 el gasto en seguridad como proporción del PIB es alto. De un valor de 5.03 % en 2000 aumentó a un máximo de 5.87% en 2003, bajó a 4.96% en 2005 y volvió a subir a 5.06% en 2007, con un salto programado a 5.9% en 2008 (Cuadro 1).



Al separar los egresos en militar y de seguridad, se encuentra que el gasto agregado del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional como proporción del PIB pasó de 3.8 % en 2000 a 4.18% en 2001, 4.34 % en 2002, 4.63 % en 2003 y 4.61% en 2004. Después de una reducción a 3.94% en 2005 se recuperó a 4.04% en 2007 y se espera que llegará a 4.69% en 2008.



Este incremento en la relación del gasto militar se ha visto acompañado por una estabilidad de la relación del llamado gasto en justicia, que varió entre 1.02% y 1.4% del PIB en el lapso 2000-2007.



La diferencia entre el gasto militar y el de seguridad es borrosa en la situación de conflicto de Colombia. Buena parte de la actividad del DAS, del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y de la Rama Judicial tiene que ver con la lucha contra los movimientos irregulares, de ahí que no se puede hacer esa separación tan tajante entre los dos conceptos.



Por estas razones se puede afirmar que el gasto para la guerra en Colombia está en un punto intermedio entre el gasto militar y el de seguridad, lo cual significa que la relación ha estado por el orden de 4.4% a 5.3% % en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, muy alto de acuerdo a los estándares internacionales.



Los gastos en guerra y seguridad para los años 2002 y 2008.



En el Cuadro 2 se hace un ejercicio para estimar todos los gastos en guerra y seguridad del gobierno en sus diferentes niveles, incluyendo los del Plan Colombia para los años 2002 y 2008.



Al considerar todas estas erogaciones se llega a la conclusión de que en el año 2002 los gastos del Estado colombiano para seguridad eran de $12,882 miles de millones, equivalente a 6.30 % del PIB, colocando al país entre los diez países que más gastaban en guerra como proporción del PIB y en valores absolutos, con US$5.08 billones, entre los veinte y dos más altos del mundo.



De ese total, lo asignado al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fue de $8,887 miles millones, el 4.34% del PIB y lo correspondiente al Plan Colombia $1016 miles de millones, el 11.43% del gasto militar.



Con lo planeado para 2008 por $24,194 miles de millones, se llega a un gasto con respecto al PIB prácticamente igual al del 2002, de 6.29%, del cual el gasto militar por $18,047 miles de millones representa el 4.69% del PIB y los recursos del Plan Colombia por $1260 miles de millones representan el 6.98% del gasto militar, menos que en 2002.



Cuadro 2
Gastos en Defensa y Seguridad en los años 2002 y 2008 por parte del Estado Colombiano

Miles de millones de pesos

Proporción Proporción
del del
2002 PIB 2008 PIB
----- ----- ---- ------
Ministerio de Defensa 6.016 2,94 11696 3,04
Policía Nacional 2.867 1,4 6349 1,65
Ministerio del Interior y Justicia 1.604 0,78 2657 0,69
DAS 156 0,08 269 0,07
FISCALIA 703 0,34 1136 0,3
Defensoría del Pueblo 48 0,02 181 0,05
Procuraduría General de la Nación 173 0,08 271 0,07
Otros sectores públicos del nivel central 14 0,01 126 0,03
Departamentos 8 0 10 0
Municipios 24 0,01 29 0,01
Plan Colombia-EE.UU. 1.016 0,5 1260 0,33
Otros gobiernos extranjeros 253 0,12 210 0,05

Total 12.882 6,3 24194 6,29


Fuentes: Ibidem




El gasto militar de Colombia y el resto del mundo de 2001 a 2005



El gasto militar de Colombia es el más alto de los países del continente americano y uno de los mayores del mundo.



Según cálculos del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo-SIPRI, que hace seguimiento a los gastos militares, para el año 2001 Colombia ocupó el puesto 24 de los países con mayor participación en el gasto militar como proporción del PIB, de un total de 160 investigados, y para 2005 ya estaba localizado en el puesto 18.



En los países del continente Americano, en el 2001 la mayor participación fue la de Colombia con 3,8% mientras que la más cercana fue la de Estados Unidos con un 3.1 %, seguido por la de Chile con 2.9 %, Ecuador con 2.1 % y el resto de países con valores por debajo de 2.0 %. En 2005 el mayor porcentaje fue el de los Estados Unidos con 4.1%, seguido por Colombia y Chile con 3.8% cada uno uno y Ecuador con 2.6%.



Los países europeos en general tenían proporciones inferiores a 2.0 %, con la excepción de muy pocos como Rusia, Grecia y Macedonia, por encima de 3.0%, y Francia e Inglaterra, con participaciones de 2.5 %.



Las relaciones más altas en 2001 y 2005 se daban en Eritrea con 27.5% y 24.1%, Omán con 12.2% y 11.9%, Arabia Saudita con 11.3 % y 8.2%, Kuwait con 11.3% 4.8%, Jordania con 8.6 % y 5.3% e Israel con 7.7 % y 9.3%, país que se encuentra en guerra con los palestinos desde que se creó como Estado.



Las posiciones cambian en el tiempo. Así, Angola, Eritrea y Etiopía tuvieron participaciones cercanas a 20 % cuando se encontraban en guerras civiles y entre ellos antes del 2000, y Rusia, en la época de la Guerra Fría. Lo notable es que la participación alta de Colombia se ve acompañada por la de países árabes que no se caracterizan por la defensa de los valores democráticos y que están manejados por monarquías feudales. Lo más grave del asunto está en el hecho que para el año 2008, mientras muchos países ya han reducido el gasto militar, la cifra de Colombia subirá a más del 4.69% del PIB, desplazando a varios países en el ranking de derrochadores de recursos en el aparato militar y se estima que se clasificará entre los diez primeros lugares.



Tampoco se puede comparar a Colombia con lo ocurrido en conflictos entre países, como las luchas entre Eritrea y Etiopía, el conflicto congolés, que fue una guerra africana, las luchas en la antigua Yugoslavia, con la intervención de Europa y Estados Unidos, la masacre de Ruanda y la situación de los países árabes que llevan años combatiendo entre sí (Marruecos contra Algeria, Irak contra Irán y Kuwait, Libia con sus vecinos cercanos y lejanos, Yemen del Sur contra Yemen del Norte), Turquía con Grecia, Pakistán con India y árabes contra Israel (Siria, Líbano y Egipto).



A nivel mundial, los gastos militares como proporción de PIB estuvieron en su nivel máximo durante la guerra fría, llegando a su pico en 1988 según estudios de SIPRI, antes de terminar la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1991. De 1972 a 1985 el gasto militar explicó el 4.2 % del PIB del mundo, cifra que se redujo a 3.5 % de 1986 a 1994 y a 2.5 % en 2001 y 2007. En estos dos años la situación por regiones señala que las mayores erogaciones se localizaban en el Medio Oriente, Estados Unidos y Europa Central y Oriental, seguidos por África, Europa Occidental, Asia y Latinoamérica (Cuadro 3).




Cuadro 3

Gasto militar por regiones 2001

% del PIB
----------------
Medio Oriente 6,3
Estados Unidos 3
Europa Central y Oriental 2,7
África 2,1
Europa Occidental 1,9
Asia (con Oceanía) 1,6
Latinoamérica 1,3
Mundo 2,5


Fuente: SIPRI Yearbook 2003 Armaments, Desarment and International Security, Estocolmo 2004.



En valores absolutos, de 189 estados del mundo, Colombia ocupaba en el año 2002, según estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos, el puesto 35, con un gasto militar de US$ 3 billones, y el puesto 31 en 2005 con un gasto de US$ 3.9 billones. De estos países, Estados Unidos, con un gasto de US$ 348,500 millones en 2002, representaba 39,59 % del gasto militar del mundo, 116 veces el de Colombia. Por encima del país se encontraban 15 países de Europa, 13 de Asia, 2 de Norte América, 1 de África y 1 de Oceanía.



En 2002 y 2005 se mantuvieron en los 37 primeros lugares los mismos países, aunque con cambios menores en el orden, como Francia de cuarto a sexto lugar, Inglaterra de sexto a cuarto puesto, Irán de 23 a 28 y Bélgica de 28 a 34.

En dólares per cápita se producen variaciones en el orden: Arabia Saudita y Kuwait pasan a los primeros lugares, seguidos por Israel, Estados Unidos, Singapur, Noruega, Francia. Colombia ocupaba el puesto 34 en 2005.



Se resalta que al analizar el gasto militar por valores absolutos y per cápita, los primeros veinte lugares están dominados por los países desarrollados, mientras que al hacer la comparación en relación al PIB, los países árabes ocupan los primeros puestos.



Con la tendencia en el gasto militar de Colombia para 2008, con un presupuesto de US$ 8.6 billones, se estima que estará entre los primeros 25 países del mundo con el mayor gasto militar en valores absolutos, al 24 en per capita y al décimo en relación al PIB. Si se considera un gasto de 5.3%, al incluir parte de la erogaciones en seguridad, el país pasaría al octavo lugar.



Para justificar este gasto, algunos analistas afirman que la comparación debe hacerse con países que han pasado o están en situaciones similares a la de Colombia, como han sido los conflictos de Angola, Congo, Etiopía, Eritrea, Sri Lanka y otros. Esta argumentación supone una estrategia de profundización de la guerra. Si se acepta esta posición, habría que aumentar el gasto militar de Colombia a cifras superiores a 6 %, con lo que esto implica para la economía del país. Las consecuencias de una política de solución militar hay que verlas en los países que se mencionan: destrucción de infraestructura, muertes, pobreza generalizada, dictaduras, decenas de años perdidos y un futuro incierto para recuperarse.



Conclusiones



Colombia es campeón mundial en crímenes por cada 100000 habitantes; por el número de secuestros; por los asesinatos de periodistas, políticos de izquierda, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos; por la corrupción; por la desigualdad de ingresos y la concentración de la riqueza; por los altos niveles de pobreza; por la guerra interna más larga del mundo en los siglos XX y XXI y por el número de masacres y la violación a los derechos humanos. Pero, últimamente, es también campeón por el porcentaje alto de gastos en la máquina de la guerra. Se situaba en el año 2001 entre los 24 peores del mundo en este indicador, después de Israel y países árabes, y para 2008 estará entre los diez primeros.



En 2007 los egresos por guerra y seguridad y servicio de la deuda explicaron el 49.1 % del gasto de la nación, lo cual es a todas luces altísimo. En estos dos rubros está el problema fiscal, no en los gastos de personal diferentes al militar como viene argumentándose desde hace varios años. La solución no está en despedir más funcionarios públicos. El nudo gordiano no está ahí sino en el excesivo gasto militar y altísimo servicio de la deuda externa e interna.



Los gastos en seguridad han tomado cada vez una participación importante del presupuesto de la Nación, entre 17% y 18% de 2002 a 2008, tendencia que no es sostenible en el largo plazo, que de persistir dificultará la situación fiscal y quitará más recursos para la inversión productiva.



El alto servicio de la deuda externa e interna y de los gastos en seguridad han explicado entre el 48.0% y 52.0% de los gastos de la Nación en el período 2000-2007. Para 2007, por ejemplo, el servicio de la deuda externa e interna de 33.6% junto con un gasto un seguridad de 15.49%, comprende un 49.09% del presupuesto de gastos de la Nación, lo que impide incrementar la inversión productiva y el gasto social para construir un país más moderno y equitativo y eliminar los factores de violencia.



En una situación normal el gasto militar (sin incluir los de justicia) como proporción del PIB debe estar por debajo de 1.5 %. Si se hace el ejercicio para el año 2007, esto significa una erogación de 5149 miles de millones de pesos en comparación con 13,869 miles de millones de pesos presupuestados, un ahorro de 8720 miles de millones de pesos en un año, que proyectados hacia el futuro da sumas enormes.



Si el servicio de la deuda explicara el 20 % de los gastos totales, en 2007 se habría obtenido una disponibilidad de $15,976 miles de millones para inversión, con lo cual esta habría explicado el 31.8% del presupuesto de la Nación, con los resultados benéficos para el crecimiento económico y para atacar los altos niveles de desigualdad de ingresos del país.



Entonces, en las soluciones a los problemas de la deuda y del conflicto interno se encuentran las respuestas a los problemas de las finanzas públicas y del insuficiente crecimiento económico, más que en acabar entidades, privatizar empresas, expulsar funcionarios y hacer ineficiente el aparato estatal.



Una política de alto gasto militar es sostenible si existe la capacidad económica para llevarla a cabo, pero llegará un momento en que no se podrá seguir porque la reducción en el gasto en inversión tiene un costo. Los imperios han caído por esta razón: aceleraron los egresos militares y se mantuvieron por muchos años en guerra, pero tarde o temprano ese esfuerzo no pudo sostenerse y cayeron. Un gasto militar alto es posible si el resultado del conflicto o la guerra es rápido, de lo contrario un país sufrirá en sus posibilidades de crecimiento económico. La dicotomía cañones o mantequilla es muy cierta. Basta leer el libro del profesor norteamericano Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, en el cual hace un análisis de por qué los imperios surgen y caen. Su conclusión: la economía no se puede ignorar.



Resumen hoja de vida



Diego Otero Prada cursó estudios de ingeniería eléctrica y de maestría en economía en la Universidad de los Andes, tiene una maestría y es candidato a doctorado en economía de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. Actualmente es Director del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes.





Resumen artículo



Los gastos del gobierno colombiano en el conflicto interno que se originó desde 1964 muestra que han venido creciendo aceleradamente desde mediados del decenio de los noventa. Para el período 2000-2008, el gasto militar, correspondiente a lo presupuestado para el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, supera el 4.0% de PIB, colocando al país entre los diez países con el mayor gasto del mundo en 2008 en que alcanza el 4.7 %. Al incluir el gasto de otras entidades nacionales, departamentales, municipales y externas, como el Plan Colombia, el gasto aumenta a más del 5.0% del PIB, cifra realmente alta. La pregunta que se debe responder es si el país está preparado para continuar con este ritmo de gasto por un período prolongado sin que se afecte el crecimiento económico.



Palabras claves



Economía, seguridad, conflictos





--------------------------------------------------------------------------------

[1] Giha Tovar, Yaneth Riveros Reyes y Andrés Velasco Soto, El Gasto Militar en Colombia: Aspectos Microeconómicos y Macroeconómicos, Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, diciembre 1999.

[2] Datos con base en Contraloría General de la República, Evaluación de la Política Social 2003, Bogotá, 2004.

[3] Estados Unidos es el principal agente extranjero interesado en resolver el conflicto a través de incrementar la guerra. La Comunidad Económica Europea y los países latinoamericanos tienen una concepción diferente y ven que la salida es la paz negociada y no la guerra. En este sentido, el papel de Estados Unidos es negativo ya que se ha convertido en un agente adicional de la guerra más que un factor que presione para una salida negociada al conflicto.

NUESTRO AMERICANOS: LA DIMENSIÓN REGIONAL EN LA

Por Daniel Ezcurra, Coordinador Cátedras Bolivarianas UPMPM – Director del ISEPCI

El Ángel de la Historia

El ángel de la historia contempla, impotente, la acumulación de ruinas y de sufrimiento a sus pies. Le gustaría quedarse, echar raíces en la catástrofe para, a partir de ella, despertar a los muertos y reunir a los vencidos, pero la fuerza de la voluntad cede frente a la fuerza que lo obliga a escoger el futuro, al cual da la espalda.


Su exceso de lucidez se combina con la falta de eficacia. Aquello que conoce bien y que podía transformar se le vuelve algo extraño y, por el contrario, se entrega sin condiciones a lo desconocido. Las raíces no tienen sustento y las alternativas son ciegas.

Así el pasado es un relato y nunca un recurso, una fuerza capaz de irrumpir en un momento de peligro para auxiliar a los vencidos. Lo mismo dice Benjamín en otra tesis sobre la filosofía de la historia: “Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo ´como fue en realidad´. Significa apoderarnos de una memoria tal como ella relampaguea en un momento de peligro”. La capacidad de redención del pasado radica en la posibilidad de surgir inesperadamente en un momento de peligro, como fuente de inconformismo.

Según Benjamín, el inconformismo de los vivos no existe sin el inconformismo de los muertos, ya que ´ni estos estarán a salvo del enemigo, si es éste el vencedor”.

Boaventura De Sousa Santos – La caída del Angelus Novus.

La historia no es un movimiento teleológico, con un camino trazado de antemano, sino un escenario en el que se enfrentan las clases, bajo condiciones objetivas ciertamente dadas, pero no sólo como intérpretes sino también como autores de un complejo drama.

Agustín Cueva – El desarrollo del capitalismo en América Latina.

La constitución de la Nación como ejercicio colectivo presupone, y esto es más visible en los momentos donde las crisis se manifiestan, un aliento de reelaboración permanente. Y el acto mismo de esa reinvención enlaza necesariamente el presente con el pasado y el futuro.

Así, para cada generación se hace inevitable contemplar la casa común a la vez como un devenir y una certeza, tal como lo expresara lúcidamente Leopoldo Marechal en uno de sus poemas:

¿Con qué derecho yo definía la Patria, bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda?.

Hoy, ante la lacerante realidad de exclusión social, desintegración territorial, concentración económica y degradación institucional, la transformación de las reglas de juego que forman el nosotros, se nos presenta como un imperativo ético a la vez que como una necesidad vital.

Pero como en todas las manifestaciones humanas, la forma concreta que asuma el mapa de la organización de la sociedad en su conjunto será el reflejo de consensos y hegemonías fundados en los intereses de determinadas alianzas y grupos sociales.

Como ejemplo de lo anterior y cercanos a la celebración de nuestros primeros 200 años de existencia, es interesante recordar que en 1910, el centenario significó la autocelebración de una clase dominante que moldeó el país (pareciendo encaminarse hacia el progreso indefinido) integrándolo al mercado mundial bajo la lógica de una división internacional del trabajo dictada unilateralmente desde el centro a la periferia. Las décadas siguientes pondrían de manifiesto la endeblez estructural del proyecto frente a movimientos político-económicos sobre los que no se tenía mayor incidencia.

Huelga decir que a ese modelo de Nación, le correspondió una determinada organización del pasado histórico, una institucionalidad, un paradigma de futuro, una racionalidad económica, y una huella cultural, naturalizados y convertidos en patrimonio común y organizadores de sentido de la sociedad toda.

Entrando al siglo XXI cuando no hemos salido aún de la tremenda crisis estructural que nos ha traído hasta éste presente, no serán pocas las voces que añoren aquella Argentina y la propongan como el canon del que nunca debimos habernos alejado, convidándonos, en un ejercicio que aúna conservadurismo y fatalismo frente a la globalización en curso, a no resistir la lógica del mercado global para aprovechar las oportunidades que ésta brinda, siguiendo el ejemplo de la clase dominante que dirigiera el país entre finales del siglo XIX y la década del 30´.

Ante esta perspectiva, no es ocioso recordar que ese proceso iniciado hacia la década de 1860, significó la resolución de una larga confrontación entre dos posibilidades de estructuración de la Nación, y que la hegemonía resultante se erigió sobre una violenta derrota del heterogéneo proyecto de las mayorías, como pasara también en el ciclo abierto por la dictadura de 1976.

La pérdida de consenso del neoliberalismo y su crisis estructural abre la posibilidad de una nueva etapa en la vida del país, en la cual entendemos imprescindible sentar las bases de un nuevo proyecto de integración nacional y regional desde la perspectiva de los intereses de las mayorías. Concebimos esa acción refundacional como un esfuerzo a la vez político, económico, cultural e institucional, asentado en la conformación de una coalición social capaz de constituirse en identidad y voluntad que nos lleve de la Argentina que somos a la que queremos ser.

La memoria histórica constituye, en tanto matriz simbólica, un campo de disputa vital en el proceso de construcción de una determinada hegemonía. Así lo entendieron siempre las clases dominantes, quienes han procurado guardar bajo siete llaves las claves de su interpretación; reservando a sus demiurgos el patrón de medida del discurso histórico, extendiendo y sellando su victoria desde el plano material hacia el campo de las ideas. Nuestros muertos son de esta forma nuevamente derrotados, tal como lo plantea desgarradora y bellamente Benjamín.

Por ello, cada vez que los sectores populares comienzan a tejer la trama de un camino propio, se plantea alrededor de la memoria una, tal vez velada, pero estratégica confrontación que para las mayorías, como dirá Adolfo Colombres para explicar su concepto de Etnogénesis, “ implica la organización de una cultura autónoma que opere como tal, o sea, como una matriz simbólica que permita la apropiación cultural y sea capaz de reelaborar su imaginario para ir dando respuestas alternativas a las diversas situaciones que se le planteen”.

Y aquí es donde debe irrumpir el “Angel de la historia” en tanto construcción que aporte raíces al necesario inconformismo del que nos habla De Sousa Santos.

El escenario de la emancipación

La edificación de los Estados nacionales de Nuestra América iniciada hacia fines del siglo XVIII, no fue realizada en el vacío ni a partir de una mágica madurez política dada previamente, sino sobre la base de una estructura económico-social históricamente existente dentro de un determinado contexto internacional.

“La estructura económico-social heredada del período colonial se caracterizó por el bajísimo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y por relaciones sociales de producción basadas en la esclavitud y la servidumbre” sintetizará Agustín Cueva, “lo cual no significa negar la conexión evidente de las formaciones esclavistas o feudales de América latina con el desarrollo del capitalismo en escala mundial”. Esta última aseveración, aun tomando como beneficio de inventario la caracterización feudal de la economía, pone de manifiesto la determinante injerencia de las potencias europeas en nuestro continente, en su largo proceso de transición hacia el capitalismo.

Como lo expresa Luís Vitale “La colonización americana fue un eslabón importante del proceso histórico de gestación del mercado mundial; promovida por las necesidades expansionistas del mercantilismo, estimuló cambios significativos en la economía europea. Los metales preciosos de América contribuyeron al desarrollo de las empresas manufactureras y bancarias, provocando una "revolución de los precios", un aumento del circulante y del tráfico comercial que, en definitiva, aceleraron el período de transición al capitalismo”. Como sabemos no fue España la beneficiaria final de esa formidable masa de recursos, sino los países en los que la burguesía absoluta estuvo en condiciones de hacer del Estado-Nación el espacio económico más acabado para la consolidación de las relaciones sociales capitalistas de producción.

Hacia finales del siglo XVIII el edificio colonial español que durante tres siglos resistió los apetitos de las potencias marítimas que desde el siglo XVI hostigaban sus dominios, comenzaba a mostrar fisuras y convulsiones internas. Las reformas introducidas por el Borbón ilustrado Carlos III y sus funcionarios ilustrados como Grimaldi, Arana, Campomanes, Floridablanca o José de Gálvez, basadas en la combinación del incremento de la presión fiscal, la reactivación comercial en beneficio de la península y el control de la producción de materias primas en franca expansión debido a las necesidades del desarrollo capitalista, buscaron refundar el pacto colonial para sostener su posición de potencia en una Europa convulsionada por el trabajo de parto de la sociedad burguesa en lucha con el antiguo régimen.

La introducción de la lógica administrativa que comprendió desde el reordenamiento territorial (a través de la implementación de las Intendencias) hasta el Reglamento de Comercio Libre entre España y América de 1778 visibilizó los conflictos y transformaciones que anidaban en la sociedad colonial, y que hacían imposible compatibilizar los intereses de la corona (organizar las colonias como mercado de las manufacturas metropolitanas y proveedoras de materias primas) con las demandas de la capa de productores y comerciantes criollos en franca consolidación, dada la imposibilidad por parte de España de avanzar en su expansión industrial; es decir en su capacidad de abastecer sus dominios americanos: “Desde 1778 un mercado mejor abastecido modificaba las reglas de juego entre productores y consumidores. Los terratenientes americanos, a su vez, demandaban la aplicación de la apertura en la libertad comercial, porque aspiraban a colocar en el mercado internacional un volumen más alto de la producción de sus plantaciones y estancias ganaderas y obtener mejores precios.

A partir de 1805, las numerosas reclamaciones a favor de la libertad de comercio con otras potencias, están marcando, con claridad, el punto de no retorno en las ambiciones de los criollos”.

El imaginario de la identidad de los españoles americanos en el proceso independentista

Estás contradicciones se expresaron en todo el siglo XVIII a través de levantamientos y rebeliones dirigidas contra unas autoridades que (además de mantener la política de opresión a las mayorías originarias), como resultado de las reformas centralizadoras acentuaban la presión fiscal a la vez que cerraban la posibilidad de participación en los mejores lugares del aparato del Estado a la élite criolla: Tempranamente en 1725 se dio la rebelión de José de Antequera al frente de los comuneros del paraguay; En 1740/41 un levantamiento surgido en Perú que aspiraba a reemplazar al rey de España por el Inca Felipe, la rebelión contra el monopolio de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, El alzamiento en Quito de Eugenio Espejo contra los gravámenes y el mal gobierno en 1765, la revuelta de José Gran Kispe Tito Inca en 1776, la rebelión del oficial del ejército apodado Tiradentes en Minas Gerais que estremeció a Brasil en 1789, Los alzamientos en 1780 de “los tres Antonios” en Chile, la “Conjuración de los Plateros” liderada en Cuzco por el criollo Lorenzo Farfán contra el incremento de impuestos, y la profunda insurrección del curaca Tupac Amaru contra los abusos a su comunidad serán seguidas un año después por la revuelta antifiscal de los comuneros del Socorro en Nueva Granada y en Bolivia otro líder indígena, Julián Apasa o Túpac Catari, puso sitio a La Paz el 13 de marzo de 1781 con su ejército de 40.000 indígenas. En Venezuela, uno de los movimientos más relevantes fue encabezado en 1797 por Picornell, Gual y España con un programa que planteaba la revolución democrática-burguesa, la igualdad social y una clara posición en defensa de los indígenas y negros.

Sustancial impacto causó en este convulsionado último cuarto de siglo la sublevación de las trece colonias norteamericanas de 1776: “La independencia de los Estados Unidos en 1776 fue uno de los hechos más relevantes, al contribuir -sin proponérselo- a la formación de una conciencia de cambio anticolonial en la vanguardia política de los criollos latinoamericanos”.

Esta lucha anticolonial en Nuestra América fue impulsada por un heterogéneo conglomerado de clases sociales cuyo punto de sutura fue la oposición a las consecuencias de la dominación española. Productores terratenientes y mineros descontentos, comerciantes no monopolistas, la pequeña burguesía urbana y rural con sus caminos de superación coartados, llegando hasta las mayorías sojuzgadas; conformarán un bloque que opondrá a la sujeción colonial la visión englobadora de los españoles americanos, es decir de los criollos.

“Los intereses de los criollos eran contrapuestos a los del Imperio. Mientras aquellos necesitaban encontrar nuevos mercados, la corona restringía exportaciones de acuerdo a las necesidades exclusivas del comercio peninsular. Mientras la clase criolla acomodada aspiraba a comprar manufacturas a menor precio, el imperio imponía la obligación de consumir mercaderías que los comerciantes ibéricos vendían caras. Mientras los nativos exigían rebajas de impuestos, la monarquía les imponía nuevos tributos. Mientras los criollos aspiraban a que el excedente económico y el capital acumulado quedaran en América Latina, el imperio se llevaba gran parte del excedente y del capital circulante.

La clase privilegiada criolla ambicionaba tomar el poder porque el control del aparato del estado significaba el dominio de la aduana, del estanco, de las rentas fiscales, de los altos cargos públicos, del ejército…. El control del Estado significaba poder para redistribuir la renta global en beneficio de los criollos en vías de convertirse en clase dominante. Estas motivaciones reales se encubrirán en su oportunidad bajo el manto de la lucha por la libertad” .

Desde esta perspectiva se entiende que si bien desde finales del siglo XVIII, tanto España como América bebieron el impulso reformador de las fuentes de la ilustración y la tradición hispánica, su utilización para desentrañar la compleja realidad americana fue divergente; La Corona privilegió los íconos del despotismo ilustrado, es decir el centralismo de la monarquía, la racionalización y la eficiencia para el crecimiento económico. Los criollos por su parte se aferraron a las aristas democráticas y liberales junto a la tradición filosófica de España para fundamentar la legitimidad jurídica de la búsqueda de la autonomía.

Si bien como vimos la rebelión por motivos sociales y fiscales fue una constante del siglo XVIII en América y la maduración de una conciencia nacional criolla enfrentada con la dominación política española comenzó a hacerse visible en algunos de los movimientos de finales de siglo y principios del XIX (La independencia de la República negra de Haití -1804- y el intento de Francisco de Miranda -1806- en Venezuela serán los más explícitos); la coyuntura de la guerra de independencia española actuará de catalizador del proceso emancipador.

El aislamiento de las colonias respecto de su metrópoli debido a las constantes guerras (cuya consecuencia fue la amplificaron de la relación comercial de los productores criollos con otras potencias en detrimento de la dominación española), junto a la invasión napoleónica de 1808 que descabezó la monarquía y propició el magnífico alzamiento nacional contra el invasor, a la vez que traspasaba la soberanía al pueblo a través de las Juntas, sembraron incertidumbre sobre la continuidad de la relación colonial.

Norberto Galasso en su excelente trabajo sobre San Martín nos recuerda que “la revolución española de 1808 desencadena la eclosión de fuerzas democráticas transformadoras en América, no signadas por un color nacional sino por reclamos semejantes a los que enarbola el pueblo español en calles y aldeas de la península (las juntas por la soberanía popular, los derechos del hombre, la liquidación de los privilegios nobiliarios). Así, la revolución democrática se expande, en pocos meses, por las principales ciudades de la América española, a través de Juntas y en nombre de Fernando VII”. Juan bautista Alberdi había anticipado que “La revolución de Mayo es un capítulo de la revolución hispanoamericana, así como ésta lo es de la española y ésta, a su vez, de la revolución europea que tenía por fecha liminar el 14 de julio de 1789, en Francia.” .Así expresará un historiador español la emergencia del conflicto en el cuerpo social metropolitano:

“España busca para su monarquía sin rey una legitimidad de carácter democrático: éste es el significado político de las Cortes de Cádiz, de la constitución que elaborarán en 1812… A partir de ese momento, en efecto, se hace posible hablar con propiedad de las dos Españas. Los españoles lucharán unidos contra Napoleón durante los seis años de la guerra de independencia, pero el germen de la discordia se ha introducido entre ellos, los separa ideológicamente. De una parte están los constitucionalistas, partidarios del progreso, defensores a ultranza de los derechos del hombre, de su libertad. De otra, los realistas, corifeos del absolutismo más radical, portaestandartes de los caducos poderes constituidos”.

Esta crisis de la metrópoli, detonó las contradicciones del pacto colonial y fue la antesala de su ruptura.

En una primera instancia, las fuerzas sociales americanas envueltas en el proceso emancipador tuvieron un horizonte en el que la defensa de sus intereses no necesariamente imponía la ruptura con España sino que propugnaba una mayor autonomía que salvaguardara su vinculación con el mercado mundial en expansión. El memorial de agravios y discriminación signó la maduración de una conciencia de diferenciación que afirmó el sentimiento de ser americano frente al peninsular. “Como quiera que la conciencia nacional de cada clase de este bloque insurgente está directamente relacionada con la conciencia social del español-americano, la patria no es percibida, en primer término, en los estrechos límites de cada audiencia, presidencia, capitanía general o virreinato, sino en los más amplios del continente hispanoamericano.”

Este es el sustrato de la permanente aparición, a lo largo de la geografía americana, de la ideas de la “patria Americana”o de “Nuestra América” como expresara Francisco Miranda ya en 1783: “Con estos auxilios podemos seguramente decir que llegó el día por fin en que recobrando Nuestra América su soberana independencia, podrán sus hijos libremente manifestar sus ánimos generosos”.

Pero esta diferenciación enarbolada por los criollos no excluía la utilización de la abstracta igualdad para sus súbditos que la misma corona se esforzaba por implantar a través de lo ideológico y lo jurídico (contradiciendo la realidad de las relaciones desiguales entre metrópoli y colonias, la explotación social y la coerción cultural), para formular concretas reivindicaciones en lo económico, político y social. Y es que la Europa que en el momento glorioso del ascenso de la burguesía revolucionaria enfrentando al viejo régimen, había afirmado la necesidad absoluta de la igualdad y la libertad para hombres y naciones, también fue quien impuso al resto del mundo una servidumbre económica y cultural sin precedentes. “Es la Europa que, en nombre de su civilización, había justificado y practicado la negación de sus mismos valores en los demás. Pues bien, la revolución americana puso esas dos Europas en contradicción: se realizó con el apoyo de una al tiempo que combatió frontalmente a la otra”.

La sustancia de Nuestra América debemos buscarla en la defensa de los derechos americanos negados por los españoles metropolitanos. Nuestra América toma y hace suya la defensa de los derechos del hombre nuestroamericano conculcados por el despotismo monárquico. Seguimos a Filippi cuando analiza el pensamiento bolivariano “la concepción política… la afirmación, convencida y firme, de las peculiaridades y de la identidad americanas, no se realiza contra Europa, sino, por el contrario, extendiendo y haciendo valer (con todas las adaptaciones e innovaciones del caso) también para América –volviéndolos así universales- todos aquellos valores y derechos (de libertad, igualdad, legalidad, fraternidad, etc.) que, si bien el europeo los había concebido para sí, simultáneamente se los había denegado a los otros pueblos”.

Si se coincide que el período colonial, como define Enrique Semo para México, es un período de “desacumulación originaria” en el que la matriz colonial será el pesado lastre a partir del cual tendrá que reorganizarse la vida de nuestras futuras naciones, se comprenderá mejor que el bloque anticolonial debió actuar en un difícil contexto signado por condiciones materiales que limitaban objetivamente sus posibilidades de elaborar un sustento político sólido. La extraordinaria coyuntura de la ocupación francesa abre el interrogante sobre el camino a seguir en medio de la conmoción que significara la caída de Fernando VII. A partir de 1810, derrotados los intentos continuistas de los administradores coloniales, las juntas americanas fueron virando, en un proceso para nada lineal, del autonomismo inicial a la búsqueda de la independencia. Como lo sintetiza el venezolano Carlos Villanueva “Existió, en el fondo de todo, un propósito de autonomía absoluta para obtener de la corona, vuelto el monarca al trono, las reformas a que aspiraban los criollos, o de emancipación absoluta, si se efectuaba de manera radical la conquista de España por Napoleón. Pero no fue la Revolución en el primer acto, un movimiento de emancipación, sino de autonomía, para no caer bajo el dominio de los franceses, siguiendo el ejemplo dado por las provincias españolas. La emancipación la fijaron los sucesos”.

La guerra de la independencia fue el telón de fondo en el que se movieron las distintas clases que compusieron el heterogéneo bloque antimonárquico. La disputa inevitable en toda alianza policlasista explica los pasos y medidas, muchas veces contrapuestos, tomados en el intrincado proceso de la emancipación. Interesadamente, la historiografía dominante presenta esta contradicción como caprichosos movimientos que responden al arbitrio del caciquismo, caudillismo o militarismo devenidos en explicación a-histórica y facilista de nuestro pasado, convirtiendo la historia en materia surrealista de un mundo que escapa a toda interpretación y sentido. Esta deliberada operación cultural asentada en la premisa de que lo que no se conoce no puede entenderse y lo que no se entiende no puede ser transformado, tiene por objeto convertirse en visión hegemónica del pasado, apoderándose de la memoria para evitar que esta irrumpa como dadora de sentido apoyando los proyectos de las mayorías.

En esta primer etapa, tanto las Representaciones, como los documentos, periódicos y requisitorias de los criollos se elaboraban desde el mirador de la abarcadora identidad de los españoles americanos: El peruano Vizcardo Guzmán publicó en 1872 su famosa “Carta a los españoles americanos” donde expresa que “El nuevo mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente”. En 1797, el altoperuano Victorián Villalba en su “Apuntamientos para la reforma del reino” reclama la igualdad entre peninsulares y americanos “No se está ya en estado de querer mantener este país en la ignorancia; de querer sostener sus antiguas prácticas con sofisterías”. Ese mismo año la conspiración encabezada por Gual y España en venezuela interpela en principal proclama “A los habitantes libres de la América Española”. En plena emergencia revolucionaria el mexicano Fray Servando teresa de Mier discutiendo sobre la organización del país en 1813 dirá lucidamente: “Mucho se discurre sobre la organización de gobierno que convendría adoptarse en Nuestra América, caso de independencia absoluta. Un gobierno general federativo parece imposible y al fin sería débil y miserable. Republiquillas cortas serían presa de Europa o de la más fuerte inmediata”. El “diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos (1809) de Bernardo de Monteagudo se apropia por boca de Atahualpa de la historia de “La amada patria” que no es otra que la América. El “Catecismo político cristiano” que circuló en Chile en 1810, denuncia la explotación de la América por parte de los españoles que vienen a “devorar nuestra sustancia” y reclama la formación de una “representación nacional americana” El peruano Juan Egaña lo acompaña escribiendo en 1813 “La revolución de América sólo puede organizarse bien en un congreso, debemos promoverlo seguros de que la necesidad lo hará fácil”. También Camilo Henriquez hablará en 1811 de un “Congreso general de las regiones meridionales de América” al que reserva “todo lo que tiene de trascendencia al interés público de todfa la América o de los estados de ella que quieran confederarse”.

Cuando en 1814 la reacción monárquica derrota al liberalismo democrático español y se apresta vanamente a que “vuelva todo a ser y al estado que tenía en 1808” como puede leerse un decreto real del repuesto Fernando VII, los españoles americanos se abocaron a consolidar la emancipación luchando por la independencia contra el despotismo español.

Los libertadores fueron quienes llevaron más lejos el planteo y la ejecución de la concepción nacional americana, apoyados en el profundo sentimiento libertario de los pueblos. Bolivar, San Martín, O´Higgins, Artigas, Camilo Henriquez, Hidalgo, Morelos, José Cecilio del valle, Rodríguez de Francia, Mariano Moreno, entre otros tantos buscaron, en medio de la conmoción social y las luchas anticoloniales, las bases más sólidad y visibles de la organización nacional: las que desembocaban en la confederación de las nacientes Repúblicas.

En tierras del Plata, ya en 1806/07 el pueblo en armas comienza a recorrer el camino de la constitución de la conciencia nacional en el rechazo de las invasiones inglesas. Luego, figuras como Moreno “Reparad en la gran importancia de la unión estrechísima de todas las provincias de este continente, unidas impondrán respeto al más pujante; divididas pueden ser presa de la ambición”. Juan José Castelli “Toda America del Sur no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las respetadas naciones del mundo” y Bernardo de Monteagudo “Yo no renuncio a la esperanza de servir a mi país, que es toda la extensión de América” , serán junto al general José de San Martín los ejemplos más elocuentes, aunque no los únicos, de la perseverancia de las miras integradoras.

José de San Martín comprendió cabalmente que la independencia de nuestro páis estaba atada a la de los demás países del continente y por ello se declaraba miembro del “partido americano”. Su visión de Nuestra América era la de un solo cuerpo que era necesario confederar estrechamente ante los peligros exteriores. El sostenimiento de la emancipación fue su principal objetivo entendiendo que la independencia de las naciones americanas era la llave que aseguraría el éxito de aquella empresa.

En ello coincidía con aquel otro hombre que Rodo definió como “El barro de América cruzado por el soplo del genio” : Simón Bolivar, quién tendrá el honor de ser el representante/símbolo de una posibilidad que, aunque derrotada, dejó su huella en el imaginario de la transformación social del continente; Aquella que impulsaba la unidad de nuestros países como medio para asegurar la soberanía y potenciar el desarrollo: “La asociación de los cinco grandes Estados de América para formar una nación de repúblicas, objetivo tan sublime en sí mismo que no dudo vendrá a ser motivo de asombro para Europa. La imaginación no puede concebir sin pasmo la magnitud de un coloso que, semejante al Júpiter de homero, hará temblar la tierra de una ojeada. ¿Quién resistirá a la América reunida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la libertad? ” .

Titánica era la tarea de sostener la soberanía, potenciar el desarrollo y democratizar la sociedad, en un medio social donde la guerra había desestructurado por completo la base económica y donde persistían relaciones sociales de producción caracterizadas por el atraso, sumándose a elló el apetito comercial y financiero de las grandes potencias, en especial Inglaterra.

“Liquidar la herencia colonial era, pues, una tarea compleja, imperativa y contradictoria. Imperativa en la medida en que sólo podía afirmarse la independencia política promoviendo el crecimiento económico. Contradictoria en la medida en que ese crecimiento implicaba abolir las relaciones de producción existentes. Y a corto plazo, el andamiaje institucional del estado colonial. Pero esto último, en lo inmediato, no significaba otra cosa que renunciar a existir. Como es sabido, la posición conservadora frente a estas contradicciones fue la de mantener el status quo”.

Iniciada esta etapa de construcción de la Nación, el bloque independentista se desbordó (como en toda alianza policlasista) en diversas posiciones que seguían, más cerca o más lejos, determinados intereses de clase. La confrontación se hizo inevitable. Los sectores dominantes, la burguesía comercial y los productores terratenientes agropecuarios y mineros se convirtieron en socios menores de las potencias ultramarinas aceptando el convite para desarrollarse como economías primario-exportadoras subordinadas.

Los caudillos de la emancipación, en especial Bolivar, buscaron supeditar la disputa desatada utilizando su poder arbitral, a la vez que buscaban infructuosamente las bases de sustentación para las recientes naciones. “Estos hombres –se ha dicho- dan a ratos la impresión pirandelliana de ser pensadores burgueses en busca de su burguesía nacional” .

Derrotados los esfuerzos de unidad, nuestros países tendrán menos contactos entre ellos que con la metrópoli y se deslizarán por la pendiente de la monoproducción, renovándose la dependencia y el atraso.

Los sectores populares no dejaron de resistir el camino de estructuración de la Nación encarado por las Elites. En el caso del Río de la Plata, los más de 40 años de guerras civiles posteriores a la obtención de la independencia dan cuenta de la poderosa huella dejada en nuestra historia. “A la postre todas las tendencias progresistas fueron derrotadas y la sociedad posindependentista se consolidó en la dirección reaccionaria… Aún así no es menos cierto que las masas no dejaron de estar presentes en el escenario de la lucha de clases a lo largo de todo el siglo XXI”.

El mismo autor pone de manifiesto la dinámica de las reivindicaciones populares en el período. “Las de entonces no fueron desde luego bregas en pro del socialismo, ni podían serlo en un contexto precapitalista… Se enmarcaban, pues, en un horizonte cuyos límites objetivos eran los de una revolución democrático-burguesa, perspectiva en la que hay que ubicarlas evaluando la profundidad de cada movimiento en función del predominio del elemento democrático –es decir popular- sobre el elemento propiamente burgués, y sin olvidar que su posterior derrota o desvirtuamento no los reduce a la condición de simple “astucia” de una vía reaccionaria trazada de antemano”.

El pasado interpela al presente

A casi dos siglos de aquel inconcluso proyecto de unidad de Nuestra América encarnado por los caudillos de la independencia, la realidad pone de manifiesto su absoluta actualidad. Estamos en una nueva etapa histórica con sus específicos desafíos, con sus rupturas y sus continuidades. Decíamos en otro trabajo que en este siglo, como lo fue en el siglo XIX, la pregunta que se hacen aquellos que buscan cambiar la realidad es si existen condiciones para la transformación de nuestras sociedades atendiendo a los intereses de las mayorías populares.

El inconformismo de los muertos ha irrumpido para acercarnos respuestas. Sus fantasmas y sus voces se dejan escuchar y ver en las calles y los campos de todo el continente.

La crisis del neoliberalismo que asoló nuestros países ha abierto un período donde las fuerzas sociales y políticas, expresión de las mayorías populares, no solamente conmueven la hegemonía neoliberal con su resistencia sino que también han empezado a ejercer experiencias de gobierno. Estos procesos muestran similitud en sus objetivos finales y variedad en sus prácticas e identidades, lo que da la pauta de la necesidad de sentar las bases del edificio de la integración de las fuerzas populares de Nuestra América desde la unidad en la diversidad.

Pero ¿qué tiene para decir nuestra historia sobre nuestros desafíos presentes?. Intentando una respuesta es pertinente recordar al joven Alberdi cuando en 1837 alertaba que “no hay verdadera emancipación mientras se está bajo el dominio del ejemplo extraño, bajo la autoridad de las formas exóticas”. La ruptura de la dominación económica y política tiene como prerrequisito la erradicación de la dependencia cultural. Las fuerzas populares de Nuestra América debemos recurrir a las enseñanzas que la historia brinda, a lo mejor de nuestras corrientes ideológica y autoafirmarnos en nuestra propias identidades. O como lo expresa Adolfo Colombres “Un pueblo no alcanza el estado de civilización sumándose al proyecto de otro pueblo, sino tomando conciencia de su ser en el mundo, de su identidad y su especificidad cultural”.

De allí la necesidad de articular el pasado histórico para apropiarse de la memoria y dar la disputa simbólica para conocer, comprender y transformarnos en propuesta civilizatoria. Nuevamente Alberdi “un pueblo es civilizado únicamente cuando se basta a si mismo, cuando posee la teoría y la formula de su vida, la ley de su desarrollo”.

Aprender a ser Nuestroamericanos no es una petulancia intelectual sino una necesidad vital e histórica. Tomamos ese nombre en homenaje al imprescindible ensayo de José Martí, Nuestra América, donde el patriota cubano da cuenta de nuestra sumición cultural y apuesta a la búsqueda de un camino propio y original. Dirá Martí: “Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria… Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas.” .

En ese sentido es una tarea pendiente incorporar a nuestro arsenal identitario y teórico la poderosa carga de mística que conlleva identificarnos como continuadores del proceso anticolonial más impactante por su extensión y contenidos de la historia del siglo XIX, sólo comparable con la gesta liberadora de los pueblos asiáticos y africanos en el siglo XX.

El proceso emancipatorio nuestramericano que en el corto lapso de tiempo que va de 1804 a 1824, ¡escasos 20 años!, acabó con la secular dominación política española en la extensión de todo un continente, es una de las fuentes imprescindibles de donde beber las potencialidades transformadoras de nuestros pueblos.

Para mirarnos en ese glorioso espejo, allí está la figura de los caudillos nuestroamericanos, en tanto síntesis simbólica más acabada de la acción de millones, señalando caminos posibles para afrontar la tarea inconclusa de la liberación.

En primer lugar recogemos como un legado la firme decisión de enfrentar a quienes intentan someter nuestra patria americana: “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miserias la América en nombre de la libertad” alertó con mirada penetrante Simón Bolivar y el general San Martín sostendrá “Soy del partido americano, así que no puedo mirar sin el mayor sentimiento los insultos que se hacen a la América, ahora más que nunca siento que el estado de mi salud no me permita ir a tomar una parte activa en defensa de los sagrados derechos de nuestra patria, derechos que los demás Estados americanos se arrepentirán de no haber defendido contra toda intervención de ls Estados europeos.” .

En segundo lugar aparece, en nuestro presente signado por la conformación de bloque regionales la vigente necesidad de la unidad de Nuestra América, “Afianzados los primeros pasos de vuestra existencia política, un Congreso central compuesto de los representantes de los tres estados dará a su respectiva organización una nueva estabilidad; y la constitución de cada uno, como así su alianza y federación perpetua se establecerán en medio de las luces, de la concordia y la esperanza universal” definirá José de San Martín. Corresponderá sin embargo a Bolivar la visión más acabada de la necesidad de la unidad: “El gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, roto la tabla de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas; más todavía nos falta poner el fundamento del pacto social, que debe formar de este mundo una nación de repúblicas” .

Tampoco escapaba a los libertadores la necesidad de apoyarse en la más ámplia unidad para enfrentar con éxito al enemigo poderoso. San Martín escribirá al caudillo del litoral argentino Estanislao López “Unámonos paisano mío para batir a los que nos amenazan; divididos seremos esclavos; unidos, estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor: la sangre americana que se vierte es muy preciosa y debería emplearse contra los enemigos que quieren subyugarnos” . Esta necesidad de conformar un bloque que desafíe el poder hegemónico conlleva, como parte misma de su afianzamiento, la tarea de señalar a quienes al interior del mismo “Por un indigno espíritu de partido se unen al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una felonía tal ni el sepulcro puede hacer desaparecer” . Así nos lo recuerda San Martín.

Así, decisión inquebrantable de luchar por la liberación, la unidad de Nuestra América como proyecto estratégico y la consolidación al interior de nuestros países de un bloque hegemónico capaz de enfrentar a las minorías que detentan el poder para poner en pie un proyecto con soberanía política, independencia económica, democracia participativa y justicia social, son parte del legado de nuestros libertadores convertido en programa de acción para el siglo XXI.