de una decisión de los Estados Unidos de militarizar la relación con América Latina y el Caribe. Así se desprende del documento “Socio de las Américas”, que el Comando Sur aprobó en abril de este año. Sus objetivos son garantizar la seguridad de Estados Unidos, mediante la “defensa adelantada” fuera de su territorio, fomentar la estabilidad y facilitar la prosperidad de la región, tareas que no competen a las Fuerzas Armadas ni a las de seguridad. En las naciones socias esto incluye “la sincronización de las operaciones entre sus distintas agencias de manera cooperativa”, “utilizando todos los atributos del poder nacional, diplomático, militar, informativo, economía, finanzas, inteligencia y legislación”.
El documento enfoca su atención en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el terrorismo y el delito.
Para 2016 el Comando Sur debería haberse transformado en un entre “de naturaleza conjunta e interorganizacional”, un organismo cívicomilitar que trabajará con instituciones públicas y entes privados o no gubernamentales de los países americanos. Desde hace medio siglo Estados Unidos promueve contactos directos con las Fuerzas Armadas del continente soslayando a las autoridades políticas. Pero ahora avanza sobre otras áreas de gobierno y organismos privados, en contacto directo con los ministerios del Interior, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, gobiernos provinciales y otras dependencias. En el territorio de Estados Unidos la separación entre tareas de Defensa y de Seguridad es tan rígida como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sudamérica.
La nueva estrategia contempla reducir “las amenazas de las armas de destrucción masiva” (que no existen en la región), y una acción combinada con “las naciones socias” para negar apoyo a “las organizaciones que constituyen amenazas al hemisferio” y destruir las conexiones entre el narcotráfico, las redes terroristas “y otras actividades de apoyo al terrorismo”. Esta definición es de tal laxitudque comprende todo lo que pueda ocurrírsele al jefe del Comando Sur, almirante Jim Stavridis. La misma imprecisión tiene la ley argentina de represión al financiamiento del terrorismo. Sancionada en junio por presión de Washington, creó la figura de la asociación ilícita que se proponga aterrorizar a la población o imponer condiciones a un gobierno o a una organización internacional. Para ser considerada terrorista la asociación debería propagar el odio étnico, religioso o político; integrar redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos “o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro” la vida o la integridad de un número indeterminado de personas (como un palo, un cuchillo de cocina, una cadena, un adoquín o una botella con combustible). El CELS la impugnó en el Congreso, por su incompatibilidad con la Resolución 1566/2004 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que circunscribe la definición de terrorismo a los actos “cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes”. En cambio la ley promulgada criminaliza la mera participación en una asociación ilícita destinada a la genérica “comisión de delitos”. El Poder Ejecutivo explica que también la ley alemana usa esa forma abierta de tipificación, como si la justicia alemana ofreciera las mismas garantías que los tribunales federales de Tucumán o Salta.
El Comando Sur intensificará “las reuniones subregionales y hemisféricas con las naciones socias” para interrumpir la producción de drogas ilícitas y apoyar la interdicción del narcotráfico; compartirá información e incrementará “la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento” en áreas de “frágil gobernabilidad”, como la Triple Frontera. Incluso controlará “migraciones masivas” y buscará “terceras naciones dispuestas” a recibir a sus víctimas. También procurará que las denominadas organizaciones terroristas “no reciban legitimidad política” e instalará centros regionales de búsqueda y rescate, conducción para suboficiales, lucha contra el terrorismo, ayuda humanitaria, respuesta ante desastres, derechos humanos y planificación y entrenamiento “para proveer educación y búsqueda de oportunidades”. Similares instrumentos se emplearon entre las décadas de 1950 y 1980 con el propósito de enfrentar “la agresión comunista”. Así como entonces se planteaban los operativos de acción cívica, ahora la estrategia incluye “la gestión de crisis y respuesta de las naciones socias frente a desastres”. El Comando Sur asegurará “la libertad política y económica, con respeto a la dignidad humana” (no dice si llevará a militares o policías de la región a Guantánamo) y ayudará a las naciones socias a estrechar “relaciones civil-civil en áreas como la agricultura, el comercio, la justicia” y a fortalecer las instituciones de apoyo al sistema democrático (como la policía). Así ayudará a las naciones socias “a mejorar el entendimiento de los vínculos entre sus estructuras estatales, como así también con la seguridad interna, soberanía y cooperación”. El documento exalta el trabajo con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para inculcarles “la subordinación a las autoridades civiles, el respeto a los derechos humanos y a las reglas legales”. La contradicción es insoluble, ya que las reglas legales prohíben a militares y policías hacer aquello que el Comando Sur les propone.
El documento enfoca su atención en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el terrorismo y el delito.
Para 2016 el Comando Sur debería haberse transformado en un entre “de naturaleza conjunta e interorganizacional”, un organismo cívicomilitar que trabajará con instituciones públicas y entes privados o no gubernamentales de los países americanos. Desde hace medio siglo Estados Unidos promueve contactos directos con las Fuerzas Armadas del continente soslayando a las autoridades políticas. Pero ahora avanza sobre otras áreas de gobierno y organismos privados, en contacto directo con los ministerios del Interior, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, gobiernos provinciales y otras dependencias. En el territorio de Estados Unidos la separación entre tareas de Defensa y de Seguridad es tan rígida como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sudamérica.
La nueva estrategia contempla reducir “las amenazas de las armas de destrucción masiva” (que no existen en la región), y una acción combinada con “las naciones socias” para negar apoyo a “las organizaciones que constituyen amenazas al hemisferio” y destruir las conexiones entre el narcotráfico, las redes terroristas “y otras actividades de apoyo al terrorismo”. Esta definición es de tal laxitudque comprende todo lo que pueda ocurrírsele al jefe del Comando Sur, almirante Jim Stavridis. La misma imprecisión tiene la ley argentina de represión al financiamiento del terrorismo. Sancionada en junio por presión de Washington, creó la figura de la asociación ilícita que se proponga aterrorizar a la población o imponer condiciones a un gobierno o a una organización internacional. Para ser considerada terrorista la asociación debería propagar el odio étnico, religioso o político; integrar redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos “o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro” la vida o la integridad de un número indeterminado de personas (como un palo, un cuchillo de cocina, una cadena, un adoquín o una botella con combustible). El CELS la impugnó en el Congreso, por su incompatibilidad con la Resolución 1566/2004 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que circunscribe la definición de terrorismo a los actos “cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes”. En cambio la ley promulgada criminaliza la mera participación en una asociación ilícita destinada a la genérica “comisión de delitos”. El Poder Ejecutivo explica que también la ley alemana usa esa forma abierta de tipificación, como si la justicia alemana ofreciera las mismas garantías que los tribunales federales de Tucumán o Salta.
El Comando Sur intensificará “las reuniones subregionales y hemisféricas con las naciones socias” para interrumpir la producción de drogas ilícitas y apoyar la interdicción del narcotráfico; compartirá información e incrementará “la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento” en áreas de “frágil gobernabilidad”, como la Triple Frontera. Incluso controlará “migraciones masivas” y buscará “terceras naciones dispuestas” a recibir a sus víctimas. También procurará que las denominadas organizaciones terroristas “no reciban legitimidad política” e instalará centros regionales de búsqueda y rescate, conducción para suboficiales, lucha contra el terrorismo, ayuda humanitaria, respuesta ante desastres, derechos humanos y planificación y entrenamiento “para proveer educación y búsqueda de oportunidades”. Similares instrumentos se emplearon entre las décadas de 1950 y 1980 con el propósito de enfrentar “la agresión comunista”. Así como entonces se planteaban los operativos de acción cívica, ahora la estrategia incluye “la gestión de crisis y respuesta de las naciones socias frente a desastres”. El Comando Sur asegurará “la libertad política y económica, con respeto a la dignidad humana” (no dice si llevará a militares o policías de la región a Guantánamo) y ayudará a las naciones socias a estrechar “relaciones civil-civil en áreas como la agricultura, el comercio, la justicia” y a fortalecer las instituciones de apoyo al sistema democrático (como la policía). Así ayudará a las naciones socias “a mejorar el entendimiento de los vínculos entre sus estructuras estatales, como así también con la seguridad interna, soberanía y cooperación”. El documento exalta el trabajo con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para inculcarles “la subordinación a las autoridades civiles, el respeto a los derechos humanos y a las reglas legales”. La contradicción es insoluble, ya que las reglas legales prohíben a militares y policías hacer aquello que el Comando Sur les propone.
