(Luis Evelis Andrade, Mayo 23 del 2000)
De acuerdo a las discusiones sostenidas en diversas reuniones por los pueblos indígenas del Pacífico sobre el concepto y el proceso de construcción regional ellos consideran que la Agenda Pacífico XXI debe considerar los siguientes aspectos:
Se considera que el momento Actual es una oportunidad histórica de cambio que se debe aprovechar para intentar corregir las desigualdades existentes y debe mirarse como un aporte de la región y nuestros pueblos a la generación del nuevo país que tanto anhelamos.
Dentro de ese contexto lo primero que se debe buscar es un consenso sobre cuál es el tipo de región que se requiere hacia el futuro. Será una región subdividida administrativamente? Será una región centralizada? Será una región definida exclusivamente por las entidades territoriales indígenas y por los territorios colectivos de comunidades negras?.
Es necesario preguntarse sobre el objetivo u objetivos de la construcción de región pacífica. Será para ajustar el territorio a las necesidades que impone el proceso de globalización?, será para lograr un desarrollo sostenible?, Será para eliminar las disparidades del desarrollo que se han dado en Colombia?, Será para descentralizar el centralismo y someter a sus subregiones a un nuevo tipo de centralismo?, La respuesta a estas preguntas implica la necesidad de esclarecer cual es la filosofía del proceso de construcción regional.
El proceso de AGENDA PACIFICO XXI, refleja en gran medida las expectativas de gran parte de la población del pacífico Colombiano, especialmente de aquellos sectores, como nuestros pueblos, tradicionalmente desconocidos en la toma de decisiones y sometidos al abandono y marginalidad. Estos elementos nos indican que la construcción de región debe darse desde una perspectiva descentralizada y a la vez subregionalizada que de cuenta, tanto de sus procesos de urbanización como de la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas y Territorios Colectivos de las Comunidades Negras, que tenga definida claramente su finalidad política, económica, cultural, social y étnica. Así como el interés de impulsar un modelo de desarrollo que sea sostenible ambiental y étnicamente.
De lo anterior se desprende que la construcción de región en el pacífico exige la redefinición de la actual política de descentralización administrativa y la desconcentración tanto de los recursos productivos como de servicios. En este sentido es importante desarrollar el concepto de provincia y distrito para que formen parte del concepto de región.
En esta dinámica es necesario considerar lo siguientes pilares fundamentales:
Proyecto político.
En primer lugar la construcción de región debe considerar la existencia de un proyecto político que sea concertado entre los diversos actores de la misma, y en el cual deben confluir objetivos y planes en torno a escenarios futuros de desarrollo económico y sociocultural que en últimas serán la razón de ser de la región y sus base de construcción social, cultural y política. En este sentido el proyecto de Agenda Pacífico XXI se constituirá en ese proyecto político que se requiere si logra sentar las bases para la creación y consolidación de una sociedad regional en la cual las instituciones públicas, sus clases políticas, organización productiva y grupos étnicos superen las visiones estrechas de lo local y departamental hacia una visión de identidad regional que favorezca la cohesión social de la región y no se convierta en una cuenta de cobro que se le pasa a los grupos mas débiles y vulnerables, es decir si se reconoce y respeta la diferencia. Sólo de esa forma la Agenda Pacífico XXI podrá ayudar a que tanto los grupos sociales como étnicos, se movilicen tras la realización del proyecto político.
La conformación de una sociedad regional con estas características será la única que pueda establecer un nuevo pacto de relación de la región pacífico con la nación Colombiana y evitar que su representación sea asumida exclusivamente por los grupos políticos tradicionales.
Igualmente es necesario advertir que este proyecto político debe apuntar a la configuración de un proyecto cultural, sobre la base del reconocimiento de la diversidad cultural en todas sus dimensiones, dado que así como la diversidad ambiental ofrece posibilidades diferenciadas de desarrollo social y económico, la diversidad cultural, plantea un tratamaniento diferenciado del territorio por las concepciones que subyace en cada pueblo.
A fin de crear conciencia sobre una identidad regional la AGENDA PACIFICO XXI como proyecto político de largo plazo debe apuntar a crear mecanismos de articulación entre las diversas manifestaciones culturales y los grupos étnicos.
La autonomía
La autonomía es un pilar fundamental para la construcción de región, pues es mediante ella que se resuelve y define los mecanismos de administración y planificación del desarrollo regional. Es tener capacidad de gestionar en forma propia los asuntos que sean de su interés. Debemos entender que la autonomía es un poder y éste dependerá de la manera como se resuelvan interrogantes ligados a la distribución de funciones, competencias y recursos entre la nación, la región y sus entidades territoriales locales. Y por ello, como decíamos anteriormente se debe evitar que en el proceso de construcción de región se reproduzca la estructura burocrático del departamento y los esquemas centralistas de la nación para no repetir lo que hasta ahora ha ocurrido en el sentido de que a los municipios se les han asignado competencias sin contar con los recursos para darles concreción y cumplimiento.
Es de advertir que la autonomía implica tener capacidad administrativa y de planificación para poder negociar con la nación el aspecto fiscal, administrativo y legal necesario para su conformación.
Pero igualmente es necesario dentro de este pilar fortalecer y constituir las relaciones de la región con las Entidades territoriales Indígenas y los Territorios Colectivos de Comunidades negras, De no resolverse ello dudamos que se pueda adelantar un verdadero proceso de constitución regional.
Integración funcional.
Es importante en el diseño de la región pacífica mirar lo concerniente a las relaciones funcionales que deben existir en la región dado que esta no es homogénea y de tener como fin facilitar el desarrollo armónico de las entidades territoriales que las conforman, pues a mayor articulación son mayores las posibilidades de proyectos de inversión regional distribuidos en forma equilibrada en todos los espacios subregionales.
Para desarrollar este pilar de integración funcional se debe tener en cuenta por un lado las condiciones físico Ambiéntales de la región y los desarrollos tecnológicos para no caer en procesos de integración funcional débiles como serían si se diera una centralidad de estos proceso a partir de los cuatro núcleos urbanos más importantes de la región. Igualmente de esa forma se vitaría que los centros de integración funcional se ubiquen por fuera de la región que se piensa construir (Cali, Medellín, Pereira)
Regionalidad histórica
Es un factor importante para entender el proceso de conformación de región y sus procesos de organización. Como a pesar de las limitantes físicas y las pésimas condiciones de comunicación en la región pacifica se han dado procesos de integración, abastecimiento y conformación de una cultura.
Este pilar plantea la necesidad de realizar una lectura retrospectiva del proceso de organización regional del país y del pacífico, para encontrar los espacios que se fueron desintegrando en todo el proceso de desmembración departamental a la que ha sido sometida la región, ajustándolos a las nuevas realidades sociales y políticas, en función del pilar funcional del territorio.
Dimensión regional
Igualmente es importante definir claramente, aunque parezca simplista y tonto, el tamaño y forma de la región a construir pues ello tiene que ver con la movilidad espacial, la administración y control de la región.
Es necesario en ese sentido resolver la eficacia, en términos espaciales, de las futuras Entidades Territoriales Indígenas y los Territorios Colectivos de Comunidades negras con los centros administrativos de la región..
Conclusiones
Por lo dicho anteriormente podemos concluir que el proceso de Agenda como política debe tener como presupuestos que los habitantes de la región pacifica, en particular sus grupos étnicos, son lo actores fundamentales por tener una cosmovisión propia y una forma particular de establecer relación con el medio ambiente.
Otra conclusión es que la región debe tener como eje central la descentralización y autonomía de las Entidades Territoriales Indígenas y buscar el reconocimiento de los Territorios Colectivos de las Comunidades Negras con el fin de fortalecer la democracia participativa, el desarrollo sostenible, la diversidad cultural y que sea una región espacialmente armónica.
La construcción de la región Pacífico se dará sólo sobre la base de una política de ordenamiento territorial que señale directrices, planes, e instrumentos que coadyuven a la solución de los grandes problemas de marginalidad, destrucción de recursos, integración y desarrollo.
El desarrollo regional del pacífico debe buscar saldar la deuda social histórica que la nación y los modelos económicos desarrollista han contraído con la región.
El proceso de construcción regional debe igualmente, a pesar de no ser mencionado anteriormente, debe igualmente buscar la identificación, caracterización y definición de planes de manejo especial para manejar los factores de violencia que se presentan e instrumentalizar procesos subregionales de paz y convivencia.
Las instituciones, la ley y el desarrollo económico en Colombia
Por Salomón KalmanovitzUniversidad Nacional de Colombia
Resumen: Con base en los aportes analíticos de la historia económica neoinstitucional, el autor realiza una aproximación inicial a la historia jurídico-constitucional colombiana desde su proceso de independencia hasta los recientes desarrollos de la Constitución de 1991. El texto constata la débil tradición liberal y de mercado de la política y la economía colombianas. Tal situación estaría expresada particularmente en la ausencia de una aplicación igual de la ley a la población, una desigual y escasa garantía de los derechos de propiedad y una institucionalidad informal jerárquica y poco promotora de la responsabilidad e iniciativa individual. Ante una realidad así, plantea el autor, es necesario promover un marco institucional que incentive comportamientos individuales acordes con una economía de mercado y propiciadores de una convivencia pacífica en libertad.
A la memoria de Fabio Chaparrocon quien compartí el interésy las lecturas...
1. Introducción
El mercado es más que el cruce de la oferta con la demanda. Su funcionamiento está inmerso en una historia que lo hace posible y en un marco legal que garantiza el cumplimiento de los contratos. Cada operación de mercado tiene detrás unos costos de transacción que pueden ser muy altos y aun prohibitivos, si el entorno legal y el de seguridad no son los adecuados. En lo que sigue se hará una aplicación de la teoría de las instituciones, particularmente en el tema de la justicia, que pueden contribuir a entender un poco mejor el comportamiento de la sociedad colombiana y de sus limitaciones.
La economía capitalista funciona gracias a las instituciones que reducen los costos de información y los costos de transar, que incluyen los de medir y conocer lo que se intercambia. Cómo ya se ha visto, las instituciones sientan las reglas formales e informales de comportamiento de los agentes, establecen los derechos de propiedad y sus límites, facilitan y garantizan los contratos privados y públicos, ofrecen información sobre precios y plazos y generan la atmósfera que es conducente o no al desarrollo. Los agentes económicos se guían además por normas y nociones informales que surgen de la cultura y de la religión.
Así, el mercado es toda una construcción histórica que parte del parlamento y del sistema de ley que este genera. Surge para controlar la arbitrariedad del soberano sobre los comerciantes y empresarios que van emergiendo en el largo intervalo histórico del declinar del feudalismo. El parlamento negocia y aprueba los impuestos a favor del soberano por medio de leyes; a cambio, el soberano se compromete a respetar los derechos de propiedad de los agentes económicos sin recurrir a expropiaciones, préstamos forzosos, tributación confiscatoria de sus patrimonios, encarcelamientos sin fórmula de juicio ni a la falsificación de la moneda o sea a la inflación. El soberano o el poder ejecutivo se comprometen además a invertir los fondos públicos en forma favorable al bien común. Las revoluciones burguesas allanan el camino para el desarrollo económico sostenido de largo plazo.
Este proceso es exitoso en Inglaterra y Holanda y fracasa ostensiblemente en España y Portugal, precisamente por contar con los recursos del tesoro americano y con ello debilitan sus equivalentes parlamentarios o sea las cortes en España. (North, 1993, 146 y ss.) No existiendo una tradición parlamentaria en la metrópoli, sus colonias están más lejos aún de poder desarrollarla. Cabe agregar que existe una especie de círculo vicioso en el cual el capitalismo no puede desarrollarse plenamente porque dentro del sistema basado en la servidumbre y en la esclavitud las instituciones impiden su rápido y sistemático desarrollo; al mismo tiempo, no se producen las clases y la cultura burguesa que ordenan y desarrollan estas instituciones porque no hay suficiente capitalismo. El proceso es tortuoso y no siempre culmina con éxito.
2. Elementos históricos del sistema de ley colombiano
En contraposición a la tesis de Alfonso López Michelsen de que las instituciones de Colombia tienen una estirpe calvinista1, el origen filosófico del sistema español y del colombiano fue católico, pensado por el jesuita Francisco Suárez, en el siglo XVI. Él fundió la visión del mundo feudal, jerárquico, estamental (la aristocracia, la nobleza eclesiástica, los plebeyos ricos, los siervos y los pobres libres, los esclavos) con la de un imperio que requería de cierta funcionalidad. Tal sistema está muy lejos de los principios igualitarios y de libertad religiosa que sentó la reforma protestante y que sistematizó la revolución francesa. Por el contrario, el orden divino inmutable se expresa terrenalmente en las jerarquías políticas que tienen en su cúspide al Papa y al rey, abajo de los cuales yacen nobles, fieles, siervos y súbditos. Cada estamento tiene su propia ley distintiva y así son diferentes los tribunales para cada uno. Los eclesiásticos y los militares no responden por su conducta sino ante sus pares y asi se van repitiendo los fueros especiales para los burgos, los artesanos, otros gremios y toda asociación que logre reconocimiento por parte del fortísimo poder central, dando lugar a la tradición hispánica de personerías jurídicas.
Según Uprimny dentro de la filosofía política tomista y católica existen los conceptos de derecho natural, soberanía popular, el contrato social, el derecho a la resistencia y la supremacía de la ley y fue de ella que se inspiraron los próceres para redactar las constituciones nuevogranadinas. (Uprimny, 135) Sin embargo, estas nociones no llevaban a la constitución de repúblicas basadas en la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, ni que el poder derivara de la voluntad superior del pueblo o de que los dirigentes fueras escogidos por el pueblo, ni siquiera por el pueblo dotado de propiedad.
En el Nuevo Mundo las castas y clases estuvieron fírmemente segregadas y así también "la justicia fue dispensada sobre bases segmentadas y no igualitarias" (Wierda, 202). El dicho de que " la justicia es para los de ruana" que se mira como algo natural y lo es por su largo asiento histórico, se basa en esta tradición puesto que los castigos y las condiciones bajo las cuales se pagan son mucho más intensas para los estamentos de abajo que para los de arriba. Esto también justifica el lugar que tiene la ley especial sobre la ley en general o sean "las leyes o estatutos diseñadas para o que buscan beneficiar un interés particular o a un individuo" (Wierda, 204). Más aún, la ley en general es suspendida o dejada de aplicar bajo los estatutos de emergencia o de estado de sitio que son tan frecuentes que en realidad lo que impera son estas medidas especiales en contra de las normas generales. La ley ad hoc derrota frecuentemente al propio ordenamiento constitucional que de nuevo es muy elaborado para cubrir todas las posibles situaciones, todos los casos. ¿Para que se necesitan bellas leyes que ayudan a todos si en cierto momento, cuando se necesiten aplicar, una emergencia así declarada las puede anular?
En los tiempos coloniales se dieron corregidores de naturales, tenientes de corregidores, que después evolucionaron hacia alcaldes pedáneos que actuaban como jueces de los pueblos de blancos, de castas o libres cuando ya la población aborigen sometida a tributo había sido mermada, mientras que para los asuntos de las personas importantes o para los reclamos de los pueblos estaban los oidores (Herrera). Con los borbones se consolidó una tradición centralista que se empeñó en controlar en detalle la vida primero del súbdito y continuando con la tradición, ya en la República, la del muy imperfecto ciudadano.
El sistema legal era muy elaborado, sistematizado y concordante, solemne y formal. Como toda la actividad económica y política de los súbditos - que no ciudadanos, individuos libres - debe ser estrechamente controlada, la legislación incluía demasiadas circunstancias posibles, dando lugar a una tradición legal de casuismo sofocante. El régimen centralista siempre desconfía de sus subordinados.
Por un tiempo hay un sistema legal que se acata pero no se cumple, en la medida en que la Corona no establece una administración centralizada, pero esta situación cambia temporalmente cuando los borbones recrean el virreinato, controlan más rigurosamente a los súbditos e imponen fuertes tributos (McFarlane, 372). Se recoge una tradición de simulación, en la que se cubre la apariencia pero se evade el contenido. Es la picardía española, expresada en su literatura como personas descaradas, desobedientes frente a la ley y la religión pero actuando en forma simpática, bufonesca; son personas traviesas y de mal vivir, no rebeldes del todo, que actúan sobre todo cuando el otro no está mirando, en las que el engaño entre las personas y la autoridad es mutuo y permanente. El pícaro se vuelve incluso un héroe popular y el engaño y el incumplimiento obtienen amplia aprobación social2. Para Weber, "este dominio general de la absoluta carencia de escrúpulos, cuando se trae entre manos la imposición del propio interés en la ganancia de dinero, es una condición muy particular de países cuya desarrollo burgués capitalista se muestra 'retrasado' con respecto a la medida evolutiva del capitalismo en Occidente". (Weber, 34) La contrapartida es la desconfianza entre los ciudadanos y entre estos y la autoridad, a la vez que freno al desarrollo capitalista.
La insurreción comunera es una reacción contra el proceso de centralización y sus correspondientes cargas tributarias despóticamente incrementadas. Sin embargo, no llega a expresar la demanda por construir un parlamento que decidiera, con la participación de los afectados, el monto y destino de los impuestos, que es el acto económico fundacional del Estado burgués. Se protesta contra el mal gobierno sin cuestionar el poder del rey y sin contemplar la posibilidad de una representación regular en el poder. En la Independencia no hay ninguna tradición parlamentaria y la que se comienza a desarrollar está liderada por terratenientes, con pocos vínculos de mercado; hay escasos comerciantes criollos, pues la actividad internacional la concentran los chapetones. Se establecen juntas locales, basadas en los cabildos, que prontamente se enfrentan entre si por la carencia de un poder central que ha sido disuelto. Este período será llamado la "patria boba" por los historiadores tradicionales, pero lo que sucede no es estúpido sino consecuencia natural de la carencia de un espacio nacional y de una tradición parlamentaria.
Después de la Independencia, hay cierto rechazo a la tradición legal española y se abraza el código bonapartista que es el de la república imperial francesa, muy centralista, que pretende controlar de cerca al ciudadano. Pero se dejan por fuera los elementos anti-gremiales del código y no se procede a la liquidación de los fueros especiales. Mientras el código era radicalmente anti-feudal e individualista, el régimen legal de facto era estamental y corporativo, protegía el derecho de propiedad extensivo de los hacendados y legitimaba las relaciones de servidumbre en las haciendas, al ignorarlas. Simplemente no se consideró que había contradicción entre el régimen legal y las formas de producción esclavistas y serviles.
El sistema legal nunca obtiene eficiencia por contener estas tradiciones contrapuestas y no toma conciencia de su relación con el desarrollo económico ni con sus raíces, porque no refleja la estructura social. El espacio nacional no se llega a establecer hasta 1830 y de allí hasta 1886 las fuerzas regionales no permiten una unidad nacional, la estabilidad política es precaria, siendo frecuentes las expropiaciones, la destrucción de la propiedad, los préstamos forzosos y el exceso intervencionismo o la falta total del mismo que dejan con escasa estabilidad económica al país.
Se acoge en 1863 un sistema federal copiado de los Estados Unidos pero sin un gobierno federal fuerte, dándose el desmantelamiento del existente mientras que el fortalecimiento de los gobiernos regionales es real pero precario. Se trata de una enfeudización o segmentación en el sentido político, puesto que la ley y el orden están atomizados según qué ejército privado o partidista controle cada estado soberano. Pero a la vez es un experimento en gobierno local que arroja muy buenos resultados fiscales, (Ocampo, 1984, 241) donde se acerca la tributación y la representación. Los baldíos son repartidos generosamente a los militares, muchos de los cuales surgen de abajo, y a las nuevas generaciones de terratenientes, primero nacionalmente y luego por los estados federados.
Los años del federalismo intentaron montar un sistema de justicia similar al de los Estados Unidos con su Corte Suprema de apelación y jueces elegidos por el pueblo pero el espíritu de la ley continuó siendo el estamental que profesaban los abogados y miembros prominentes de la sociedad. El experimento liberal y federal fracasa porque el modelo exportador de tabaco colapsa y la división del poder es excesiva, conduciendo a la anarquía.
En 1886 el radicalismo hispánico inspira una constitución que basa la soberanía en la nación unificada por la religión, que es una forma velada de hacerla fluir del derecho divino. No se reconoce el derecho de conciencia de sus ciudadanos ni a ser representados en forma igualitaria en todas las instancias electivas que copia de las repúblicas parlamentarias de occidente pero sin su contenido básico. Los elegidos por voto indirecto no representan a sus electores y sólo deben pensar en el bien de esa nación católica. En verdad podían actuar poco porque todo el poder quedó concentrado en el ejecutivo. Las cortes de justicia se tornan sectarias y excluyen a los jueces liberales. Frecuentemente el ejecutivo las utiliza para castigar oponentes. Se introduce la pena de muerte y el destierro. La registraduría está en manos del ejecutivo que impide la representación de la oposición en el legislativo. Surge el lema que describe bien la situación: "el que escruta elige". Como el poder no surge del pueblo sino de la divinidad, este puede ser representados arbitrariamente por la autoridad que cuenta con el apoyo eclesiástico o es miembro activo del partido católico. (Caro, 751-760)
La constitución del 86 recentraliza al país y le presta poderes omnímodos a la presidencia, liquidando el poder municipal y regional; se basa en la defensa de los derechos de la propiedad privada y la restricción de las libertades individuales, incluyendo la libertad de religión. El congreso representa muy imperfectamente intereses regionales y aún económicos pues el poder no surge de la sociedad. Se dogmatiza la educación y se le aparta de las profesiones, artes y ciencias que se requieren para el desarrollo del comercio y de la industria y para tener instituciones manejadas por una burocracia proficiente y meritocrática. El clima intelectual es radicalmente hispánico y católico; las riendas de la sociedad política estarán en manos de gramáticos.(Deas, 1995)
El sistema político reproduce en cierta forma a la hacienda, dándose la relación patrón-cliente que refleja la de patrón-capataz-arrendatarios. El sistema se amplia lentamente a lo largo del siglo XX, incorporando a nuevos actores sociales que van surgiendo y son organizados de nuevo en forma corporativa, gremios de empresarios y sindicatos de trabajadores, todavía segmentados y estructurados verticalmente, relacionándose todos con el gobierno central, sin una representación parlamentaria directa y proporcional.
El estado central es débil en términos económicos y no logra monopolizar los medios de violencia ni puede ofrecer protección a los ciudadanos de su propiedad y vida hasta después de la guerra de los mil días que culmina en 1903 y de allí en adelante sólo en forma temporal. Adquiere mayor legitimidad permitiendo una mayor actividad de la oposición liberal y aboliendo la pena de muerte y de destierro. No se ha conquistado un monopolio estatal de la violencia, no existe el consenso político para concentrarlo en el Estado, y se vulneran frecuentemente no sólo los derechos de propiedad sino también los de vida de los ciudadanos. Sin embargo, como se ha visto en el capítulo 3 de este libro, los derechos de propiedad en las ciudades están bien demarcados y se dan políticas públicas que favorecen directamente la acumulación de capital en la industria y en la banca.
Como se dijo antes, la soberanía no residía en el pueblo sino en una indivisible nación que bien podía aplastar al ciudadano.(Sudarsky, 1997) En cierto momento, López Michelsen afirmó que "nuestro sistema constitucional ha sido siempre el mismo desde 1811 hasta nuestros días". (López, 40) Esta afirmación pasa por alto los intensos vaivenes y guerras civiles que impusieron sobre los contrarios constituciones retóricas y que aún la del jacobinismo católico impuesta en 1886 no comparte mucho ni formalmente ni en contenido con la primera propuesta constitucional de 1811.
Las reformas constitucionales de 1936 sobreimponen elementos de la tradición francesa centralista, como el concepto de Duguit de la condición social de la propiedad privada que vuelve a limitar los derechos del individuo. En las concepciones corporativas de la política, incluyendo las de los países fascistas, la nación precede sobre los intereses particulares y los derechos de los gremios y las asociaciones anteceden a los del individuo. Así el Estado puede expropiar la propiedad privada sin indemnización, suspender las libertades civiles o tomar cualesquiera acción en nombre de ese principio superior no importa que vulnere los derechos del individuo. Si bien todas las interpretaciones progresistas insisten en que el bien social va primero que la propiedad privada, y esta pudo utilizarse sólo para extinguir derechos de propiedad agrarios ineficientes y contra-producentes, lo que pasan por alto es que un régimen muy centralizado utilizará tal principio para vulnerar todos los derechos asociados con el individuo, incluyendo los derechos humanos, desconocerá el habeas corpus, suspenderá la justicia civil, etc.
La dictadura conservadora en medio de la guerra civil en 1948 sectarizó de nuevo la justicia y la entregó a sus seguidores. En efecto, la justicia desaparece como tal y posteriormente el Frente Nacional no tendrá las herramientas para reparar el enorme daño asi causado, puesto que no introducirá el concurso de méritos sino en términos enunciativos y de simulación porque que hay un reparto político minucioso de todas las instituciones.
La Constitución de 1991 presta un mayor reconocimiento al individuo, le reconoce libertad de conciencia y abandona la protección especial de la Iglesia Católica por parte del Estado, aunque sin resquebrajar mucho sus múltiples relaciones. También reconoce explícitamente los derechos humanos, adquiere conciencia sobre el medio ambiente y se moderniza. Existe en la vida práctica un individualismo desaforado que aplasta a los otros individuos y en la legislación el desconocimiento efectivo de sus derechos en favor de los del grupo, la nación o lo que fuere. El congreso continúa legislando en favor de las asociaciones, entre las cuales se encuentra él mismo, haciéndolo además con desparpajo, y se está lejos de una visión de ley universal y rigurosa. La Corte Constitucional democratiza los privilegios pero está lejos de defender una filosofía de igualdad frente a la ley.
La nueva constitución fortaleció relativamente las regiones en términos financieros frente al gobierno central, que ha debilitado su inmenso poder, con base en el fortalecimiento de las alcaldías, al sistema de justicia encabezado por la fiscalía y la Corte Constitucional o al poder de veto sobre el gabinete que puede ejercer el congreso pero que poco ha utilizado. Se reconocen los derechos de nuevo especiales de las minorías negras, las comunidades indígenas y de las mujeres con el mismo enfoque tradicional de que a cada grupo o asociación se le puede otorgar una concesión especial. En vez de enfrentar el gran problema de que la ley debe ser estrictamente igual para todos los ciudadanos, las reformas profundizan las tradiciones estamentales y la herencia feudal de segmentación y desigualdad que contiene el sistema de justicia colombiano. Cualquiera que lo demande con suficiente fuerza tendrá acceso a algún privilegio.
Habrá el argumento marxista de que la justicia es siempre de clase, lo que no deja percibir estos elementos sustanciales a ella y que son fundamentales para entender la sociedad: en Colombia existe un sistema de justicia que no le sirve ni a la clase dominante ni a ninguna otra clase. Los empresarios han desarrollado un sistema cuasi-jurídico para evadir la corrupción e ineficiencia del sistema legal que es el de la conciliación y el arbitraje. Las divergencias en los negocios se zanjan amistosamente en las cámaras de comercio para no ser sometidos a las extorsiones y a las arbitrariedades presentes en buena parte de los juzgados del país.
Se da una enorme distancia entre las reglas legales y la práctica. Las primeras reflejan hondos principios que son acomodados permanentemente a los intereses predominantes. La legislación regular se vulnera sistemáticamente por el estado de sitio y en la actualidad por las distintas emergencias (de orden público, económica, jurídica, penitenciaria, etc.) que permiten al ejecutivo disponer de todos los poderes para conjurar la situación que nunca vuelve a ser normal. Según la Corte Constitucional, "el estado de emergencia (económica) puede...autorizar al ejecutivo a regular materias íntimamente ligadas a la representación política y a la deliberación democrática, como son las relativas al presupuesto y a la imposición de tributos" 3/. Los estados modernos tienen en su esencia la consigna de la revolución norteamericana, "no hay tributación sin representación" y ese principio no se puede vulnerar en ningún instante. Lo más destacable en ello es impedir que el Estado desarrolle una conducta predatoria que impida o frene el desarrollo de la acumulación privada de capital. En Colombia, cada vez que haya cualquier movimiento no ordinario, el gobierno puede declarar una emergencia y, con ella, imponer tributos a unos agentes desposeídos "momentáneamente" de representación política en momentos críticos.
Sin embargo, la constitución de 1991 hizo ese camino más difícil de transitar para el gobierno que tiene que tener una justificación mayor para quebrantar el principio fundamental del estado burgués y se la otorga una corte independiente. Hay, por lo demás, una juridimanía que consiste en enfrentar problemas muy diversos con nuevas leyes, haciendo creer que estas contribuirán en algo a solucionarlos mínimamente. Cuando la autoridad no puede hacer mucho, no pierde nada con hacer aprobar una ley que aparenta ayudar a resolver el problema.
3. Una digresión religiosa.
Es un hecho que las nociones morales contenidas en la religión influyen grandemente en los sistemas de ley de las naciones. Las normas no escritas que están en el corazón de las personas, marcadas por la ética y por la religión, inhiben a los individuos a actuar en contra de los intereses de otras personas, incluyendo sus patrimonios y sus vidas. Una de las grandes fallas de la teoría neoclásica de la economía es que si se cumpliera su más importante precepto - la maximización de la utilidad por cada individuo - habría una constante guerra social, cada cual persiguiendo estrechamente su beneficio. Esa parece ser bastante la situación de Colombia en el plano social, político y aún en el del tráfico vehicular lo que la coloca como uno de los países de mayor índice de criminalidad en el mundo y gran vulnerador de los derechos humanos.
Las nociones de respeto al prójimo, solidaridad y el cumplimiento de los mandamiento básicos son los que garantizan cierta armonía social. Un debilitamiento de estas nociones de bien y mal contribuye también a que la criminalidad tenga menos limitantes o que incluso se combinen perversamente los valores religiosos con los actos delictivos. O que se de una masiva desobediencia civil de las reglas elementales de seguridad y convivencia.
Se argumenta que el Cristianismo sentó las bases para el desarrollo del individualismo y del sistema corporativo de la empresa y del Estado que surgió penosamente en Europa entre los siglos X y XIII. El primer elemento del desentrañamiento del individuo con relación al poder del señor o del soberano lo planteó San Agustín en "La ciudad de Dios" que desafiaba el poder terrenal por el de la Iglesia. Esto planteó la posibilidad de que el individuo tuviera una opción distinta a la de obedecer ciegamente al soberano y por lo tanto incrementó la libertad política. Un elemento adicional fue favorecer las herencias de los nobles a favor de la Iglesia mediante una política que favoreció la libertad del individuo frente a la familia La Iglesia apoyó la idea del amor romántico y a los cónyuges que quisieran casarse sin el consentimiento de sus familias. Incentivó también la virginidad de las doncellas y a que las viudas no volvieran a contraer nupcias con el mismo propósito de asegurar una mayor posibilidad de que sus patrimonios fueran legados a la Iglesia. Por otra parte, el sistema de ley comercial y las garantías hipotecarias que arrastraban los préstamos que le hacia la Iglesia a los nobles contribuyeron al desarrollo del comercio y a la inversión. La propia organización financiera de los monasterios y de la Corporación de la Iglesia utilizaron técnicas contables rigurosas y sistemas colegiados de administración que están detrás de las formas modernas de organización empresarial.(Lal, 81-85)
Sin embargo a partir del siglo XVII la doctrina cristiana pareció inadecuada para justificar el capitalismo y para disciplinar la población frente a las nuevas circunstancias. Surgió la reforma protestante en varias regiones europeas que criticó la laxitud de la Iglesia y su participación en la vida cortesana, estableciendo una relación directa entre el individuo y Dios. Con ella se dio un turbulento siglo de guerras religiosas. ¿Por qué había necesidad de una ética más acorde con los nuevos tiempos? El catolicismo se basa en una ética que defiende la autoridad y la fe por encima de la racionalidad secular y en este sentido limita al individualismo y no está de acuerdo con la soberanía popular como una extensión de la libre individualidad. Esta ética tiende a identificar la riqueza con el pecado y obstaculiza el desarrollo del crédito al confundirlo con la usura. Condena también el ahorro, tan necesario para garantizar un rápido crecimiento económico, como avaricia. Impide desarrollar el individualismo y sobre todo la responsabilidad que lo debe acompañar. El problema de fondo dentro del latitudismo católico es que las virtudes burguesas se constituyen en vicios morales. Es notoria la falta de previsión en estas sociedades porque el individuo no está enfrentado consigo mismo para obtener la salvación sino que la religión y la autoridad le garantizan el cielo mediante la confesión y la penitencia y, al no tener que preocuparse por ella ni de responsabilizarse de su suerte, no mira hacia adelante.
Los calvinistas introdujeron la noción del perfeccionamiento del individuo para alcanzar la gracia y eso incluía la acumulación racional de riqueza, como una de las tantas evidencias de la gracia divina. Condenaron el consumo conspicuo y ahorraron con fervor. Desplegaron una intensa labor educativa tanto de alfabetismo - para poder leer la biblia y entrar en contacto directo con Dios - como de trabajo duro, ahorro persistente y vida sobria que alejaron a muchos del alcoholismo y del juego. Todos estos factores jugaron un papel importante en el rápido desarrollo económico que lograron los países protestantes. Crearon instituciones de asistencia social que probaron ser muy exitosas para rehabilitar y educar a los marginados de la sociedad, volviéndolas productivos sin menoscabar su valía.. Siendo la salvación un problema del individuo y su relación con Dios privada, emergió una gran tolerancia para con las creencias de cada cual, quizás también porque las suyas habían sido tan encarnizadamente perseguidas..
Según Gorsky, "El calvinismo promovió la disciplina social en tres niveles: primero, internalizó una ética de auto-disciplina en los creyentes como individuos; segundo, inventó una variedad de estrategias institucionales para mantener la disciplina colectiva dentro de la iglesia; y tercero, promovió reformas sociales dirigidas a incrementar la disciplina del pueblo. Cuando tales movimiento se aliaron con élites políticas en auge, particularmente los burgos urbanos y las monarquías en proceso de centralización, el resultado fue una profunda transformación de la vida social e institucional, una revolución disciplinaria, con efectos muy pervasivos en la formación del Estado". (Gorsky, 266)
Nótese como la idea del individuo libre, soberano y responsable ante Dios precede la revolución política burguesa.
Una ética poco adaptada al capitalismo, como la derivada del catolicismo en su versión de la colonización española4, tuvo algo que ver con el proceso de deterioro de la ley en Colombia, pero hasta cierto momento histórico ella fue suficiente para contener los peores impulsos de la mayor parte de la población, haciendo que Colombia fuera un país "normal" en términos de las muertes anticipadas de sus habitantes hasta mediados de este siglo. Era una relativamente apacible nación, dirigida oligárquicamente, con la mayor parte de la población amarrada a las haciendas o en parcelas independientes, con pequeñas y bucólicas ciudades.
El desarrollo capitalista desajustó todo eso y la guerra civil de los años cincuenta arrasó con la paz y con el sistema de justicia. Hay que decir que Colombia no pasó por procesos sociales de disciplinamiento e interiorización de una ética inhibitoria, como el que desplegaron los protestantes en Inglaterra, Holanda y Alemania.
Existe un claro proceso de reforma dentro de la Iglesia Católica basado en la teología de la liberación que puede estar repitiendo algunos de los pasos dados por Lutero y Calvino en el siglo XVII. Las coincidencias son el énfasis en la vida terrenal, en el comportamiento cotidiano de los fieles que debe ser ejemplar y solidario o sea más énfasis en la conducta que en el rito, la solidaridad y en la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, y de nuevo una fuerte oposición al carácter jerárquico y centralizado de la Iglesia. Plantean claramente la necesidad de la igualdad de todos los ciudadanos, en especial de los más pobres, retomando una aspiración liberal. Sin embargo, las formas de acción son colectivas y no individuales y la forma de perfeccionamiento es la acción política. Se mantiene una actitud crítica tradicional contra la ganancia y el crecimiento de la productividad y la acción colectiva para reducir la primera y frenar la segunda. La educación se orienta en ese sentido para mejorar la efectividad de su acción política en la conquista de sus derechos, neutralizando de algún modo las campañas proselitistas de los protestantes organizados y sus sectas.(Stoll, 41) En este sentido constituyen desde un punto de vista institucionalista un sector que está por la redistribución del poder político y de la torta económica y no como un factor que incida en el desarrollo de la iniciativa individual responsable y en el desarrollo de la producción. Sin embargo, educan para lograr un comportamiento consistente con el respeto y amor por el prójimo.
El protestantismo en Colombia , por otra parte, cuenta entre 2.5 y 3 millones de fieles - alrededor del 8% de la población - y tiende a ser una fuerza que responde en algún grado a las fuerzas disipatorias de la sociedad, habiendo arraigado en sectores de bajos ingresos que se han podido superar con la auto-disciplina que provee la fe. Son también resultado de la influencia de las iglesias norteamericanas, en particular de los movimientos evangelistas, para propagar su fe en territorios y poblaciones accesibles. Sin embargo, al contar con parroquias de pobres, no han podido evitar plantear acciones políticas que mejoren la suerte aquí y ahora de sus feligreses y en ello han coincidido con movimientos liderados por la teología de la liberación. Algunos financiados por la derecha protestante han pretendido obviar el problema social y han apoyado régimenes que muestran muy pocas virtudes cristianas. Las nuevas variantes de pastores milagreros y asambleas convulsivas se apartan mucho de la frialdad calvinista y no van a interiorizar una ética rigurosa ni una disciplina civil.
Tanto el evangelismo y el protestantismo más la reforma católica no alcanzan a cubrir una parte importante de la población colombiana y lo accesible es la concepción católica tradicional que se muestra cada vez menos apropiada para ofrecer soluciones. La razón para ello es que la tradición hispánica y católica no contribuye mucho al desarrollo de un sistema de justicia igualitario y eficiente ni a una ética compatible con el capitalismo, que enfatice la responsabilidad individual o que contribuya a la construcción de un Estado sólido y justo que lleve a armonizar la sociedad, a limitar los abusos y a reducir la criminalidad. Eso se hace más difícil aún cuando no existe autoconciencia del sistema legal que tenemos ni de su historia. El historiador Malcom Deas observaba sorprendido que no hubiera una historia del derecho en Colombia a pesar de la proliferación de facultades y de egresados, (Deas, 1995b) mientras que si la hay para la mayor parte de las ciencias y profesiones del país. Los abogados que se vuelven críticos de su profesión se van hacia la ciencia política o la filosofía pero son escasos los que piensan en el papel que ha jugado y está jugando el sistema legal en el desarrollo económico del país.
4. Los problemas de la ley
Dado el debilitamiento de la religión como base del sistema legal colombiano, se puede inferir que el país está muy mal en ley y orden, buena parte de lo cual se deriva además de fallas protuberantes del propio sistema legal que surgen de la escasa y pobre tradición parlamentaria. Todavía hoy se puede afirmar que falta un trecho para que haya un parlamento que contemple el desarrollo de largo plazo del país en términos rigurosos, comprometido con ese desarrollo. En las ciudades los concejos son manejados por los urbanizadores piratas, los transportistas o por políticos profesionales sin formación alguna que han deteriorado el clima urbano, y la suerte de las empresas municipales que han sido frecuentemente canibalizadas, sumiendo a las ciudades en el caos social.
La calidad de la legislación tiene que ser deficiente cuando pocos de los congresistas tienen un alto nivel académico, algunos tienen más aspiraciones personales que altruistas, están ligados a grupos de interés retardatarios, de grupos industrial-financieros o simplemente ilegales. El resultado es un sistema de ley poco concordante, confuso, unos sistemas de penas poco rigurosos para el crimen en general, y así mismo, el entorno se hace más contraproducente para el desarrollo del mercado. No hay una ideologia de rigurosa responsabilidad individual que es especialmente notoria en el sistema político. Se prohibe la reelección de funcionarios, lo que quiere decir que el comportamiento no es la medida. de la acción y que el buen político no obtiene reconocimiento ni el malo castigo.
Hay un sistema político basado en clientelas partidistas a las que se les reparten servicios públicos baratos, obras mal diseñadas y puestos en los gobiernos locales. Siguiendo la tradición centralista, casi todas las grandes decisiones o las propuestas de ley se toman por el ejecutivo y es aquí donde se concentra el cabildeo de los empresarios que descuidan el Congreso y la elaboración cuidadosa de las leyes. El surgimiento de la Corte Constitucional como una institución que puede intervenir a los otros poderes del Estado, ha desviado parte del cabildeo hacia los magistrados que actúan como representantes no elegidos y legisladores.
Los problemas del sistema. legal son el alto grado de congestión, la lentitud de los procesos, expresado en el lema "la justicia aplazada es justicia negada" (Stone et al, 97), la dificultad de acceso a la justicia y la impunidad generalizada5. El problema no es definitivamente de recursos que han crecido mucho más rápido que la población y el producto durante los ú1timos 25 años, a la vez que aumenta vertiginosamente el rezago en los procesos y la congestión de los tribunales: Mientras que en 1970 la justicia consumía el 0.55% del PIB, en 1996 es 1.14% del mismo lo que coloca a Colombia en la vanguardia de los países de América Latina que más dinero destina a la justicia. (Comisión.., p. 5.). Es un claro caso de ineficiencia social que en buena parte surge del atraso técnico, la pobre formación superior y del espíritu formalista del sistema; definitivamente, el problema no se corregirá adjudicándole más recursos.
Lo que informa a los ciudadanos ese sistema es que el crimen es rentable. En verdad, la impunidad aumenta geométricamente la rentabilidad del crimen. Por ello tenemos altas tasas de criminalidad más del mundo, de 88 homicidios por 100.000 habitantes en 1996, superando ampliamente al segundo, Brasil, que sólo tiene 24 homicidios por cien mil habitantes. Este índice ha tenido un descenso posterior importante, sobre todo influido por el descenso en Bogotá, de casi 50% basado en el desarme de la población urbana y por la restricción en el consumo de alcohol obligando a los expendedores a cerrar temprano sus establecimientos.
Según Fernando Gaitán, "a partir de 1946 se quebró la capacidad institucional de brindar justicia. Pese a los esfuerzos por restablecer el orden, la violencia nunca descendió a niveles normales internacionales ... El derrumbe total del sistema, producto de la emergencia definitiva del narcotráfico y en menor medida de la guerrilla, en una relación de doble vía con la debilidad de la justicia permitió entre 1978 y 1984 un desborde de todo tipo de delincuencia, o lo que es lo mismo, un nivel altísimo de impunidad. En la medida. en que el delito en general no fue castigado, las personas encontraron en la violencia rentabilidad y una forma de sustituir la justicia ineficaz". (Gaitán, 403)
Se podría afirmar que después de 1950 la sociedad de masas desbordó al sistema de justicia y la ética católica se desdibujó frente a las normas de comportamiento a las que induce el capitalismo (control de la natalidad, divorcio, hedonismo y consumismo, individualismo, etc.). Sin sistema de justicia. y sin normas interiorizadas, la criminalidad se disparó, la impunidad se apoderó de la sociedad y el individualismo desaforado se impuso por doquier.
Cualquier sistema que deba ser imparcial para que funcione tiene que basarse en el concurso y la excelencia y no en los nombramientos basados en criterios políticos. Ello también facilitó la pérdida de calidad de la enseñanza del derecho, porque para sobresalir se requería más influencia que proficiencia. De esta manera se hizo difícil obtener un sistema legal avanzado, impersonal y objetivo que fallara en razón y no por influencia o por política.
La introducción de la fiscalía con la reforma constitucional de 1991 ha traído un aceleramiento en el ordenamiento de los procesos, especialmente los más protuberantes por narcotráfico y corrupción, que han sentado un importante precedente en el país y ha informado a las grandes organizaciones delincuenciales que sí tiene un costo alto el operar dentro del país (Comision, 7). Siguen habiendo discriminación ampliamente aceptada en favor de los criminales de cuello blanco, como detención domiciliaria, pabellones de lujo en las cárceles, casas fiscales para los políticos que delinquen y clubes militares para los delincuentes de bien. La mejor remuneración de los jueces ha dignificado el cargo y los mayores recursos destinados al sistema han conseguido modernizarlo un tanto, pero no se han evidenciado grandes mejoras en las estadísticas del sector. Hay cuatro millones de procesos judiciales esperando salida o sea que uno de cada cinco adultos colombianos está empapelado y todavía se producen más procesos anualmente de los que son saldados.
La ley es previsible cuando se basa en los fallos judiciales antecesores que van acumulando una doctrina, y cambiando marginalmente en la medida en que se agregan nuevos juicios, ?es el caso de la ley del común anglosajona que se basa originalmente en la elección de árbitros de mutuo acuerdo por personas en conflicto - lo que reduce los costos de transacción de los agentes que tienen ante sí un sistema legal conocido y bastante previsible, reduciendo la incertidumbre entre las partes contractuales, pero a la vez permitiéndole flexibilidad al sistema (North, 1993, 126-127 ). Así, se evitan las disputas cuando saben que las van a perder o las emprenden porque conocen con buena posibilidad el resultado.
En contrario, el sistema colombiano es imprevisible porque caben muchas interpretaciones de un mismo texto de ley, dado el carácter formalista del derecho y su pretensión de describir y abarcar todas las posibilidades casuísticas. Así, existen contradicciones entre el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que no hacen sino aumentar la imprevisibilidad y el riesgo en la toma de decisiones económicas o contractuales. La interpretación de la tutela, con la posibilidad de reabrir cualquier proceso sin importar la fecha, informa que no hay ninguna decisión jurídica que esté en firme. La Corte Constitucional misma ha enmendado sus propios fallos anteriores prestándole inseguridad a su jurisprudencia. La falta de rigor en la educación del derecho conduce también a la proliferación de opiniones de a1gunos de los jueces más iletrados. Por lo demás, los procesos pueden demorar muchos años y entonces los conflictos quedan sin solución o, finalmente, los contendores pagan ambos sobornos que dejan el resultado del juicio a favor del que pague más.
La corrupción tiene también un índice muy alto que informa que los incentivos de muchas de las instituciones que regulan la vida económica son aprovechadas por los funcionarios para enriquecerse, aprovechando y fomentando el racionamiento de los servicios públicos o recibiendo financiamiento de intereses creados o criminales para producir legislaciones favorables a ellos. Si además el sistema está abierto a la corrupción, los fallos no se ajustan a derecho sino al soborno y el que no esté dispuesto a ello tiene costos todavía. más elevados de transacción. De está manera, la ley en sí es una traba grande para el desarrollo de la acumulación de capital y cada empresario conoce que si se mete en un lío jurídico, no importa si eventualmente lo gana, va a tener que pagar un alto precio por ello. La inseguridad jurídica trepa los costos de transacción que se van en consultas con los abogados y pérdidas de capital invertido, como las que pueden mostrar muchas corporaciones financieras en el país.
A veces se legisla por parte del ejecutivo en forma injusta conociendo de antemano que las decretos-ley no van a cumplirse pero sólo con el objeto de empapelar y dejar postrado al que no obedezca, mientras llega el fallo que aclara que la medida es inconstitucional. En general, hay una. actitud ingenua de producir legislación, a sabiendas que el aparato judicial no puede ni remotamente implementarla. Así que se ha pasado del "se acata pero no se cumple" de los tiempos coloniales al que "se legisla para que no se cumpla" en el siglo XXI. Se obtiene entonces la combinación del despotismo centralista con la falta de escrúpulos de los ciudadanos que buscan cómo evadir con argucias y picardía el cumplimiento de la ley.
Cabe una anotación sobre la transformación de Colombia que constituye un síntoma alentador de diversidad religiosa y búsqueda de salidas personales y familiares para la crisis colombiana, representado en el hecho de que más de un 8% de la población se considera a sí misma como protestante y que dentro de ella se mantienen altos códigos de conducta familiar y personal, alientan el estudio y la disciplina laboral, rechazan el alcohol, etc. Sin embargo, proliferan los grupos evangélicos que dejan de ser religiones frías y responsables para tornarse en calientes y ofrecer curaciones milagrosas, etc. Así mismo, se puede señalar el desarrollo de una ética. laica, secular, asociada a las clases medias, y que se expresa en la política de izquierda y del liberalismo ideológico.
5. Otras fuentes de ineficiencia institucional
Las sociedades de las hace parte Colombia son unas donde no hay compromiso con el trabajo sino que existen formas más fáciles de enriquecerse como el crimen o la política. El éxito financiero del narcotráfico es un incentivo a que la gente confíe en que puede trabajar poco y hacerse muy rico: se corren riesgos altos en los Estados Unidos y menores en Colombia, mientras que el que trabaja es un tonto. A la mayor parte de los colombianos le toca trabajar muy duro para poder sobrevivir, pero el ideal es de ir al trabajo un día al mes para cobrar el sueldo, otra ilusión que el clientelismo puede convertir en realidad para a1gunos.
En este contexto, las firmas que tengan inversiones fijas que se amortizan en el largo plazo verán sus perspectivas de obtener eventualmente utilidades seriamente limitadas. Si es necesario esperar dos años por una línea telefónica o pagar un soborno para acelerar el trámite, el servicio ya de por si obliga a un precio mucho mayor que el internacional que es un costo sombra de transacción que no aparece en la contabilidad. Cuando no se obtiene, la firma tiene que recurrir a mensajeros para comunicarse con clientes y proveedores. Mientras tanto, en la empresa de teléfonos hay una organización fantasma que si es eficiente y que explota la renta provista por el racionamiento y la ineficiencia de la empresa madre. Esta tiene mucho personal redundante y sobre pagado que rehúsa el avance tecnológico puesto que este es ahorrador de trabajo y eso no le conviene al sindicato. Menos le conviene que la empresa tenga competencia puesto que así no podría capturar sus rentas con salarios altos y pensiones tempranas. Lo mismo se genera en la empresa de agua y en la de energía, con las l1amadas pérdidas negras que obligan, junto con la ineficiencia de la organización politizada de la empresa, a estar aumentando las tarifas.
La empresa de energía, por ejemplo, es insensible frente a los intereses de sus usuanos, interrumpe con frecuencia el suministro de fluido, ocasionando serias pérdidas a la industria y a los electrodomiósticos de los hogares. Se puede preguntar: ¿que le pasaría a la empresa que esté cambiando de gerente y administración cada pocos años? Obvio que no está absorbiendo las experiencias en el mercado y comete y repite los mismos errores ¿Qué escoge su administración y personal técnico con citerios políticos y no meritocráticos? ¿Que no tiene dolientes propietarios y accionistas? Pues que las decisiones no buscarán reducir costos y aumentar eficiencia y utilidades sino, maximizar los beneficios de la clientela en cuestión y de sus contratistas, a costa del usuario y de la propia empresa. En estás empresas no mandan los gerentes sino los cuadros medios y el sindicato que son los que mantienen una presencia de largo plazo en ellas. Estos constituyen algunos de los incentivos materiales que determinan el funcionamiento de las empresas públicas y como se vé está lejos de la retórica nacionalista y de beneficio común con que sus defensores adornan sus argumentos. Pero también ha sido una negra experiencia la de privatizar las empresas públicas en Colombia, en la medida en que los agentes políticos han logrado enormes comisiones, participación en las nuevas empresas privadas y el otorgamiento de ventajas a los adquirientes.
En el sector privado sucede que para importar un repuesto el agente tiene que pedir una licencia de importación o un visto bueno y lo empapelan. Busca entonces recurrir al correo de las brujas que se lo trae rápidamente de contrabando y ahorrando todos los costos de transacción que introduce la protección y el sistema de permisos. Las rentas que genera la protección no solamente son capturadas por las empresas así protegidas sino por los contrabandistas que las desplazan a su favor, favoreciendo al consumidor con la evasión de impuestos y aranceles. En fin, "con derechos de propiedad inseguros, con leyes a medio cumplir, barreras a la entrada, peajes y restricciones monopolistas, las firmas maximizadoras de ganancias tenderán a tener universos de tiempo corto, poco capital fijo y en baja escala. Los negocios más rentables serán el comercio, las actividades redistributivas y el mercado negro" (North, 1993, 59)
6. Algunos correctivos
La teoría neoclásica sugeriría que para que los mercados funcionen con eficiencia se requiere simplemente tener los precios correctos. Para ella, la política o no existe o es simplemente un obstáculo. Los lemas son: privatice todo lo posible, quite subsidios, flexibilice el mercado laboral e impulse la competencia por doquier. Según la vertiente institucional, el problema es más complejo y pasa por revisar las instituciones, los incentivos y las motivaciones, así como las creencias. Como las instituciones son un resultado histórico, pueden cambiar pero lentamente. Esto sólo significa que el camino de la reforma tomará tiempo: pasa por cambiar las instituciones y los incentivos que ellas generan y debe ir acompañado de cambios ideológicos y políticos que abarquen a la mayor parte de la población y que les preste viabilidad, apoyo. La propia experiencia colombiana con la modernización del Estado informa que pronto encuentra una reacción que echa para atrás muchos de sus avances.
¿Cómo se puede comenzar a corregir el gran desajuste legal colombiano? La primera idea que surge es que toda la ciudadanía y el empresariado deben velar por una representación parlamentaria de alta calidad, tanto administrativa como económica y jurídica, que conduzca a elevar el nivel de legislación, la simplifique, la haga transparente y más efectiva. El empresariado debe invertir mucho en educación, hacerle donaciones a las universidades para que eleven su calidad y su nivel de exigencia y de allí sacar los nuevos cuadros políticos, representativos de todos los sectores sociales. Las clases medias y sus figuras académicas e intelectuales deben ejercer más frecuentemente la política. Todos deben propugnar por profundizar la descentralización política y lograr mayores esfuerzos tributarios regionales propios que le presten independencia a sus gobiernos, bajo la voluntad de enfrentar y resolver los problemas.
Es necesario aumentar el rigor del sistema universitario que está tendiendo hacia la pereza y en particular de las facultades de derecho del país; estas deben exigir niveles mínimos de matemáticas y lógica, introducir el derecho comparado con el de los países desarrollados en términos de la eficiencia institucional, desarrollar un conocimiento y consideración de las implicaciones económicas y sociales de las decisiones judiciales y una ética de conducta basada en el mérito, el trabajo y la honradez. La proliferación de facultades de derecho, muchas de ellas nocturnas y de un nivel académico muy bajo, ha arrojado cientos de miles de egresados, muchos de los cuales se convierten en jueces. Bajo estos parámetros se obtiene, según Marco Palacios, "un aparato artesanal de justicia muy atrasado, enfrentado a una empresa criminal industrial, muy avanzada" (Palacios, 1998). El sistema de justicia debe comenzar por tener una contabilidad estricta ? que no la tiene? y que cada instancia se vea obligada a justificar permanentemente su comportamiento, fijándose como metas una aceleración de los procesos y una reducción del tiempo dedicado y del costo de cada uno de ellos.
Frente al sector público se debe pensar en cuáles son los incentivos que deben tener los trabajadores y sus sindicatos para tornarse en agentes interesados en el aumento de la eficiencia de sus servicios: privatizaciones que minimicen el costo del servicio - las que se han emprendido a nivel nacional simplemente maximizan el ingreso público - y así, también, los costos del futuro servicio, con competencia en sus actividades o regulación pública racional en su defecto, con buena participación de los trabajadores en la propiedad accionaria, un sitio en la junta directiva para que se responsabi1icen por la suerte de la empresa y primas que reflejen el aumento de la eficiencia y la reducción de costos. Sería además apropiado destinar un buen paquete de acciones para ser vendidas entre el público para que apoye políticamente el proceso.
La privatización en este caso cambia todos los incentivos de los trabajadores para que aumenten la productividad, reduzcan costos y aumenten la rentabilidad de sus empresas. Además construye una base social para las reformas que beneficiará a toda la ciudadanía. A veces la sola competencia puede conducir a que la empresa estatal ofrezca prebendas que simplemente reventarán financieramente a la entidad unos pocos años más tarde, cuando el empresario público del momento esté en otra posición distinta. En otros casos, un gerente público envisiona forjar poderosos grupos financieros sin consultar la estructura interna de su empresa ni su fragilidad.
El banco central independiente implica un compromiso de bajar la inflación y no en continuar otorgando rentas inflacionarias a los exportadores, a los productores locales, a sus empleados y a sus contratistas o en aumentar su poder a costa del ingreso de los más débiles socialmente. Precios al alza e inciertos conducen a malas decisiones económicas y por el contrario una inflación baja tiene enormes ventajas para el desarrollo sostenible y estable del país. El exceso de demanda sólo produce rachas de acumulación insostenibles que terminan necesariamente en dolorosos procesos de ajuste, crisis cambiarias y una pérdida de competitividad internacional difícil de recuperar. Por el lado del sector financiero, se debe incentivar una mayor competencia por medio de la atracción de capital extranjero, una apertura financiera que baje las tasas activas pero no por debajo del alto costo que debe tener el capital en Colombia, y una consolidación y fusión, para traer todas las grandes ventajas que producirían unas tasas de interés razonables tanto para los ahorristas como para los inversionistas. Ello también requiere que aumente la confianza de los inversionistas en el país y entre los mismos ciudadanos, lo que reduciría mucho los costos de transacción del dinero.
Las políticas macroeconómicas conservadoras han aislado a Colombia de los intensos desequilibrios que ha vivido el resto del continente en materia de crisis cambiarias e hiperinflaciones. Algunos piensan que el populismo es un camino que se debe transitar necesariamente para obtener unos elementos democráticos mínimos y una reducción de la violencia política, aunque deben de existir múltiples posibilidades de transitar hacia la democracia por caminos distintos, incluso de redistribuciones reales de ingresos o sea por medio de tributos a la propiedad. El marco económico para la toma de decisiones ha sido bastante estable con un banco central independiente y con el gobierno recurriendo al mercado de bonos y no a la emisión gratuita para financiarse. Sin embargo, la estabilidad se perdió con la crisis de 1998-1999 que fue causada por excesos de gasto privado y público, una entrada de capital que no fue acomodada por el gasto público y un gran déficit externo que en cierto momento no fue financiado por el sistema internacional que había entrado en crisis.
Colombia ha sido ajena al populismo y ello explica que su desarrollo económico haya sido relativamente sostenido desde principios de siglo. Ese gran activo pudiera perderse, pues la situación se complica con su dependencia en rentas de exportación, unas criminales como las del narcotráfico que amenazan con que Colombia sea excluida de Occidente y otras petroleras en manos del Estado, que puede conducirla a repartirlas alegremente, empeorando el marco institucional requerido para poder progresar: los ciudadanos luchan por el reparto de la torta y no por ahorrar, invertir y aumentar la producción y la productividad.
En términos generales, la agenda de modernización debe incluir una reducción sustancial de los costos de transacción, tanto legales como físicos y un aumento de la eficiencia de los servicios públicos que puede ayudar a aurnentar la productividad social y con ello a incentivar las actividades productivas. Esta puede ser una contribución para frenar la revaluación de la moneda y el desplazamiento de la producción de transables por las actividades rentistas. Es necesario que detrás de la modernización existan amplios grupos ciudadanos que la apoyen y que los elementos ideológicos y ventajas que la sustentan sean diseminados ampliamente.
El gobierno debe responder frente a los intereses ciudadanos, en verdad representarlos, contribuir a elevar el ahorro total de la sociedad, reducir la inflación a niveles internacionales y obtener sobrantes fiscales antes de proseguir gastando más de lo que recauda en impuestos. Si se dan estas condiciones institucionales favorables, la tasa de crecimiento económico de largo plazo colombiana se elevaría a rangos comparables con los de los tigres asiáticos y Chile. Sin embargo, es notorio que Colombia está lejos de eso.
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Notas
1 Ver Lisímaco Parra, "La crisis de la élite". (Arango, 88-95) Es diciente que después de 50 años del debate que protagonizara Leopoldo Uprimmy, en "La estirpe romántica y semi-escolásticas de nuestras instituciones" contra la posición de López Michelsen, este se repite casi en los mismos términos, aunque quizás ahora exista un fuerte desarrollo de las ciencias sociales que hace aparecer la posición de López casi como inverosímil.
2 Ver (Gutiérrez) donde se asocia la picaresca y la irresponsabilidad civil con el proceso de defensa del pensamiento dogmático eclesial. En la literatura institucionalista el oportunismo es frenado con la ética, las normas sociales y el compromiso político. (North, 1983, cap. 5).
3 Fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la emergencia económica declarada en enero de 1997, p. 48.
4 Habría adaptaciones especiales de la doctrina católica para justificar la marcha de los negocios o hacer proselitismo entre los obreros y pobres en casos también de disciplinamiento social. Basta con citar la disciplina financiera de la orden jesuítica, el obrerismo de los salesianos o la ideología procapitalista del Opus Dei. Sin embargo siempre queda la duda de si la rígida jerarquía eclesiástica con la actitud autoritaria contra la herejía y permisiva con otras infracciones, sean compatibles con un régimen económico y social competitivo, racionalmente riguroso, mucho más flexible y horizontal.
5 Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas. "El sistema judicial y el gasto público". Un proceso penal tarda en promedio 3.2 años en la primera instancia, un negocio laboral toma 3.9 años, mientras que la impunidad alcanza al 99.5% de los casos.
* ( Tomado de: www.iigov.org/papers/tema4/paper0039.htm. La Colección de Papers es una publicación editada por el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el marco del Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema latinoamericanos de Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad y Desarrollo Humano), con el patrocinio del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo Catalán).
Resumen: Con base en los aportes analíticos de la historia económica neoinstitucional, el autor realiza una aproximación inicial a la historia jurídico-constitucional colombiana desde su proceso de independencia hasta los recientes desarrollos de la Constitución de 1991. El texto constata la débil tradición liberal y de mercado de la política y la economía colombianas. Tal situación estaría expresada particularmente en la ausencia de una aplicación igual de la ley a la población, una desigual y escasa garantía de los derechos de propiedad y una institucionalidad informal jerárquica y poco promotora de la responsabilidad e iniciativa individual. Ante una realidad así, plantea el autor, es necesario promover un marco institucional que incentive comportamientos individuales acordes con una economía de mercado y propiciadores de una convivencia pacífica en libertad.
A la memoria de Fabio Chaparrocon quien compartí el interésy las lecturas...
1. Introducción
El mercado es más que el cruce de la oferta con la demanda. Su funcionamiento está inmerso en una historia que lo hace posible y en un marco legal que garantiza el cumplimiento de los contratos. Cada operación de mercado tiene detrás unos costos de transacción que pueden ser muy altos y aun prohibitivos, si el entorno legal y el de seguridad no son los adecuados. En lo que sigue se hará una aplicación de la teoría de las instituciones, particularmente en el tema de la justicia, que pueden contribuir a entender un poco mejor el comportamiento de la sociedad colombiana y de sus limitaciones.
La economía capitalista funciona gracias a las instituciones que reducen los costos de información y los costos de transar, que incluyen los de medir y conocer lo que se intercambia. Cómo ya se ha visto, las instituciones sientan las reglas formales e informales de comportamiento de los agentes, establecen los derechos de propiedad y sus límites, facilitan y garantizan los contratos privados y públicos, ofrecen información sobre precios y plazos y generan la atmósfera que es conducente o no al desarrollo. Los agentes económicos se guían además por normas y nociones informales que surgen de la cultura y de la religión.
Así, el mercado es toda una construcción histórica que parte del parlamento y del sistema de ley que este genera. Surge para controlar la arbitrariedad del soberano sobre los comerciantes y empresarios que van emergiendo en el largo intervalo histórico del declinar del feudalismo. El parlamento negocia y aprueba los impuestos a favor del soberano por medio de leyes; a cambio, el soberano se compromete a respetar los derechos de propiedad de los agentes económicos sin recurrir a expropiaciones, préstamos forzosos, tributación confiscatoria de sus patrimonios, encarcelamientos sin fórmula de juicio ni a la falsificación de la moneda o sea a la inflación. El soberano o el poder ejecutivo se comprometen además a invertir los fondos públicos en forma favorable al bien común. Las revoluciones burguesas allanan el camino para el desarrollo económico sostenido de largo plazo.
Este proceso es exitoso en Inglaterra y Holanda y fracasa ostensiblemente en España y Portugal, precisamente por contar con los recursos del tesoro americano y con ello debilitan sus equivalentes parlamentarios o sea las cortes en España. (North, 1993, 146 y ss.) No existiendo una tradición parlamentaria en la metrópoli, sus colonias están más lejos aún de poder desarrollarla. Cabe agregar que existe una especie de círculo vicioso en el cual el capitalismo no puede desarrollarse plenamente porque dentro del sistema basado en la servidumbre y en la esclavitud las instituciones impiden su rápido y sistemático desarrollo; al mismo tiempo, no se producen las clases y la cultura burguesa que ordenan y desarrollan estas instituciones porque no hay suficiente capitalismo. El proceso es tortuoso y no siempre culmina con éxito.
2. Elementos históricos del sistema de ley colombiano
En contraposición a la tesis de Alfonso López Michelsen de que las instituciones de Colombia tienen una estirpe calvinista1, el origen filosófico del sistema español y del colombiano fue católico, pensado por el jesuita Francisco Suárez, en el siglo XVI. Él fundió la visión del mundo feudal, jerárquico, estamental (la aristocracia, la nobleza eclesiástica, los plebeyos ricos, los siervos y los pobres libres, los esclavos) con la de un imperio que requería de cierta funcionalidad. Tal sistema está muy lejos de los principios igualitarios y de libertad religiosa que sentó la reforma protestante y que sistematizó la revolución francesa. Por el contrario, el orden divino inmutable se expresa terrenalmente en las jerarquías políticas que tienen en su cúspide al Papa y al rey, abajo de los cuales yacen nobles, fieles, siervos y súbditos. Cada estamento tiene su propia ley distintiva y así son diferentes los tribunales para cada uno. Los eclesiásticos y los militares no responden por su conducta sino ante sus pares y asi se van repitiendo los fueros especiales para los burgos, los artesanos, otros gremios y toda asociación que logre reconocimiento por parte del fortísimo poder central, dando lugar a la tradición hispánica de personerías jurídicas.
Según Uprimny dentro de la filosofía política tomista y católica existen los conceptos de derecho natural, soberanía popular, el contrato social, el derecho a la resistencia y la supremacía de la ley y fue de ella que se inspiraron los próceres para redactar las constituciones nuevogranadinas. (Uprimny, 135) Sin embargo, estas nociones no llevaban a la constitución de repúblicas basadas en la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, ni que el poder derivara de la voluntad superior del pueblo o de que los dirigentes fueras escogidos por el pueblo, ni siquiera por el pueblo dotado de propiedad.
En el Nuevo Mundo las castas y clases estuvieron fírmemente segregadas y así también "la justicia fue dispensada sobre bases segmentadas y no igualitarias" (Wierda, 202). El dicho de que " la justicia es para los de ruana" que se mira como algo natural y lo es por su largo asiento histórico, se basa en esta tradición puesto que los castigos y las condiciones bajo las cuales se pagan son mucho más intensas para los estamentos de abajo que para los de arriba. Esto también justifica el lugar que tiene la ley especial sobre la ley en general o sean "las leyes o estatutos diseñadas para o que buscan beneficiar un interés particular o a un individuo" (Wierda, 204). Más aún, la ley en general es suspendida o dejada de aplicar bajo los estatutos de emergencia o de estado de sitio que son tan frecuentes que en realidad lo que impera son estas medidas especiales en contra de las normas generales. La ley ad hoc derrota frecuentemente al propio ordenamiento constitucional que de nuevo es muy elaborado para cubrir todas las posibles situaciones, todos los casos. ¿Para que se necesitan bellas leyes que ayudan a todos si en cierto momento, cuando se necesiten aplicar, una emergencia así declarada las puede anular?
En los tiempos coloniales se dieron corregidores de naturales, tenientes de corregidores, que después evolucionaron hacia alcaldes pedáneos que actuaban como jueces de los pueblos de blancos, de castas o libres cuando ya la población aborigen sometida a tributo había sido mermada, mientras que para los asuntos de las personas importantes o para los reclamos de los pueblos estaban los oidores (Herrera). Con los borbones se consolidó una tradición centralista que se empeñó en controlar en detalle la vida primero del súbdito y continuando con la tradición, ya en la República, la del muy imperfecto ciudadano.
El sistema legal era muy elaborado, sistematizado y concordante, solemne y formal. Como toda la actividad económica y política de los súbditos - que no ciudadanos, individuos libres - debe ser estrechamente controlada, la legislación incluía demasiadas circunstancias posibles, dando lugar a una tradición legal de casuismo sofocante. El régimen centralista siempre desconfía de sus subordinados.
Por un tiempo hay un sistema legal que se acata pero no se cumple, en la medida en que la Corona no establece una administración centralizada, pero esta situación cambia temporalmente cuando los borbones recrean el virreinato, controlan más rigurosamente a los súbditos e imponen fuertes tributos (McFarlane, 372). Se recoge una tradición de simulación, en la que se cubre la apariencia pero se evade el contenido. Es la picardía española, expresada en su literatura como personas descaradas, desobedientes frente a la ley y la religión pero actuando en forma simpática, bufonesca; son personas traviesas y de mal vivir, no rebeldes del todo, que actúan sobre todo cuando el otro no está mirando, en las que el engaño entre las personas y la autoridad es mutuo y permanente. El pícaro se vuelve incluso un héroe popular y el engaño y el incumplimiento obtienen amplia aprobación social2. Para Weber, "este dominio general de la absoluta carencia de escrúpulos, cuando se trae entre manos la imposición del propio interés en la ganancia de dinero, es una condición muy particular de países cuya desarrollo burgués capitalista se muestra 'retrasado' con respecto a la medida evolutiva del capitalismo en Occidente". (Weber, 34) La contrapartida es la desconfianza entre los ciudadanos y entre estos y la autoridad, a la vez que freno al desarrollo capitalista.
La insurreción comunera es una reacción contra el proceso de centralización y sus correspondientes cargas tributarias despóticamente incrementadas. Sin embargo, no llega a expresar la demanda por construir un parlamento que decidiera, con la participación de los afectados, el monto y destino de los impuestos, que es el acto económico fundacional del Estado burgués. Se protesta contra el mal gobierno sin cuestionar el poder del rey y sin contemplar la posibilidad de una representación regular en el poder. En la Independencia no hay ninguna tradición parlamentaria y la que se comienza a desarrollar está liderada por terratenientes, con pocos vínculos de mercado; hay escasos comerciantes criollos, pues la actividad internacional la concentran los chapetones. Se establecen juntas locales, basadas en los cabildos, que prontamente se enfrentan entre si por la carencia de un poder central que ha sido disuelto. Este período será llamado la "patria boba" por los historiadores tradicionales, pero lo que sucede no es estúpido sino consecuencia natural de la carencia de un espacio nacional y de una tradición parlamentaria.
Después de la Independencia, hay cierto rechazo a la tradición legal española y se abraza el código bonapartista que es el de la república imperial francesa, muy centralista, que pretende controlar de cerca al ciudadano. Pero se dejan por fuera los elementos anti-gremiales del código y no se procede a la liquidación de los fueros especiales. Mientras el código era radicalmente anti-feudal e individualista, el régimen legal de facto era estamental y corporativo, protegía el derecho de propiedad extensivo de los hacendados y legitimaba las relaciones de servidumbre en las haciendas, al ignorarlas. Simplemente no se consideró que había contradicción entre el régimen legal y las formas de producción esclavistas y serviles.
El sistema legal nunca obtiene eficiencia por contener estas tradiciones contrapuestas y no toma conciencia de su relación con el desarrollo económico ni con sus raíces, porque no refleja la estructura social. El espacio nacional no se llega a establecer hasta 1830 y de allí hasta 1886 las fuerzas regionales no permiten una unidad nacional, la estabilidad política es precaria, siendo frecuentes las expropiaciones, la destrucción de la propiedad, los préstamos forzosos y el exceso intervencionismo o la falta total del mismo que dejan con escasa estabilidad económica al país.
Se acoge en 1863 un sistema federal copiado de los Estados Unidos pero sin un gobierno federal fuerte, dándose el desmantelamiento del existente mientras que el fortalecimiento de los gobiernos regionales es real pero precario. Se trata de una enfeudización o segmentación en el sentido político, puesto que la ley y el orden están atomizados según qué ejército privado o partidista controle cada estado soberano. Pero a la vez es un experimento en gobierno local que arroja muy buenos resultados fiscales, (Ocampo, 1984, 241) donde se acerca la tributación y la representación. Los baldíos son repartidos generosamente a los militares, muchos de los cuales surgen de abajo, y a las nuevas generaciones de terratenientes, primero nacionalmente y luego por los estados federados.
Los años del federalismo intentaron montar un sistema de justicia similar al de los Estados Unidos con su Corte Suprema de apelación y jueces elegidos por el pueblo pero el espíritu de la ley continuó siendo el estamental que profesaban los abogados y miembros prominentes de la sociedad. El experimento liberal y federal fracasa porque el modelo exportador de tabaco colapsa y la división del poder es excesiva, conduciendo a la anarquía.
En 1886 el radicalismo hispánico inspira una constitución que basa la soberanía en la nación unificada por la religión, que es una forma velada de hacerla fluir del derecho divino. No se reconoce el derecho de conciencia de sus ciudadanos ni a ser representados en forma igualitaria en todas las instancias electivas que copia de las repúblicas parlamentarias de occidente pero sin su contenido básico. Los elegidos por voto indirecto no representan a sus electores y sólo deben pensar en el bien de esa nación católica. En verdad podían actuar poco porque todo el poder quedó concentrado en el ejecutivo. Las cortes de justicia se tornan sectarias y excluyen a los jueces liberales. Frecuentemente el ejecutivo las utiliza para castigar oponentes. Se introduce la pena de muerte y el destierro. La registraduría está en manos del ejecutivo que impide la representación de la oposición en el legislativo. Surge el lema que describe bien la situación: "el que escruta elige". Como el poder no surge del pueblo sino de la divinidad, este puede ser representados arbitrariamente por la autoridad que cuenta con el apoyo eclesiástico o es miembro activo del partido católico. (Caro, 751-760)
La constitución del 86 recentraliza al país y le presta poderes omnímodos a la presidencia, liquidando el poder municipal y regional; se basa en la defensa de los derechos de la propiedad privada y la restricción de las libertades individuales, incluyendo la libertad de religión. El congreso representa muy imperfectamente intereses regionales y aún económicos pues el poder no surge de la sociedad. Se dogmatiza la educación y se le aparta de las profesiones, artes y ciencias que se requieren para el desarrollo del comercio y de la industria y para tener instituciones manejadas por una burocracia proficiente y meritocrática. El clima intelectual es radicalmente hispánico y católico; las riendas de la sociedad política estarán en manos de gramáticos.(Deas, 1995)
El sistema político reproduce en cierta forma a la hacienda, dándose la relación patrón-cliente que refleja la de patrón-capataz-arrendatarios. El sistema se amplia lentamente a lo largo del siglo XX, incorporando a nuevos actores sociales que van surgiendo y son organizados de nuevo en forma corporativa, gremios de empresarios y sindicatos de trabajadores, todavía segmentados y estructurados verticalmente, relacionándose todos con el gobierno central, sin una representación parlamentaria directa y proporcional.
El estado central es débil en términos económicos y no logra monopolizar los medios de violencia ni puede ofrecer protección a los ciudadanos de su propiedad y vida hasta después de la guerra de los mil días que culmina en 1903 y de allí en adelante sólo en forma temporal. Adquiere mayor legitimidad permitiendo una mayor actividad de la oposición liberal y aboliendo la pena de muerte y de destierro. No se ha conquistado un monopolio estatal de la violencia, no existe el consenso político para concentrarlo en el Estado, y se vulneran frecuentemente no sólo los derechos de propiedad sino también los de vida de los ciudadanos. Sin embargo, como se ha visto en el capítulo 3 de este libro, los derechos de propiedad en las ciudades están bien demarcados y se dan políticas públicas que favorecen directamente la acumulación de capital en la industria y en la banca.
Como se dijo antes, la soberanía no residía en el pueblo sino en una indivisible nación que bien podía aplastar al ciudadano.(Sudarsky, 1997) En cierto momento, López Michelsen afirmó que "nuestro sistema constitucional ha sido siempre el mismo desde 1811 hasta nuestros días". (López, 40) Esta afirmación pasa por alto los intensos vaivenes y guerras civiles que impusieron sobre los contrarios constituciones retóricas y que aún la del jacobinismo católico impuesta en 1886 no comparte mucho ni formalmente ni en contenido con la primera propuesta constitucional de 1811.
Las reformas constitucionales de 1936 sobreimponen elementos de la tradición francesa centralista, como el concepto de Duguit de la condición social de la propiedad privada que vuelve a limitar los derechos del individuo. En las concepciones corporativas de la política, incluyendo las de los países fascistas, la nación precede sobre los intereses particulares y los derechos de los gremios y las asociaciones anteceden a los del individuo. Así el Estado puede expropiar la propiedad privada sin indemnización, suspender las libertades civiles o tomar cualesquiera acción en nombre de ese principio superior no importa que vulnere los derechos del individuo. Si bien todas las interpretaciones progresistas insisten en que el bien social va primero que la propiedad privada, y esta pudo utilizarse sólo para extinguir derechos de propiedad agrarios ineficientes y contra-producentes, lo que pasan por alto es que un régimen muy centralizado utilizará tal principio para vulnerar todos los derechos asociados con el individuo, incluyendo los derechos humanos, desconocerá el habeas corpus, suspenderá la justicia civil, etc.
La dictadura conservadora en medio de la guerra civil en 1948 sectarizó de nuevo la justicia y la entregó a sus seguidores. En efecto, la justicia desaparece como tal y posteriormente el Frente Nacional no tendrá las herramientas para reparar el enorme daño asi causado, puesto que no introducirá el concurso de méritos sino en términos enunciativos y de simulación porque que hay un reparto político minucioso de todas las instituciones.
La Constitución de 1991 presta un mayor reconocimiento al individuo, le reconoce libertad de conciencia y abandona la protección especial de la Iglesia Católica por parte del Estado, aunque sin resquebrajar mucho sus múltiples relaciones. También reconoce explícitamente los derechos humanos, adquiere conciencia sobre el medio ambiente y se moderniza. Existe en la vida práctica un individualismo desaforado que aplasta a los otros individuos y en la legislación el desconocimiento efectivo de sus derechos en favor de los del grupo, la nación o lo que fuere. El congreso continúa legislando en favor de las asociaciones, entre las cuales se encuentra él mismo, haciéndolo además con desparpajo, y se está lejos de una visión de ley universal y rigurosa. La Corte Constitucional democratiza los privilegios pero está lejos de defender una filosofía de igualdad frente a la ley.
La nueva constitución fortaleció relativamente las regiones en términos financieros frente al gobierno central, que ha debilitado su inmenso poder, con base en el fortalecimiento de las alcaldías, al sistema de justicia encabezado por la fiscalía y la Corte Constitucional o al poder de veto sobre el gabinete que puede ejercer el congreso pero que poco ha utilizado. Se reconocen los derechos de nuevo especiales de las minorías negras, las comunidades indígenas y de las mujeres con el mismo enfoque tradicional de que a cada grupo o asociación se le puede otorgar una concesión especial. En vez de enfrentar el gran problema de que la ley debe ser estrictamente igual para todos los ciudadanos, las reformas profundizan las tradiciones estamentales y la herencia feudal de segmentación y desigualdad que contiene el sistema de justicia colombiano. Cualquiera que lo demande con suficiente fuerza tendrá acceso a algún privilegio.
Habrá el argumento marxista de que la justicia es siempre de clase, lo que no deja percibir estos elementos sustanciales a ella y que son fundamentales para entender la sociedad: en Colombia existe un sistema de justicia que no le sirve ni a la clase dominante ni a ninguna otra clase. Los empresarios han desarrollado un sistema cuasi-jurídico para evadir la corrupción e ineficiencia del sistema legal que es el de la conciliación y el arbitraje. Las divergencias en los negocios se zanjan amistosamente en las cámaras de comercio para no ser sometidos a las extorsiones y a las arbitrariedades presentes en buena parte de los juzgados del país.
Se da una enorme distancia entre las reglas legales y la práctica. Las primeras reflejan hondos principios que son acomodados permanentemente a los intereses predominantes. La legislación regular se vulnera sistemáticamente por el estado de sitio y en la actualidad por las distintas emergencias (de orden público, económica, jurídica, penitenciaria, etc.) que permiten al ejecutivo disponer de todos los poderes para conjurar la situación que nunca vuelve a ser normal. Según la Corte Constitucional, "el estado de emergencia (económica) puede...autorizar al ejecutivo a regular materias íntimamente ligadas a la representación política y a la deliberación democrática, como son las relativas al presupuesto y a la imposición de tributos" 3/. Los estados modernos tienen en su esencia la consigna de la revolución norteamericana, "no hay tributación sin representación" y ese principio no se puede vulnerar en ningún instante. Lo más destacable en ello es impedir que el Estado desarrolle una conducta predatoria que impida o frene el desarrollo de la acumulación privada de capital. En Colombia, cada vez que haya cualquier movimiento no ordinario, el gobierno puede declarar una emergencia y, con ella, imponer tributos a unos agentes desposeídos "momentáneamente" de representación política en momentos críticos.
Sin embargo, la constitución de 1991 hizo ese camino más difícil de transitar para el gobierno que tiene que tener una justificación mayor para quebrantar el principio fundamental del estado burgués y se la otorga una corte independiente. Hay, por lo demás, una juridimanía que consiste en enfrentar problemas muy diversos con nuevas leyes, haciendo creer que estas contribuirán en algo a solucionarlos mínimamente. Cuando la autoridad no puede hacer mucho, no pierde nada con hacer aprobar una ley que aparenta ayudar a resolver el problema.
3. Una digresión religiosa.
Es un hecho que las nociones morales contenidas en la religión influyen grandemente en los sistemas de ley de las naciones. Las normas no escritas que están en el corazón de las personas, marcadas por la ética y por la religión, inhiben a los individuos a actuar en contra de los intereses de otras personas, incluyendo sus patrimonios y sus vidas. Una de las grandes fallas de la teoría neoclásica de la economía es que si se cumpliera su más importante precepto - la maximización de la utilidad por cada individuo - habría una constante guerra social, cada cual persiguiendo estrechamente su beneficio. Esa parece ser bastante la situación de Colombia en el plano social, político y aún en el del tráfico vehicular lo que la coloca como uno de los países de mayor índice de criminalidad en el mundo y gran vulnerador de los derechos humanos.
Las nociones de respeto al prójimo, solidaridad y el cumplimiento de los mandamiento básicos son los que garantizan cierta armonía social. Un debilitamiento de estas nociones de bien y mal contribuye también a que la criminalidad tenga menos limitantes o que incluso se combinen perversamente los valores religiosos con los actos delictivos. O que se de una masiva desobediencia civil de las reglas elementales de seguridad y convivencia.
Se argumenta que el Cristianismo sentó las bases para el desarrollo del individualismo y del sistema corporativo de la empresa y del Estado que surgió penosamente en Europa entre los siglos X y XIII. El primer elemento del desentrañamiento del individuo con relación al poder del señor o del soberano lo planteó San Agustín en "La ciudad de Dios" que desafiaba el poder terrenal por el de la Iglesia. Esto planteó la posibilidad de que el individuo tuviera una opción distinta a la de obedecer ciegamente al soberano y por lo tanto incrementó la libertad política. Un elemento adicional fue favorecer las herencias de los nobles a favor de la Iglesia mediante una política que favoreció la libertad del individuo frente a la familia La Iglesia apoyó la idea del amor romántico y a los cónyuges que quisieran casarse sin el consentimiento de sus familias. Incentivó también la virginidad de las doncellas y a que las viudas no volvieran a contraer nupcias con el mismo propósito de asegurar una mayor posibilidad de que sus patrimonios fueran legados a la Iglesia. Por otra parte, el sistema de ley comercial y las garantías hipotecarias que arrastraban los préstamos que le hacia la Iglesia a los nobles contribuyeron al desarrollo del comercio y a la inversión. La propia organización financiera de los monasterios y de la Corporación de la Iglesia utilizaron técnicas contables rigurosas y sistemas colegiados de administración que están detrás de las formas modernas de organización empresarial.(Lal, 81-85)
Sin embargo a partir del siglo XVII la doctrina cristiana pareció inadecuada para justificar el capitalismo y para disciplinar la población frente a las nuevas circunstancias. Surgió la reforma protestante en varias regiones europeas que criticó la laxitud de la Iglesia y su participación en la vida cortesana, estableciendo una relación directa entre el individuo y Dios. Con ella se dio un turbulento siglo de guerras religiosas. ¿Por qué había necesidad de una ética más acorde con los nuevos tiempos? El catolicismo se basa en una ética que defiende la autoridad y la fe por encima de la racionalidad secular y en este sentido limita al individualismo y no está de acuerdo con la soberanía popular como una extensión de la libre individualidad. Esta ética tiende a identificar la riqueza con el pecado y obstaculiza el desarrollo del crédito al confundirlo con la usura. Condena también el ahorro, tan necesario para garantizar un rápido crecimiento económico, como avaricia. Impide desarrollar el individualismo y sobre todo la responsabilidad que lo debe acompañar. El problema de fondo dentro del latitudismo católico es que las virtudes burguesas se constituyen en vicios morales. Es notoria la falta de previsión en estas sociedades porque el individuo no está enfrentado consigo mismo para obtener la salvación sino que la religión y la autoridad le garantizan el cielo mediante la confesión y la penitencia y, al no tener que preocuparse por ella ni de responsabilizarse de su suerte, no mira hacia adelante.
Los calvinistas introdujeron la noción del perfeccionamiento del individuo para alcanzar la gracia y eso incluía la acumulación racional de riqueza, como una de las tantas evidencias de la gracia divina. Condenaron el consumo conspicuo y ahorraron con fervor. Desplegaron una intensa labor educativa tanto de alfabetismo - para poder leer la biblia y entrar en contacto directo con Dios - como de trabajo duro, ahorro persistente y vida sobria que alejaron a muchos del alcoholismo y del juego. Todos estos factores jugaron un papel importante en el rápido desarrollo económico que lograron los países protestantes. Crearon instituciones de asistencia social que probaron ser muy exitosas para rehabilitar y educar a los marginados de la sociedad, volviéndolas productivos sin menoscabar su valía.. Siendo la salvación un problema del individuo y su relación con Dios privada, emergió una gran tolerancia para con las creencias de cada cual, quizás también porque las suyas habían sido tan encarnizadamente perseguidas..
Según Gorsky, "El calvinismo promovió la disciplina social en tres niveles: primero, internalizó una ética de auto-disciplina en los creyentes como individuos; segundo, inventó una variedad de estrategias institucionales para mantener la disciplina colectiva dentro de la iglesia; y tercero, promovió reformas sociales dirigidas a incrementar la disciplina del pueblo. Cuando tales movimiento se aliaron con élites políticas en auge, particularmente los burgos urbanos y las monarquías en proceso de centralización, el resultado fue una profunda transformación de la vida social e institucional, una revolución disciplinaria, con efectos muy pervasivos en la formación del Estado". (Gorsky, 266)
Nótese como la idea del individuo libre, soberano y responsable ante Dios precede la revolución política burguesa.
Una ética poco adaptada al capitalismo, como la derivada del catolicismo en su versión de la colonización española4, tuvo algo que ver con el proceso de deterioro de la ley en Colombia, pero hasta cierto momento histórico ella fue suficiente para contener los peores impulsos de la mayor parte de la población, haciendo que Colombia fuera un país "normal" en términos de las muertes anticipadas de sus habitantes hasta mediados de este siglo. Era una relativamente apacible nación, dirigida oligárquicamente, con la mayor parte de la población amarrada a las haciendas o en parcelas independientes, con pequeñas y bucólicas ciudades.
El desarrollo capitalista desajustó todo eso y la guerra civil de los años cincuenta arrasó con la paz y con el sistema de justicia. Hay que decir que Colombia no pasó por procesos sociales de disciplinamiento e interiorización de una ética inhibitoria, como el que desplegaron los protestantes en Inglaterra, Holanda y Alemania.
Existe un claro proceso de reforma dentro de la Iglesia Católica basado en la teología de la liberación que puede estar repitiendo algunos de los pasos dados por Lutero y Calvino en el siglo XVII. Las coincidencias son el énfasis en la vida terrenal, en el comportamiento cotidiano de los fieles que debe ser ejemplar y solidario o sea más énfasis en la conducta que en el rito, la solidaridad y en la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, y de nuevo una fuerte oposición al carácter jerárquico y centralizado de la Iglesia. Plantean claramente la necesidad de la igualdad de todos los ciudadanos, en especial de los más pobres, retomando una aspiración liberal. Sin embargo, las formas de acción son colectivas y no individuales y la forma de perfeccionamiento es la acción política. Se mantiene una actitud crítica tradicional contra la ganancia y el crecimiento de la productividad y la acción colectiva para reducir la primera y frenar la segunda. La educación se orienta en ese sentido para mejorar la efectividad de su acción política en la conquista de sus derechos, neutralizando de algún modo las campañas proselitistas de los protestantes organizados y sus sectas.(Stoll, 41) En este sentido constituyen desde un punto de vista institucionalista un sector que está por la redistribución del poder político y de la torta económica y no como un factor que incida en el desarrollo de la iniciativa individual responsable y en el desarrollo de la producción. Sin embargo, educan para lograr un comportamiento consistente con el respeto y amor por el prójimo.
El protestantismo en Colombia , por otra parte, cuenta entre 2.5 y 3 millones de fieles - alrededor del 8% de la población - y tiende a ser una fuerza que responde en algún grado a las fuerzas disipatorias de la sociedad, habiendo arraigado en sectores de bajos ingresos que se han podido superar con la auto-disciplina que provee la fe. Son también resultado de la influencia de las iglesias norteamericanas, en particular de los movimientos evangelistas, para propagar su fe en territorios y poblaciones accesibles. Sin embargo, al contar con parroquias de pobres, no han podido evitar plantear acciones políticas que mejoren la suerte aquí y ahora de sus feligreses y en ello han coincidido con movimientos liderados por la teología de la liberación. Algunos financiados por la derecha protestante han pretendido obviar el problema social y han apoyado régimenes que muestran muy pocas virtudes cristianas. Las nuevas variantes de pastores milagreros y asambleas convulsivas se apartan mucho de la frialdad calvinista y no van a interiorizar una ética rigurosa ni una disciplina civil.
Tanto el evangelismo y el protestantismo más la reforma católica no alcanzan a cubrir una parte importante de la población colombiana y lo accesible es la concepción católica tradicional que se muestra cada vez menos apropiada para ofrecer soluciones. La razón para ello es que la tradición hispánica y católica no contribuye mucho al desarrollo de un sistema de justicia igualitario y eficiente ni a una ética compatible con el capitalismo, que enfatice la responsabilidad individual o que contribuya a la construcción de un Estado sólido y justo que lleve a armonizar la sociedad, a limitar los abusos y a reducir la criminalidad. Eso se hace más difícil aún cuando no existe autoconciencia del sistema legal que tenemos ni de su historia. El historiador Malcom Deas observaba sorprendido que no hubiera una historia del derecho en Colombia a pesar de la proliferación de facultades y de egresados, (Deas, 1995b) mientras que si la hay para la mayor parte de las ciencias y profesiones del país. Los abogados que se vuelven críticos de su profesión se van hacia la ciencia política o la filosofía pero son escasos los que piensan en el papel que ha jugado y está jugando el sistema legal en el desarrollo económico del país.
4. Los problemas de la ley
Dado el debilitamiento de la religión como base del sistema legal colombiano, se puede inferir que el país está muy mal en ley y orden, buena parte de lo cual se deriva además de fallas protuberantes del propio sistema legal que surgen de la escasa y pobre tradición parlamentaria. Todavía hoy se puede afirmar que falta un trecho para que haya un parlamento que contemple el desarrollo de largo plazo del país en términos rigurosos, comprometido con ese desarrollo. En las ciudades los concejos son manejados por los urbanizadores piratas, los transportistas o por políticos profesionales sin formación alguna que han deteriorado el clima urbano, y la suerte de las empresas municipales que han sido frecuentemente canibalizadas, sumiendo a las ciudades en el caos social.
La calidad de la legislación tiene que ser deficiente cuando pocos de los congresistas tienen un alto nivel académico, algunos tienen más aspiraciones personales que altruistas, están ligados a grupos de interés retardatarios, de grupos industrial-financieros o simplemente ilegales. El resultado es un sistema de ley poco concordante, confuso, unos sistemas de penas poco rigurosos para el crimen en general, y así mismo, el entorno se hace más contraproducente para el desarrollo del mercado. No hay una ideologia de rigurosa responsabilidad individual que es especialmente notoria en el sistema político. Se prohibe la reelección de funcionarios, lo que quiere decir que el comportamiento no es la medida. de la acción y que el buen político no obtiene reconocimiento ni el malo castigo.
Hay un sistema político basado en clientelas partidistas a las que se les reparten servicios públicos baratos, obras mal diseñadas y puestos en los gobiernos locales. Siguiendo la tradición centralista, casi todas las grandes decisiones o las propuestas de ley se toman por el ejecutivo y es aquí donde se concentra el cabildeo de los empresarios que descuidan el Congreso y la elaboración cuidadosa de las leyes. El surgimiento de la Corte Constitucional como una institución que puede intervenir a los otros poderes del Estado, ha desviado parte del cabildeo hacia los magistrados que actúan como representantes no elegidos y legisladores.
Los problemas del sistema. legal son el alto grado de congestión, la lentitud de los procesos, expresado en el lema "la justicia aplazada es justicia negada" (Stone et al, 97), la dificultad de acceso a la justicia y la impunidad generalizada5. El problema no es definitivamente de recursos que han crecido mucho más rápido que la población y el producto durante los ú1timos 25 años, a la vez que aumenta vertiginosamente el rezago en los procesos y la congestión de los tribunales: Mientras que en 1970 la justicia consumía el 0.55% del PIB, en 1996 es 1.14% del mismo lo que coloca a Colombia en la vanguardia de los países de América Latina que más dinero destina a la justicia. (Comisión.., p. 5.). Es un claro caso de ineficiencia social que en buena parte surge del atraso técnico, la pobre formación superior y del espíritu formalista del sistema; definitivamente, el problema no se corregirá adjudicándole más recursos.
Lo que informa a los ciudadanos ese sistema es que el crimen es rentable. En verdad, la impunidad aumenta geométricamente la rentabilidad del crimen. Por ello tenemos altas tasas de criminalidad más del mundo, de 88 homicidios por 100.000 habitantes en 1996, superando ampliamente al segundo, Brasil, que sólo tiene 24 homicidios por cien mil habitantes. Este índice ha tenido un descenso posterior importante, sobre todo influido por el descenso en Bogotá, de casi 50% basado en el desarme de la población urbana y por la restricción en el consumo de alcohol obligando a los expendedores a cerrar temprano sus establecimientos.
Según Fernando Gaitán, "a partir de 1946 se quebró la capacidad institucional de brindar justicia. Pese a los esfuerzos por restablecer el orden, la violencia nunca descendió a niveles normales internacionales ... El derrumbe total del sistema, producto de la emergencia definitiva del narcotráfico y en menor medida de la guerrilla, en una relación de doble vía con la debilidad de la justicia permitió entre 1978 y 1984 un desborde de todo tipo de delincuencia, o lo que es lo mismo, un nivel altísimo de impunidad. En la medida. en que el delito en general no fue castigado, las personas encontraron en la violencia rentabilidad y una forma de sustituir la justicia ineficaz". (Gaitán, 403)
Se podría afirmar que después de 1950 la sociedad de masas desbordó al sistema de justicia y la ética católica se desdibujó frente a las normas de comportamiento a las que induce el capitalismo (control de la natalidad, divorcio, hedonismo y consumismo, individualismo, etc.). Sin sistema de justicia. y sin normas interiorizadas, la criminalidad se disparó, la impunidad se apoderó de la sociedad y el individualismo desaforado se impuso por doquier.
Cualquier sistema que deba ser imparcial para que funcione tiene que basarse en el concurso y la excelencia y no en los nombramientos basados en criterios políticos. Ello también facilitó la pérdida de calidad de la enseñanza del derecho, porque para sobresalir se requería más influencia que proficiencia. De esta manera se hizo difícil obtener un sistema legal avanzado, impersonal y objetivo que fallara en razón y no por influencia o por política.
La introducción de la fiscalía con la reforma constitucional de 1991 ha traído un aceleramiento en el ordenamiento de los procesos, especialmente los más protuberantes por narcotráfico y corrupción, que han sentado un importante precedente en el país y ha informado a las grandes organizaciones delincuenciales que sí tiene un costo alto el operar dentro del país (Comision, 7). Siguen habiendo discriminación ampliamente aceptada en favor de los criminales de cuello blanco, como detención domiciliaria, pabellones de lujo en las cárceles, casas fiscales para los políticos que delinquen y clubes militares para los delincuentes de bien. La mejor remuneración de los jueces ha dignificado el cargo y los mayores recursos destinados al sistema han conseguido modernizarlo un tanto, pero no se han evidenciado grandes mejoras en las estadísticas del sector. Hay cuatro millones de procesos judiciales esperando salida o sea que uno de cada cinco adultos colombianos está empapelado y todavía se producen más procesos anualmente de los que son saldados.
La ley es previsible cuando se basa en los fallos judiciales antecesores que van acumulando una doctrina, y cambiando marginalmente en la medida en que se agregan nuevos juicios, ?es el caso de la ley del común anglosajona que se basa originalmente en la elección de árbitros de mutuo acuerdo por personas en conflicto - lo que reduce los costos de transacción de los agentes que tienen ante sí un sistema legal conocido y bastante previsible, reduciendo la incertidumbre entre las partes contractuales, pero a la vez permitiéndole flexibilidad al sistema (North, 1993, 126-127 ). Así, se evitan las disputas cuando saben que las van a perder o las emprenden porque conocen con buena posibilidad el resultado.
En contrario, el sistema colombiano es imprevisible porque caben muchas interpretaciones de un mismo texto de ley, dado el carácter formalista del derecho y su pretensión de describir y abarcar todas las posibilidades casuísticas. Así, existen contradicciones entre el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que no hacen sino aumentar la imprevisibilidad y el riesgo en la toma de decisiones económicas o contractuales. La interpretación de la tutela, con la posibilidad de reabrir cualquier proceso sin importar la fecha, informa que no hay ninguna decisión jurídica que esté en firme. La Corte Constitucional misma ha enmendado sus propios fallos anteriores prestándole inseguridad a su jurisprudencia. La falta de rigor en la educación del derecho conduce también a la proliferación de opiniones de a1gunos de los jueces más iletrados. Por lo demás, los procesos pueden demorar muchos años y entonces los conflictos quedan sin solución o, finalmente, los contendores pagan ambos sobornos que dejan el resultado del juicio a favor del que pague más.
La corrupción tiene también un índice muy alto que informa que los incentivos de muchas de las instituciones que regulan la vida económica son aprovechadas por los funcionarios para enriquecerse, aprovechando y fomentando el racionamiento de los servicios públicos o recibiendo financiamiento de intereses creados o criminales para producir legislaciones favorables a ellos. Si además el sistema está abierto a la corrupción, los fallos no se ajustan a derecho sino al soborno y el que no esté dispuesto a ello tiene costos todavía. más elevados de transacción. De está manera, la ley en sí es una traba grande para el desarrollo de la acumulación de capital y cada empresario conoce que si se mete en un lío jurídico, no importa si eventualmente lo gana, va a tener que pagar un alto precio por ello. La inseguridad jurídica trepa los costos de transacción que se van en consultas con los abogados y pérdidas de capital invertido, como las que pueden mostrar muchas corporaciones financieras en el país.
A veces se legisla por parte del ejecutivo en forma injusta conociendo de antemano que las decretos-ley no van a cumplirse pero sólo con el objeto de empapelar y dejar postrado al que no obedezca, mientras llega el fallo que aclara que la medida es inconstitucional. En general, hay una. actitud ingenua de producir legislación, a sabiendas que el aparato judicial no puede ni remotamente implementarla. Así que se ha pasado del "se acata pero no se cumple" de los tiempos coloniales al que "se legisla para que no se cumpla" en el siglo XXI. Se obtiene entonces la combinación del despotismo centralista con la falta de escrúpulos de los ciudadanos que buscan cómo evadir con argucias y picardía el cumplimiento de la ley.
Cabe una anotación sobre la transformación de Colombia que constituye un síntoma alentador de diversidad religiosa y búsqueda de salidas personales y familiares para la crisis colombiana, representado en el hecho de que más de un 8% de la población se considera a sí misma como protestante y que dentro de ella se mantienen altos códigos de conducta familiar y personal, alientan el estudio y la disciplina laboral, rechazan el alcohol, etc. Sin embargo, proliferan los grupos evangélicos que dejan de ser religiones frías y responsables para tornarse en calientes y ofrecer curaciones milagrosas, etc. Así mismo, se puede señalar el desarrollo de una ética. laica, secular, asociada a las clases medias, y que se expresa en la política de izquierda y del liberalismo ideológico.
5. Otras fuentes de ineficiencia institucional
Las sociedades de las hace parte Colombia son unas donde no hay compromiso con el trabajo sino que existen formas más fáciles de enriquecerse como el crimen o la política. El éxito financiero del narcotráfico es un incentivo a que la gente confíe en que puede trabajar poco y hacerse muy rico: se corren riesgos altos en los Estados Unidos y menores en Colombia, mientras que el que trabaja es un tonto. A la mayor parte de los colombianos le toca trabajar muy duro para poder sobrevivir, pero el ideal es de ir al trabajo un día al mes para cobrar el sueldo, otra ilusión que el clientelismo puede convertir en realidad para a1gunos.
En este contexto, las firmas que tengan inversiones fijas que se amortizan en el largo plazo verán sus perspectivas de obtener eventualmente utilidades seriamente limitadas. Si es necesario esperar dos años por una línea telefónica o pagar un soborno para acelerar el trámite, el servicio ya de por si obliga a un precio mucho mayor que el internacional que es un costo sombra de transacción que no aparece en la contabilidad. Cuando no se obtiene, la firma tiene que recurrir a mensajeros para comunicarse con clientes y proveedores. Mientras tanto, en la empresa de teléfonos hay una organización fantasma que si es eficiente y que explota la renta provista por el racionamiento y la ineficiencia de la empresa madre. Esta tiene mucho personal redundante y sobre pagado que rehúsa el avance tecnológico puesto que este es ahorrador de trabajo y eso no le conviene al sindicato. Menos le conviene que la empresa tenga competencia puesto que así no podría capturar sus rentas con salarios altos y pensiones tempranas. Lo mismo se genera en la empresa de agua y en la de energía, con las l1amadas pérdidas negras que obligan, junto con la ineficiencia de la organización politizada de la empresa, a estar aumentando las tarifas.
La empresa de energía, por ejemplo, es insensible frente a los intereses de sus usuanos, interrumpe con frecuencia el suministro de fluido, ocasionando serias pérdidas a la industria y a los electrodomiósticos de los hogares. Se puede preguntar: ¿que le pasaría a la empresa que esté cambiando de gerente y administración cada pocos años? Obvio que no está absorbiendo las experiencias en el mercado y comete y repite los mismos errores ¿Qué escoge su administración y personal técnico con citerios políticos y no meritocráticos? ¿Que no tiene dolientes propietarios y accionistas? Pues que las decisiones no buscarán reducir costos y aumentar eficiencia y utilidades sino, maximizar los beneficios de la clientela en cuestión y de sus contratistas, a costa del usuario y de la propia empresa. En estás empresas no mandan los gerentes sino los cuadros medios y el sindicato que son los que mantienen una presencia de largo plazo en ellas. Estos constituyen algunos de los incentivos materiales que determinan el funcionamiento de las empresas públicas y como se vé está lejos de la retórica nacionalista y de beneficio común con que sus defensores adornan sus argumentos. Pero también ha sido una negra experiencia la de privatizar las empresas públicas en Colombia, en la medida en que los agentes políticos han logrado enormes comisiones, participación en las nuevas empresas privadas y el otorgamiento de ventajas a los adquirientes.
En el sector privado sucede que para importar un repuesto el agente tiene que pedir una licencia de importación o un visto bueno y lo empapelan. Busca entonces recurrir al correo de las brujas que se lo trae rápidamente de contrabando y ahorrando todos los costos de transacción que introduce la protección y el sistema de permisos. Las rentas que genera la protección no solamente son capturadas por las empresas así protegidas sino por los contrabandistas que las desplazan a su favor, favoreciendo al consumidor con la evasión de impuestos y aranceles. En fin, "con derechos de propiedad inseguros, con leyes a medio cumplir, barreras a la entrada, peajes y restricciones monopolistas, las firmas maximizadoras de ganancias tenderán a tener universos de tiempo corto, poco capital fijo y en baja escala. Los negocios más rentables serán el comercio, las actividades redistributivas y el mercado negro" (North, 1993, 59)
6. Algunos correctivos
La teoría neoclásica sugeriría que para que los mercados funcionen con eficiencia se requiere simplemente tener los precios correctos. Para ella, la política o no existe o es simplemente un obstáculo. Los lemas son: privatice todo lo posible, quite subsidios, flexibilice el mercado laboral e impulse la competencia por doquier. Según la vertiente institucional, el problema es más complejo y pasa por revisar las instituciones, los incentivos y las motivaciones, así como las creencias. Como las instituciones son un resultado histórico, pueden cambiar pero lentamente. Esto sólo significa que el camino de la reforma tomará tiempo: pasa por cambiar las instituciones y los incentivos que ellas generan y debe ir acompañado de cambios ideológicos y políticos que abarquen a la mayor parte de la población y que les preste viabilidad, apoyo. La propia experiencia colombiana con la modernización del Estado informa que pronto encuentra una reacción que echa para atrás muchos de sus avances.
¿Cómo se puede comenzar a corregir el gran desajuste legal colombiano? La primera idea que surge es que toda la ciudadanía y el empresariado deben velar por una representación parlamentaria de alta calidad, tanto administrativa como económica y jurídica, que conduzca a elevar el nivel de legislación, la simplifique, la haga transparente y más efectiva. El empresariado debe invertir mucho en educación, hacerle donaciones a las universidades para que eleven su calidad y su nivel de exigencia y de allí sacar los nuevos cuadros políticos, representativos de todos los sectores sociales. Las clases medias y sus figuras académicas e intelectuales deben ejercer más frecuentemente la política. Todos deben propugnar por profundizar la descentralización política y lograr mayores esfuerzos tributarios regionales propios que le presten independencia a sus gobiernos, bajo la voluntad de enfrentar y resolver los problemas.
Es necesario aumentar el rigor del sistema universitario que está tendiendo hacia la pereza y en particular de las facultades de derecho del país; estas deben exigir niveles mínimos de matemáticas y lógica, introducir el derecho comparado con el de los países desarrollados en términos de la eficiencia institucional, desarrollar un conocimiento y consideración de las implicaciones económicas y sociales de las decisiones judiciales y una ética de conducta basada en el mérito, el trabajo y la honradez. La proliferación de facultades de derecho, muchas de ellas nocturnas y de un nivel académico muy bajo, ha arrojado cientos de miles de egresados, muchos de los cuales se convierten en jueces. Bajo estos parámetros se obtiene, según Marco Palacios, "un aparato artesanal de justicia muy atrasado, enfrentado a una empresa criminal industrial, muy avanzada" (Palacios, 1998). El sistema de justicia debe comenzar por tener una contabilidad estricta ? que no la tiene? y que cada instancia se vea obligada a justificar permanentemente su comportamiento, fijándose como metas una aceleración de los procesos y una reducción del tiempo dedicado y del costo de cada uno de ellos.
Frente al sector público se debe pensar en cuáles son los incentivos que deben tener los trabajadores y sus sindicatos para tornarse en agentes interesados en el aumento de la eficiencia de sus servicios: privatizaciones que minimicen el costo del servicio - las que se han emprendido a nivel nacional simplemente maximizan el ingreso público - y así, también, los costos del futuro servicio, con competencia en sus actividades o regulación pública racional en su defecto, con buena participación de los trabajadores en la propiedad accionaria, un sitio en la junta directiva para que se responsabi1icen por la suerte de la empresa y primas que reflejen el aumento de la eficiencia y la reducción de costos. Sería además apropiado destinar un buen paquete de acciones para ser vendidas entre el público para que apoye políticamente el proceso.
La privatización en este caso cambia todos los incentivos de los trabajadores para que aumenten la productividad, reduzcan costos y aumenten la rentabilidad de sus empresas. Además construye una base social para las reformas que beneficiará a toda la ciudadanía. A veces la sola competencia puede conducir a que la empresa estatal ofrezca prebendas que simplemente reventarán financieramente a la entidad unos pocos años más tarde, cuando el empresario público del momento esté en otra posición distinta. En otros casos, un gerente público envisiona forjar poderosos grupos financieros sin consultar la estructura interna de su empresa ni su fragilidad.
El banco central independiente implica un compromiso de bajar la inflación y no en continuar otorgando rentas inflacionarias a los exportadores, a los productores locales, a sus empleados y a sus contratistas o en aumentar su poder a costa del ingreso de los más débiles socialmente. Precios al alza e inciertos conducen a malas decisiones económicas y por el contrario una inflación baja tiene enormes ventajas para el desarrollo sostenible y estable del país. El exceso de demanda sólo produce rachas de acumulación insostenibles que terminan necesariamente en dolorosos procesos de ajuste, crisis cambiarias y una pérdida de competitividad internacional difícil de recuperar. Por el lado del sector financiero, se debe incentivar una mayor competencia por medio de la atracción de capital extranjero, una apertura financiera que baje las tasas activas pero no por debajo del alto costo que debe tener el capital en Colombia, y una consolidación y fusión, para traer todas las grandes ventajas que producirían unas tasas de interés razonables tanto para los ahorristas como para los inversionistas. Ello también requiere que aumente la confianza de los inversionistas en el país y entre los mismos ciudadanos, lo que reduciría mucho los costos de transacción del dinero.
Las políticas macroeconómicas conservadoras han aislado a Colombia de los intensos desequilibrios que ha vivido el resto del continente en materia de crisis cambiarias e hiperinflaciones. Algunos piensan que el populismo es un camino que se debe transitar necesariamente para obtener unos elementos democráticos mínimos y una reducción de la violencia política, aunque deben de existir múltiples posibilidades de transitar hacia la democracia por caminos distintos, incluso de redistribuciones reales de ingresos o sea por medio de tributos a la propiedad. El marco económico para la toma de decisiones ha sido bastante estable con un banco central independiente y con el gobierno recurriendo al mercado de bonos y no a la emisión gratuita para financiarse. Sin embargo, la estabilidad se perdió con la crisis de 1998-1999 que fue causada por excesos de gasto privado y público, una entrada de capital que no fue acomodada por el gasto público y un gran déficit externo que en cierto momento no fue financiado por el sistema internacional que había entrado en crisis.
Colombia ha sido ajena al populismo y ello explica que su desarrollo económico haya sido relativamente sostenido desde principios de siglo. Ese gran activo pudiera perderse, pues la situación se complica con su dependencia en rentas de exportación, unas criminales como las del narcotráfico que amenazan con que Colombia sea excluida de Occidente y otras petroleras en manos del Estado, que puede conducirla a repartirlas alegremente, empeorando el marco institucional requerido para poder progresar: los ciudadanos luchan por el reparto de la torta y no por ahorrar, invertir y aumentar la producción y la productividad.
En términos generales, la agenda de modernización debe incluir una reducción sustancial de los costos de transacción, tanto legales como físicos y un aumento de la eficiencia de los servicios públicos que puede ayudar a aurnentar la productividad social y con ello a incentivar las actividades productivas. Esta puede ser una contribución para frenar la revaluación de la moneda y el desplazamiento de la producción de transables por las actividades rentistas. Es necesario que detrás de la modernización existan amplios grupos ciudadanos que la apoyen y que los elementos ideológicos y ventajas que la sustentan sean diseminados ampliamente.
El gobierno debe responder frente a los intereses ciudadanos, en verdad representarlos, contribuir a elevar el ahorro total de la sociedad, reducir la inflación a niveles internacionales y obtener sobrantes fiscales antes de proseguir gastando más de lo que recauda en impuestos. Si se dan estas condiciones institucionales favorables, la tasa de crecimiento económico de largo plazo colombiana se elevaría a rangos comparables con los de los tigres asiáticos y Chile. Sin embargo, es notorio que Colombia está lejos de eso.
REFERENCIAS
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Notas
1 Ver Lisímaco Parra, "La crisis de la élite". (Arango, 88-95) Es diciente que después de 50 años del debate que protagonizara Leopoldo Uprimmy, en "La estirpe romántica y semi-escolásticas de nuestras instituciones" contra la posición de López Michelsen, este se repite casi en los mismos términos, aunque quizás ahora exista un fuerte desarrollo de las ciencias sociales que hace aparecer la posición de López casi como inverosímil.
2 Ver (Gutiérrez) donde se asocia la picaresca y la irresponsabilidad civil con el proceso de defensa del pensamiento dogmático eclesial. En la literatura institucionalista el oportunismo es frenado con la ética, las normas sociales y el compromiso político. (North, 1983, cap. 5).
3 Fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la emergencia económica declarada en enero de 1997, p. 48.
4 Habría adaptaciones especiales de la doctrina católica para justificar la marcha de los negocios o hacer proselitismo entre los obreros y pobres en casos también de disciplinamiento social. Basta con citar la disciplina financiera de la orden jesuítica, el obrerismo de los salesianos o la ideología procapitalista del Opus Dei. Sin embargo siempre queda la duda de si la rígida jerarquía eclesiástica con la actitud autoritaria contra la herejía y permisiva con otras infracciones, sean compatibles con un régimen económico y social competitivo, racionalmente riguroso, mucho más flexible y horizontal.
5 Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas. "El sistema judicial y el gasto público". Un proceso penal tarda en promedio 3.2 años en la primera instancia, un negocio laboral toma 3.9 años, mientras que la impunidad alcanza al 99.5% de los casos.
* ( Tomado de: www.iigov.org/papers/tema4/paper0039.htm. La Colección de Papers es una publicación editada por el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el marco del Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema latinoamericanos de Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad y Desarrollo Humano), con el patrocinio del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo Catalán).
Si no te gustan las guerras, consume para la paz
Rebelión
El lenguaje de guerra invade nuestro planeta. La mayoría de los mensajes procedentes de gobiernos y grandes medios de comunicación llevan años mostrando nuevos enemigos que supuestamente amenazan nuestro bienestar.
Las dinámicas que llevaron a las dos guerras mundiales y a casi todas las guerras parecen repetirse: generación de odio hacia el diferente, cultura de la violencia y exacerbación del militarismo. Para que al final, como siempre, se termine exterminando a millones de personas civiles y militares, vidas humanas en definitiva.
Y sea quien sea el enemigo, real o inventado, siempre existe un gran negocio para los países y empresas dedicadas a la fabricación de armamento, que suelen proveer de material bélico a todos los bandos en conflicto, como ilustra el dato de que el 70% de las armas que se están utilizando en las diferentes guerras sean de fabricación estadounidense.
Por si no fuera suficiente, EE.UU. ha incrementado su presupuesto militar hasta alcanzar el 40% del gasto militar mundial, con el objetivo de poder intervenir militarmente cuando quiera, donde quiera y con la excusa que le parezca, sin descartar el uso de armamento nuclear.
Toda la industria militar estadounidense, muy importante económicamente, se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento y necesitan vender como sea dichos artículos para que no se pare la cadena productiva de uno de los negocios mas rentables que existen.
Las tenues reticencias de algunos gobernantes de otros países y las protestas de muchos ciudadanos ante esta dinámica no parecen afectar ni preocupar a unos políticos y unas grandes empresas que solo entienden el lenguaje del dinero.
Ahora que los belicistas invaden Iraq es preciso organizar y extender otras formas de lucha que incidan de forma directa en el beneficio de aquellos que sustentan el negocio de las armas y se benefician de las guerras.
En un mundo pensado para consumir, en el que las empresas y los flujos de capitales se mueven en función de los beneficios que puedan obtener, los ciudadanos-consumidores tenemos una nueva forma de influir en las prácticas empresariales.
El acto de consumir debe convertirse en un modo de lucha, por otra parte muy difícil de combatir. Y se puede hacer mucho con poco esfuerzo. En primer lugar empezar nosotros mismos a ser coherentes y éticos: ¿qué sentido tiene ir a una manifestación contra la guerra y comprar todos los días productos de empresas vinculadas a la industria armamentista?.
Dediquemos algo de tiempo, hasta que sea un hábito adquirido, para seleccionar los productos que compramos: entre dos iguales, elegir el de una marca que no tenga vínculos con las guerras; si no hay opción, pensemos en otro producto diferente aunque a veces signifique algo más de dinero.
Seguramente sea ilusorio esperar que todo el mundo deje de comprar determinados productos, pero para las grandes corporaciones, la pérdida de sólo un 10% de beneficios supone un golpe muy duro.
Nosotros hemos seleccionando algunas empresas que nos parecen significativas por su extensión en todo el planeta. Pero hay más y esperamos que otras personas y colectivos se sumen a esta labor de investigación, denuncia y divulgación. También sería necesario colocar las marcas comerciales de los diferentes productos que dichas empresas tienen en los comercios.
En cuanto a las empresas norteamericanas, en esta lista, y a causa de la guerra de Iraq, hemos introducido también empresas multinacionales sin implicación directa en la industria de armamento, ya que pensamos que es necesario en estos momentos intentar incidir en todas aquellas empresas que tendrían capacidad de incidir en el gobierno norteamericano para obligarle a detener esta guerra.
Empresas (negrilla) y sus Marcas (sin negrilla).
Alimentación
Abbott Laboratories: Puleva; Altria (ex-Philip Morris): Café Estrella; Cargill Inc; Coca Cola Co: Coca Cola, Aquarius, Fanta, Lit, Minute Maid, Nestea, Powerade, Sprite; Dole Food Company Inc: Pascual; General Mills Inc: Häagen-Dazs; Heinz Co: Uncle William (mostaza y ketchup); Kellogg Co: Kellogs; Kraft Foods International Inc. Tang, Saimaza, Suchard, Toblerone, Philadelphia, El Caserio, Milka, Oscar Mayer, Sugus, Carte d'Or; Nabisco Holdings Corp: Chips Ahoy, Filipinos, Oreo, Royal, Fruco, Apis, Artiach, DubbleBubble, MarbúDorada, Chiquilin, Ritz, Doradas, Espanolas; PepsiCo Inc: Pepsi, Lipton, Aquafina, Kas, Lays, Ruffles, Doritos, Fritos, Cheetos, Matutano, Tropicana, Quaker, Gatorade, Mosto greip; Procter & Gamble, Co: Pringles, Sunny Delight; Sara Lee Corp: Bimbo, Reposteria Martinez, Café Marcilla; Starbucks Corp.
Armamento
Boeing Co.; Lockheed Martin Corp.
Automoción
Ford Motor Co.: Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Aston Martin, Lincoln, Mercury; General Motors Corp: Opel, Pontiac, Cadillac, Chevrolet, Vauxhall, Saab, Fiat, Fuji-Subaru, Isuzu, Suzuki.
Banca
American Express Co; Bank of America Corp; Citigroup Inc; JP Morgan Chase & Co; Merrill Lynch & Co; Morgan Stanley Dean Witter.
Cosméticos, higiene y limpieza
Avon products, Inc; Colgate-Palmolive Co: Ajax; Clinique; Gillette Co; Playtex Products, Inc; Polo Ralph Lauren Corp; Procter & Gamble, Co: Ariel, Head & Shoulders, Vidal Sassoon, Dodot, Dodotis Pampers, Old Spice, Cruz Verde, Always, Ausonia, Tampax, Max Factor, Laura Biagiotti Roma; Sara Lee Corp: Sanex, Aqua Velva, Delial, Cruz Verde, Legrain, Kiwi, Natreen, Soley, Bloom.
Distribución
Wal-Mart Stores; Sears Roebuck & Co; Home Depot Inc; Kmart Corp.
Electricidad, electrodomésticos, electrónica e informática
AOL Time Warner: America OnLine, Netscape, Warner Bros, CNN, Time; Cirrus Logic, Inc; Compaq; Edison International; Fairchild Corp; General Electric Co: GE Capital Services, GE Power Systems, GE Power Controls, GE Capital Information Technology Solutions, GE APPLIANCES (electrodomésticos); Hewlett-Packard Co; IBM; Intel Corp; Lockheed Martin Corp; Microsoft; Motorola, Inc; Nvidia Corp; Raytheon Co; Texas Instruments Inc; Whirlpool Corp.
Moda
American Eagle Outfitters, Inc; Calvin Klein Inc; Caterpillar Inc; Converse Inc; Levi Strauss & Co; Liz Claiborne, Inc; Nike Inc; Ocean Pacific Apparel Corp;
Polo Ralph Lauren Corp.; Procter & Gamble, Co;
Reebok International Ltd; Samsonite Corp; Sara Lee Corp: Abanderado, Dim, Playtex, Sueños de Oro, Hornimans, Princesa, Ocean, Lovable; The Gap Inc; The Limited, Inc.
Petróleo y Energía
Ashland Inc; Duke Energy Corp; Duracell; ChevronTexaco Corp; Exxon Mobil Corp: ExxonMobil, Mobil, Esso; Texaco Inc.
Química Farmacéutica
Merck & Co., Inc.
Restaurantes
Burger King; KFC (Kentucky Fried Chicken); McDonald's; Planet Hollywood International; Starbucks Corp; Subway; Wendy's International.
Tabaco
Altria (ex-Philip Morris): Marlboro, L&M, Chesterfield; Reynolds Metals Co: Winston, Camel, Reynolds; Sara Lee Corp: DRUM
Transportes
Delta Air Lines, Inc; UPS; US Airways Group Inc.
Otros
Avis; AT&T Corp. Hertz; Toys "R" Us Inc; Walt Disney: The Disney Store, ABC Magazines, Buena Vista Home Entertainment.
Empresas de otros países implicados o con intereses en la industria de guerra
Gran Bretaña
BP Amoco: BP (gasolina); Barclays; United Biscuits: Fontaneda, Chiquilín.
España
Iberia Air: Nostrum, Iberswiss, Viva Tours, Amadeus, Savia; Bancos: La Caixa, BBVA, Banco Zaragozano, Caja Madrid y Alliant
Las dinámicas que llevaron a las dos guerras mundiales y a casi todas las guerras parecen repetirse: generación de odio hacia el diferente, cultura de la violencia y exacerbación del militarismo. Para que al final, como siempre, se termine exterminando a millones de personas civiles y militares, vidas humanas en definitiva.
Y sea quien sea el enemigo, real o inventado, siempre existe un gran negocio para los países y empresas dedicadas a la fabricación de armamento, que suelen proveer de material bélico a todos los bandos en conflicto, como ilustra el dato de que el 70% de las armas que se están utilizando en las diferentes guerras sean de fabricación estadounidense.
Por si no fuera suficiente, EE.UU. ha incrementado su presupuesto militar hasta alcanzar el 40% del gasto militar mundial, con el objetivo de poder intervenir militarmente cuando quiera, donde quiera y con la excusa que le parezca, sin descartar el uso de armamento nuclear.
Toda la industria militar estadounidense, muy importante económicamente, se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento y necesitan vender como sea dichos artículos para que no se pare la cadena productiva de uno de los negocios mas rentables que existen.
Las tenues reticencias de algunos gobernantes de otros países y las protestas de muchos ciudadanos ante esta dinámica no parecen afectar ni preocupar a unos políticos y unas grandes empresas que solo entienden el lenguaje del dinero.
Ahora que los belicistas invaden Iraq es preciso organizar y extender otras formas de lucha que incidan de forma directa en el beneficio de aquellos que sustentan el negocio de las armas y se benefician de las guerras.
En un mundo pensado para consumir, en el que las empresas y los flujos de capitales se mueven en función de los beneficios que puedan obtener, los ciudadanos-consumidores tenemos una nueva forma de influir en las prácticas empresariales.
El acto de consumir debe convertirse en un modo de lucha, por otra parte muy difícil de combatir. Y se puede hacer mucho con poco esfuerzo. En primer lugar empezar nosotros mismos a ser coherentes y éticos: ¿qué sentido tiene ir a una manifestación contra la guerra y comprar todos los días productos de empresas vinculadas a la industria armamentista?.
Dediquemos algo de tiempo, hasta que sea un hábito adquirido, para seleccionar los productos que compramos: entre dos iguales, elegir el de una marca que no tenga vínculos con las guerras; si no hay opción, pensemos en otro producto diferente aunque a veces signifique algo más de dinero.
Seguramente sea ilusorio esperar que todo el mundo deje de comprar determinados productos, pero para las grandes corporaciones, la pérdida de sólo un 10% de beneficios supone un golpe muy duro.
Nosotros hemos seleccionando algunas empresas que nos parecen significativas por su extensión en todo el planeta. Pero hay más y esperamos que otras personas y colectivos se sumen a esta labor de investigación, denuncia y divulgación. También sería necesario colocar las marcas comerciales de los diferentes productos que dichas empresas tienen en los comercios.
En cuanto a las empresas norteamericanas, en esta lista, y a causa de la guerra de Iraq, hemos introducido también empresas multinacionales sin implicación directa en la industria de armamento, ya que pensamos que es necesario en estos momentos intentar incidir en todas aquellas empresas que tendrían capacidad de incidir en el gobierno norteamericano para obligarle a detener esta guerra.
Empresas (negrilla) y sus Marcas (sin negrilla).
Alimentación
Abbott Laboratories: Puleva; Altria (ex-Philip Morris): Café Estrella; Cargill Inc; Coca Cola Co: Coca Cola, Aquarius, Fanta, Lit, Minute Maid, Nestea, Powerade, Sprite; Dole Food Company Inc: Pascual; General Mills Inc: Häagen-Dazs; Heinz Co: Uncle William (mostaza y ketchup); Kellogg Co: Kellogs; Kraft Foods International Inc. Tang, Saimaza, Suchard, Toblerone, Philadelphia, El Caserio, Milka, Oscar Mayer, Sugus, Carte d'Or; Nabisco Holdings Corp: Chips Ahoy, Filipinos, Oreo, Royal, Fruco, Apis, Artiach, DubbleBubble, MarbúDorada, Chiquilin, Ritz, Doradas, Espanolas; PepsiCo Inc: Pepsi, Lipton, Aquafina, Kas, Lays, Ruffles, Doritos, Fritos, Cheetos, Matutano, Tropicana, Quaker, Gatorade, Mosto greip; Procter & Gamble, Co: Pringles, Sunny Delight; Sara Lee Corp: Bimbo, Reposteria Martinez, Café Marcilla; Starbucks Corp.
Armamento
Boeing Co.; Lockheed Martin Corp.
Automoción
Ford Motor Co.: Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Aston Martin, Lincoln, Mercury; General Motors Corp: Opel, Pontiac, Cadillac, Chevrolet, Vauxhall, Saab, Fiat, Fuji-Subaru, Isuzu, Suzuki.
Banca
American Express Co; Bank of America Corp; Citigroup Inc; JP Morgan Chase & Co; Merrill Lynch & Co; Morgan Stanley Dean Witter.
Cosméticos, higiene y limpieza
Avon products, Inc; Colgate-Palmolive Co: Ajax; Clinique; Gillette Co; Playtex Products, Inc; Polo Ralph Lauren Corp; Procter & Gamble, Co: Ariel, Head & Shoulders, Vidal Sassoon, Dodot, Dodotis Pampers, Old Spice, Cruz Verde, Always, Ausonia, Tampax, Max Factor, Laura Biagiotti Roma; Sara Lee Corp: Sanex, Aqua Velva, Delial, Cruz Verde, Legrain, Kiwi, Natreen, Soley, Bloom.
Distribución
Wal-Mart Stores; Sears Roebuck & Co; Home Depot Inc; Kmart Corp.
Electricidad, electrodomésticos, electrónica e informática
AOL Time Warner: America OnLine, Netscape, Warner Bros, CNN, Time; Cirrus Logic, Inc; Compaq; Edison International; Fairchild Corp; General Electric Co: GE Capital Services, GE Power Systems, GE Power Controls, GE Capital Information Technology Solutions, GE APPLIANCES (electrodomésticos); Hewlett-Packard Co; IBM; Intel Corp; Lockheed Martin Corp; Microsoft; Motorola, Inc; Nvidia Corp; Raytheon Co; Texas Instruments Inc; Whirlpool Corp.
Moda
American Eagle Outfitters, Inc; Calvin Klein Inc; Caterpillar Inc; Converse Inc; Levi Strauss & Co; Liz Claiborne, Inc; Nike Inc; Ocean Pacific Apparel Corp;
Polo Ralph Lauren Corp.; Procter & Gamble, Co;
Reebok International Ltd; Samsonite Corp; Sara Lee Corp: Abanderado, Dim, Playtex, Sueños de Oro, Hornimans, Princesa, Ocean, Lovable; The Gap Inc; The Limited, Inc.
Petróleo y Energía
Ashland Inc; Duke Energy Corp; Duracell; ChevronTexaco Corp; Exxon Mobil Corp: ExxonMobil, Mobil, Esso; Texaco Inc.
Química Farmacéutica
Merck & Co., Inc.
Restaurantes
Burger King; KFC (Kentucky Fried Chicken); McDonald's; Planet Hollywood International; Starbucks Corp; Subway; Wendy's International.
Tabaco
Altria (ex-Philip Morris): Marlboro, L&M, Chesterfield; Reynolds Metals Co: Winston, Camel, Reynolds; Sara Lee Corp: DRUM
Transportes
Delta Air Lines, Inc; UPS; US Airways Group Inc.
Otros
Avis; AT&T Corp. Hertz; Toys "R" Us Inc; Walt Disney: The Disney Store, ABC Magazines, Buena Vista Home Entertainment.
Empresas de otros países implicados o con intereses en la industria de guerra
Gran Bretaña
BP Amoco: BP (gasolina); Barclays; United Biscuits: Fontaneda, Chiquilín.
España
Iberia Air: Nostrum, Iberswiss, Viva Tours, Amadeus, Savia; Bancos: La Caixa, BBVA, Banco Zaragozano, Caja Madrid y Alliant
Los planes de EE.UU. para la dominación militar global
Traducido para Rebelión por Germán Leyens
El Pentágono ha hecho público el resumen de un documento secreto, que esboza la agenda de EE.UU. para la dominación militar del mundo.
Esta reorientación de la estrategia militar de EE.UU. parece haber pasado virtualmente desapercibida. Con la excepción del The Wall Street Journal (véalo en el anexo), no se ha mencionado ni una sola palabra en los medios de EE.UU.
No ha habido cobertura periodística sobre este misterioso plan militar. Este último bosqueja, según el Wall Street Journal, el propósito militar global de EE.UU. que consiste en “reforzar la influencia de EE.UU. en todo el mundo”, mediante el aumento del despliegue de tropas y un masivo aumento de los sistemas de armas avanzadas de EE.UU.
Aunque el documento sigue la línea de la doctrina de la guerra “preventiva” de la administración, tal como la detalla el Proyecto del Nuevo Siglo Estadounidense de los neoconservadores (PNAC), va mucho más lejos en la definición de los contornos de la agenda militar global de Washington.
Piden un enfoque más “proactivo” de la guerra, más allá de la noción más débil de acciones “preventivas” y defensivas, en el que las operaciones militares sean lanzadas contra un “enemigo declarado” a fin de “preservar la paz” y “defender a EE.UU.”
El documento reconoce explícitamente el mandato militar global de EE.UU., más allá de los teatros de guerra regionales. Este mandato incluye también operaciones militares dirigidas contra países, que no son hostiles a EE.UU., pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses de EE.UU.
Desde una amplia perspectiva militar y de política extranjera, el documento del Pentágono de marzo de 2005 representa un plan imperial que apoya los intereses corporativos de EE.UU. en todo el mundo.
“Fundamentalmente, el documento es motivado por la creencia en que EE.UU. está involucrado en una continua lucha global que se extiende mucho más allá de campos de batalla específicos, como Irak y Afganistán. La visión que se propone es de fuerzas armadas que sean más proactivas, concentradas en cambiar el mundo en lugar de simplemente reaccionar ante conflictos como un ataque norcoreano contra Corea del Sir, y que asuman mayor prominencia en países en los que EE.UU. no se encuentra en guerra. (WSJ, 11 de marzo de 2005).
El documento sugiere que su objetivo también consiste en operaciones “ofensivas” en lugar de aquellas ordinarias, “preventivas”. Existe, a este respecto, un sutil matiz en relación con anteriores declaraciones de seguridad nacional posteriores al 11-S_
“[El documento presenta] ‘cuatro fundamentales’ problemas, ninguno de ellos relacionado con confrontaciones militares tradicionales. Se dice a los militares que desarrollen fuerzas que puedan: establecer asociaciones con estados debilitados para derrotar amenazas terroristas internas; defender la patria, incluyendo ataques ofensivos contra grupos terroristas que planifiquen ataques; influenciar las decisiones de países en encrucijadas estratégicas, como China y Rusia; e impedir la adquisición de armas de destrucción masiva por estados hostiles y grupos terroristas.” (Ibíd.)
Ya no se pone énfasis sólo en la conducción de guerras en escenarios importantes como fuera esbozado en “Reconstrucción de las defensas, la estrategia, las fuerzas y los recursos de EE.UU. para un Nuevo Siglo” de PNAC, el proyecto militar de marzo de 2005 apunta a cambios en los sistemas de armas así como a la necesidad de un despliegue global de fuerzas de EE.UU. en actos de mantenimiento del orden y de intervención mundiales. El PNAC ha descrito en su Informe de septiembre de 2000 esas operaciones militares fuera de los escenarios bélicos como “funciones de policía”:
“El Pentágono debe mantener fuerzas para preservar la actual paz de modos que no llegan a la conducción de campañas en escenarios bélicos importantes... Esos deberes son las misiones más frecuentes de la actualidad, que requieren fuerzas configuradas para el combate pero capaces de operaciones policiales independientes, a largo plazo.” (PNAC,
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf , p. 18)
Reclutamiento de soldados para mantener el orden en el Imperio
El énfasis subyacente se pone en el desarrollo y reclutamiento de personal militar especializado requerido para controlar y pacificar fuerzas y facciones autóctonas en diferentes regiones del mundo:
“la orientación confidencial exhorta a los militares a presentar soluciones menos doctrinarias que incluyan el envío de equipos más pequeños de soldados culturalmente espabilados para entrenar y guiar a fuerzas autóctonas.” (Ibid)
El documento confidencial señala la necesidad de reclutamiento y entrenamiento masivos de tropas. Esas tropas, incluyendo nuevos contingentes de fuerzas especiales, boinas verdes y otro personal militar especializado, participarían, en todo el mundo, en actos de mantenimiento militar del orden:
“El enfoque de Mr. Rumsfeld provocará probablemente importantes cambios en los sistemas de armas que compra el Pentágono, e incluso cambios más fundamentales en el entrenamiento y despliegue de soldados de EE.UU. en todo el mundo, dijeron funcionarios de la defensa que han jugado un papel en la elaboración del documento o participan en el estudio.
Estados Unidos trataría de desplegar esas tropas con mucha más anticipación ante la amenaza de un conflicto que lo que ha hecho tradicionalmente para ayudar a las fuerzas armadas de un gobierno tambaleante a confrontar a la guerrilla antes de que una insurgencia pueda echar raíces y obtener apoyo popular. Los funcionarios dijeron que el plan prevé que muchos equipos semejantes operen en todo el mundo.”
La participación militar de EE.UU. no se limita a Medio Oriente. El envío de fuerzas especiales en operaciones militares de mantenimiento del orden, bajo el disfraz de mantenimiento de la paz y entrenamiento, es considerado en todas las principales regiones del mundo. Una gran parte de estas actividades, sin embargo, será realizada con gran probabilidad por compañías privadas de mercenarios contratadas por el Pentágono, la OTAN o Naciones Unidas. Los requerimientos de personal militar así como el equipo son especializados. El mantenimiento del orden no será realizado por unidades regulares el ejército como en un escenario bélico:
“El nuevo plan prevé una participación más activa de EE.UU., parecida a recientes misiones de ayuda militar en sitios como Níger y Chad, donde EE.UU. despacha equipos de tropas terrestres para entrenar a los militares locales en tácticas básicas de contrainsurgencia. Futuras misiones de entrenamiento, sin embargo, serían probablemente realizadas en una escala mucho más amplia, dijo un funcionario de defensa.
De las fuerzas armadas, el Cuerpo de Marines se mueve ahora mismo más rápido para colmar esta brecha y planifica la transferencia de algunos recursos de las misiones de ataque anfibio tradicionales a nuevas unidades diseñadas específicamente para trabajar con fuerzas extranjeras. Para apoyar a esas tropas, los funcionarios militares están considerando todo, desde la compra de equipos baratos de vigilancia aérea a aeronaves artilladas que puedan ser utilizadas en complicados vuelos urbanos para ayudar a las tropas terrestres. Una “capacidad soñada” sería un avión AC-130 teledirigido que pueda volar sobre un área a una altura relativamente baja hasta que sea necesitado, para luego bajar en picada a fin de lanzar una fulminante línea de fuego, dijo un funcionario de la defensa.” (Ibíd.)
Nuevos enemigos después de la guerra fría
Mientras la “guerra contra el terrorismo” y la contención de “estados delincuentes” seguirán constituyendo la justificación y la motivación oficiales, identifican explícitamente a China y Rusia en el documento confidencial de marzo como enemigos potenciales.
“... los militares de EE.UU. quieren disuadir a potencias en crecimiento, como China, de desafiar la dominación militar de EE.UU. Aunque los sistemas de armas hechos para combatir a las guerrillas tienden a ser relativamente baratos y de baja tecnología, el estudio deja claro que para disuadir a esos países de que traten de competir, los militares de EE.UU. deben retener su dominación en áreas clave de alta tecnología, tales como la tecnología stealth, las armas de precisión y sistemas tripulados y teledirigidos de vigilancia.” (Ibíd.)
Aunque no se menciona a la Unión Europea, el objetivo declarado es quitar de en medio el desarrollo de todos los rivales militares en potencia.
“Tratando seguir las huellas del Lobo Feroz”
¿Cómo va a tratar Washington de lograr su objetivo de hegemonía militar global?
Esencialmente a través del continuo desarrollo de la industria de armamentos de EE.UU., lo que requiere un cambio del énfasis de la producción de bienes y servicios civiles. En otras palabras, el continuo aumento de los gastos de defensa alimenta una nueva carrera armamentista no declarada, con vastas cantidades de dineros públicos canalizados hacia los principales productores de armas de EE.UU.
El objetivo declarado es hacer que el proceso de desarrollo de sistemas de armas avanzadas sea “tan caro”, que ningún otro poder en el globo pueda competir o desafiar al “Lobo feroz”, sin poner en peligro su economía civil:
“En el centro de esta estrategia está la creencia en que EE.UU. debe mantener un avance tan grande en tecnologías cruciales que los poderes en crecimiento concluirán que les es demasiado caro incluso pensar en tratar de competir con el lobo feroz.
Comprenderán que no vale la pena sacrificar su crecimiento económico, dijo un consultor de defensa que fue contratado para redactar secciones del documento.” (Ibid, énfasis agregado)
Carrera armamentista no declarada entre Europa y EE.UU.
Esta nueva carrera armamentista no declarada es con los así llamados “poderes en crecimiento”.
Mientras mencionan a China y Rusia como una amenaza potencial, los rivales (extraoficiales) de EE.UU. también incluyen a Francia, Alemania y Japón. Los socios reconocidos de EE.UU. – en el contexto del eje anglo-estadounidense – son Gran Bretaña, Australia y Canadá, además de Israel (extraoficialmente).
En este contexto, existen actualmente dos ejes militares occidentales dominantes: el anglo-estadounidense y la competidora alianza franco-alemana. El proyecto militar europeo, dominado en gran parte por Francia y Alemania, debilitará inevitablemente a la OTAN. Gran Bretaña (a través de British Aerospace Systems Corporation) está firmemente integrada al sistema de compras de defensa de EE.UU. en sociedad con los cinco grandes productores de armas de EE.UU.
Sobra decir que esta nueva carrera armamentista está firmemente encastrada en el proyecto europeo, que considera, bajo auspicios de la UE, una masiva reorientación de recursos financieros del Estado hacia los gastos militares. Además, que el sistema monetario de la UE haya establecido una divisa global que desafía la hegemonía del dólar de EE.UU. está íntimamente relacionado con el desarrollo de una fuerza de defensa integrada de la UE afuera de la OTAN.
Bajo la constitución europea, habrá una política exterior europea unificada, una posición que incorporará un componente de defensa común. Se entiende, aunque nunca se discute seriamente en público, que la Fuerza de Defensa Europea que se planea va dirigida a cuestionar la supremacía de EE.UU. en asuntos militares:
“bajo un tal régimen, las relaciones transatlánticas sufrirán un golpe fatal.” (Según Martin Callanan, miembro conservador británico del Parlamento Europeo, Washington Times, 5 de marzo de 2005).
Irónicamente, este proyecto militar europeo, aunque alienta una carrera armamentista EE.UU.-UE, no es incompatible con la continuación de la cooperación EE.UU.-UE en asuntos militares. El objetivo subyacente para Europa es proteger los intereses corporativos de la UE y que contratistas europeos puedan sacar provecho y efectivamente “compartir los despojos” de las guerras dirigidas por EE.UU. y en otros sitios. En otras palabras, al cuestionar al Lobo Feroz desde una posición de fuerza, la UE trata de retener su papel como “socio” de EE.UU. en sus diversas operaciones militares.
Existe una suposición, particularmente en Francia, de que la única manera de crear buenas relaciones con Washington, es emular el Proyecto Militar Estadounidense, - es decir, adoptar una estrategia similar de fortalecimiento de los sistemas avanzados de armas de Europa.
En otras palabras, estamos hablando de una frágil relación de amor-odio entre la Vieja Europa y EE.UU., en sistemas de defensa, la industria petrolera, así como en las esferas superiores de la banca, las finanzas y los mercados de divisas. El tema importante es cómo esta frágil relación geopolítica se desarrollará en términos de coaliciones y alianzas en los años por venir. Francia y Alemania tienen acuerdos de cooperación militar tanto con Rusia como con China. Las compañías europeas de defensa suministran a China armamentos avanzados. En última instancia, Europa es considerada una usurpación por EE.UU. y no se puede excluir un conflicto militar entre superpotencias occidentales en competencia. (Para más detalles, vea “The Anglo-American Axis” de Michel Chossudovsky, ttp://globalresearch.ca/articles/CHO303B.html )
Del escepticismo ante las supuestas armas de destrucción masiva (ADM) de Irak a una condena total, en los meses anteriores a la invasión de marzo de 2003, la Vieja Europa (después de la invasión) ha aceptado ampliamente la legitimidad de la ocupación militar de Irak por EE.UU., a pesar de los asesinatos de civiles, para no mencionar las pautas de la administración Bush respecto a la tortura y los asesinatos políticos.
En lo que es una cruel ironía, la nueva carrera armamentista EE.UU.-UE se ha convertido en el camino elegido por la Unión Europea, para estimular las “relaciones amistosas” con la superpotencia estadounidense. En lugar de oponerse a EE.UU., Europa ha adoptado la “guerra contra el terrorismo”. Colabora activamente con EE.UU. en el arresto de presuntos terroristas. Varios países de la UE han promulgado leyes antiterroristas tipo Gran Hermano, que constituyen una versión “copia y pega” de la legislación de Seguridad Interior de EE.UU.
La opinión pública europea está ahora galvanizada en el apoyo a la “guerra contra el terrorismo”, que beneficia ampliamente al complejo militar industrial europeo y a las compañías petroleras. A su vez, la “guerra contra el terrorismo” también suministra una tambaleante legitimidad a la agenda de seguridad de la UE bajo la Constitución Europea. Esta última es juzgada cada vez con más incredulidad, como un pretexto para implementar medidas de estado policial, mientras desmantela también la legislación laboral y el estado de bienestar europeos.
Por su parte, también los medios de Europa se han convertido en un participante en la campaña de desinformación. Los “enemigos exteriores” presentados hasta la saciedad en las cadenas de televisión, en ambos lados del Atlántico, son Osama bin Laden y Abu Musab Al-Zarqawi. En otras palabras, la campaña de propaganda sirve para camuflar de modo útil la continua militarización de las instituciones civiles, que ocurre simultáneamente en Europa y EE.UU.
Cañones y mantequilla: la desaparición de la economía civil
La propuesta constitución de la UE requiere una masiva expansión de los gastos militares en todos los países miembro en obvio detrimento de la economía civil.
El límite de un 3% en los déficit presupuestarios anuales de la Unión Europea implica que la expansión de los gastos militares será acompañada por un recorte masivo en todas las categorías de gastos civiles, incluyendo los servicios sociales, la infraestructura pública, y el apoyo gubernamental a la agricultura y la industria. A este respecto, “la guerra contra el terrorismo” sirve de pretexto – en el contexto de las reformas neoliberales. Posibilita la aceptación pública de la imposición de medidas de austeridad que afectan a los programas civiles, sobre la base de que se necesita dinero para reforzar la seguridad nacional y la defensa en el interior.
El crecimiento de los gastos militares en Europa está relacionado directamente con el fortalecimiento militar de EE.UU. Mientras más gasta EE.UU. en defensa, más querrá gastar Europa para desarrollar su propia Fuerza de Defensa Europea. Por “no ser menos que los otros”, en todo lo que es bueno y digno, es decir en una causa como el combate contra los “terroristas islámicos” y en defensa de la patria.
La ampliación de la UE está directamente vinculada al desarrollo y al financiamiento de la industria armamentista europea. Las potencias dominantes europeas necesitan desesperadamente las contribuciones de los diez nuevos miembros de la UE para financiar el refuerzo militar de la UE. En este sentido, la Constitución Europea requiere “la adopción de una estrategia de seguridad para Europa, acompañada por compromisos financieros respecto a los gastos militares”. (Informe Europeo, 3 de julio de 2003). En otras palabras, bajo la Constitución Europea, la ampliación de la UE tiende a debilitar la alianza militar atlántica (OTAN).
El contragolpe para el empleo y los programas sociales es el subproducto inevitable de los proyectos militares estadounidense y europeo, que canalizan vastas cantidades de recursos financieros del Estado hacia la economía de guerra, a costa de los sectores civiles.
Los resultados son cierres de fábricas y bancarrotas en la economía civil y una ola creciente de pobreza y desempleo en todo el mundo occidental. Además, contrariamente a los años treinta, el desarrollo dinámico de la industria armamentista crea muy pocos nuevos puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, mientras florece la economía de guerra occidental, el transplante de la producción de bienes manufacturados civiles a países del Tercer Mundo ha aumentado en los últimos años a un ritmo dramático. China, que constituye de lejos el mayor productor de bienes manufacturados civiles, aumentó sus exportaciones de textiles a EE.UU. en un 80,2 por ciento en 2004, llevando a una ola de cierres de fábricas y de pérdidas de puestos de trabajo. (WSJ, 11 de marzo de 2005)
La economía global se caracteriza por una relación bipolar. Los países occidentales ricos producen armas de destrucción masiva, mientras que los países pobres producen bienes de consumo manufacturados. En una lógica deformada, los países ricos utilizan sus sistemas avanzados de armas para amenazar con iniciar o lanzar guerras contra los países pobres en desarrollo, que suministran a los mercados occidentales grandes cantidades de bienes de consumo producidos en plantas de montaje con mano de obra barata.
EE.UU., en particular, se ha basado en este suministro barato de bienes de consumo para cerrar una gran parte de su sector de manufactura, mientras redirige al mismo tiempo recursos de la economía civil a la producción de armas de destrucción masiva. Y estas últimas, en una ironía amarga, están programadas para su uso contra el país que suministra a EE.UU. una gran parte de sus bienes de consumo, es decir China.
ANEXO
Rumsfeld detalla un gran cambio militar en un nuevo documento de Greg Jaffe, The Wall Street Journal, 11 de marzo de 2005
El secretario de defensa Donald Rumsfeld esboza, en un nuevo documento confidencial de planificación, una visión para rehacer a los militares para que se involucren más en la prevención de amenazas antes del estallido de hostilidades y para que sirvan un propósito más amplio de reforzar la influencia de EE.UU. en el mundo.
El documento describe la agenda de Mr. Rumsfeld para un estudio recientemente iniciado de los gastos y la estrategia de defensa. Como este proceso se realiza sólo una vez cada cuatro años, este estudio representa la mejor oportunidad para que la administración Bush pueda remodelar las fuerzas armadas para convertirlas en una fuerza capaz de cumplir con sus ambiciosos objetivos de seguridad y política extranjera expuestos por el presidente Bush desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Está siendo realizado por altos miembros del equipo de Mr. Rumsfeld junto con altos oficiales de cada una de las fuerzas armadas.
Los objetivos de Mr. Rumsfeld, descritos en el documento, marcan un cambio importante respecto a estudios anteriores. Profundamente informado tanto por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y por la sangrienta lucha de los militares en Irak, el documento destaca nuevos problemas, como combatir a terroristas e insurgentes, por sobre otros desafíos militares convencionales.
Es muy probable que el enfoque de Mr. Rumsfeld provoque cambios importantes en los sistemas de armas adquiridos por el Pentágono, y cambios aún más fundamentales en el entrenamiento y el despliegue de tropas de EE.UU. en todo el mundo, dijeron funcionarios de la defensa que han jugado un papel en la preparación del documento o que participan en el estudio.
En el documento, Mr. Rumsfeld dice a los militares que enfoquen cuatro “problemas centrales”, ninguno de los cuales incluye confrontaciones militares tradicionales. Se dice a las fuerzas armadas que desarrollen fuerzas que puedan: crear asociaciones con estados debilitados para derrotar amenazas terroristas internas; defender la patria, incluyendo golpes ofensivos contra grupos terroristas que planifiquen ataques; influenciar las decisiones de países en encrucijadas estratégicas, como China y Rusia; e impedir la adquisición de armas de destrucción masiva por estados y grupos terroristas hostiles.
Lo que preguntamos es: ¿Cómo impedir que problemas se conviertan en crisis y que crisis se conviertan en conflictos generalizados?” dijo un alto funcionario de la defensa que participa en la redacción de las pautas.
Fundamentalmente, el documento es motivado por la creencia en que EE.UU. está involucrado en una continua lucha global que se extiende mucho más allá de campos de batalla específicos, como Irak y Afganistán. La visión que se propone es de fuerzas armadas más proactivas, concentradas en cambiar el mundo en lugar de simplemente reaccionar ante conflictos como un ataque norcoreano contra Corea del Sir, y que asuman mayor prominencia en países con los que EE.UU. no se encuentra en guerra.
El documento llega temprano en el proceso de revisión, que es realizado a instancias del Congreso. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas ha reunido ya un amplio equipo para preparar planes para atacar las áreas clave de problemas identificadas por Mr. Rumsfeld.
Cuando sea completado, el estudio será enviado al Congreso, probablemente a comienzos del próximo año. El Congreso no puede decidir sobre el estudio del Secretario, que será utilizado por la administración para guiar sus decisiones sobre estrategia y gastos durante varios ciclos presupuestarios futuros. No es probable que el estudio requiera importantes cambios en los gastos de defensa en general, cuyo crecimiento se proyecta por lo menos hasta 2009.
Pero probablemente causará algunas desagradables batallas políticas, y puede crear problemas para los contratistas de la defensa. Los problemas cardinales bosquejados por el estudio de Mr. Rumsfeld, por ejemplo, no parecen favorecer el jet F/A-22, hecho por Lockheed Martin Corp., que es la máxima prioridad de la Fuerza Aérea. “Pienso que probablemente se verá que la Fuerza Aérea presionará considerablemente para preservar el F-22” dijo Loren Thompson, oficial de operaciones jefe en el Lexington Institute y consultor de varias fuerzas militares. “Desafortunadamente, no se encontrará mucha justificación para más F/A-22 en el tipo de problemas que se pide que sea considerado por las fuerzas armadas”.
El estudio impulsa ya a los militares a cuestionar la necesidad de onerosos sistemas de armas, como cazas de poco alcance y destructores navales y tanques que son utilizados sobre todo en conflictos convencionales. “Una pregunta importante es cuánto basta para ganar los combates convencionales del futuro, y cuándo podemos traspasar algunos recursos a algunos de esos problemas menos tradicionales”, dijo una persona involucrada en la redacción de las pautas.
El Wall Street Journal estudió un resumen del documento y habló con varios funcionarios que contribuyeron a su elaboración.
Mr. Rumsfeld ha convertido en una prioridad la transformación de los militares desde que la administración Bush tomó el poder. Pero en los últimos años esa iniciativa estuvo subordinada a las guerras de Afganistán e Irak. Dentro del Pentágono, el estudio es ampliamente considerado como el último gran impulso de Mr. Rumsfeld por imponer sus puntos de vista. Muchas personas informadas especulan que se irá a principios del próximo año cuando el estudio haya sido completado; ha desmentido repetidamente toda especulación semejante y se niega a hablar de sus planes.
La orientación de Mr. Rumsfeld impulsa a los militares a repensar la manera como libran las guerras de guerrilla y contra las insurgencias. En lugar de tratar de aniquilar una insurgencia con grandes formaciones terrestres convencionales, la orientación confidencial llama a los militares a presentar soluciones menos doctrinarias que incluyan el envío de equipos más pequeños de soldados con habilidad cultural para entrenar y dirigir a las fuerzas autóctonas.
EE.UU. trataría de desplegar esas tropas, con considerable anterioridad que lo que ha hecho tradicionalmente frente a un conflicto amenazante, para ayudar a las fuerzas armadas de un gobierno tambaleante a confrontar a las guerrillas antes de que una insurgencia pueda echar raíces y ganar apoyo popular. Los funcionarios dijeron que el plan prevé muchos equipos semejantes en operación en todo el mundo.
Esto representa un desafío para militares cuyos recursos ya son puestos a prueba por guerras en Irak y Afganistán. Actualmente no hay suficientes soldados y marines especialmente entrenados para realizar el trabajo estratégico.
En la última década, los militares de EE.UU. han rehuido la ayuda a aliados en la lucha contra amenazas internas por preocupación de que fuerzas de EE.UU. se puedan ver involucradas en interminables conflictos interiores. En su lugar, los militares se han concentrado en la ayuda a los aliados para que conjuren agresiones a través de sus fronteras vendiéndoles sistemas avanzados de armas.
El nuevo plan prevé una participación más activa de EE.UU., parecida a recientes misiones de ayuda militar en sitios como Níger y Chad, donde EE.UU. despacha equipos de tropas terrestres para entrenar a los militares locales en tácticas básicas de contrainsurgencia. Futuras misiones de entrenamiento, sin embargo, serían probablemente realizadas en una escala mucho más amplia, dijo un funcionario de defensa.
De las fuerzas armadas, el Cuerpo de Marines se mueve ahora mismo más rápido para colmar esta brecha y planifica la transferencia de algunos recursos de las misiones de ataque anfibio tradicionales a nuevas unidades diseñadas específicamente para trabajar con fuerzas extranjeras. Para apoyar a esas tropas, los funcionarios militares están considerando todo, desde la compra de equipos baratos de vigilancia aérea a aeronaves artilladas que puedan ser utilizadas en complicados vuelos urbanos para ayudar a las tropas terrestres. Una “capacidad soñada” sería un avión AC-130 teledirigido que pueda volar sobre un área a una altura relativamente baja hasta que sea necesitado, para luego bajar en picada a fin de lanzar una fulminante línea de fuego, dijo un funcionario de la defensa.
El cambio recuerda la situación de comienzos del siglo pasado, cuando los marines libraron una serie de pequeñas guerras en Centroamérica y a menudo se habló de ellos como “soldados del Departamento de Estado”.
Al mismo tiempo que los militares de EE.UU. se re-equipan para confrontar amenazas insurgentes de baja tecnología, también tratan de disuadir a potencias en crecimiento, como China, de desafiar la dominación militar de EE.UU. Aunque los sistemas de armas hechos para combatir a guerrillas tienden a ser bastante baratos y de baja tecnología, el estudio deja claro que para disuadir a aquellos países de que traten de competir, los militares de EE.UU. deben conservar su dominación en áreas clave de alta tecnología, tales como la tecnología stealth, armas de precisión y sistemas de vigilancia tripulados y teledirigidos.
El Pentágono ha hecho público el resumen de un documento secreto, que esboza la agenda de EE.UU. para la dominación militar del mundo.
Esta reorientación de la estrategia militar de EE.UU. parece haber pasado virtualmente desapercibida. Con la excepción del The Wall Street Journal (véalo en el anexo), no se ha mencionado ni una sola palabra en los medios de EE.UU.
No ha habido cobertura periodística sobre este misterioso plan militar. Este último bosqueja, según el Wall Street Journal, el propósito militar global de EE.UU. que consiste en “reforzar la influencia de EE.UU. en todo el mundo”, mediante el aumento del despliegue de tropas y un masivo aumento de los sistemas de armas avanzadas de EE.UU.
Aunque el documento sigue la línea de la doctrina de la guerra “preventiva” de la administración, tal como la detalla el Proyecto del Nuevo Siglo Estadounidense de los neoconservadores (PNAC), va mucho más lejos en la definición de los contornos de la agenda militar global de Washington.
Piden un enfoque más “proactivo” de la guerra, más allá de la noción más débil de acciones “preventivas” y defensivas, en el que las operaciones militares sean lanzadas contra un “enemigo declarado” a fin de “preservar la paz” y “defender a EE.UU.”
El documento reconoce explícitamente el mandato militar global de EE.UU., más allá de los teatros de guerra regionales. Este mandato incluye también operaciones militares dirigidas contra países, que no son hostiles a EE.UU., pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses de EE.UU.
Desde una amplia perspectiva militar y de política extranjera, el documento del Pentágono de marzo de 2005 representa un plan imperial que apoya los intereses corporativos de EE.UU. en todo el mundo.
“Fundamentalmente, el documento es motivado por la creencia en que EE.UU. está involucrado en una continua lucha global que se extiende mucho más allá de campos de batalla específicos, como Irak y Afganistán. La visión que se propone es de fuerzas armadas que sean más proactivas, concentradas en cambiar el mundo en lugar de simplemente reaccionar ante conflictos como un ataque norcoreano contra Corea del Sir, y que asuman mayor prominencia en países en los que EE.UU. no se encuentra en guerra. (WSJ, 11 de marzo de 2005).
El documento sugiere que su objetivo también consiste en operaciones “ofensivas” en lugar de aquellas ordinarias, “preventivas”. Existe, a este respecto, un sutil matiz en relación con anteriores declaraciones de seguridad nacional posteriores al 11-S_
“[El documento presenta] ‘cuatro fundamentales’ problemas, ninguno de ellos relacionado con confrontaciones militares tradicionales. Se dice a los militares que desarrollen fuerzas que puedan: establecer asociaciones con estados debilitados para derrotar amenazas terroristas internas; defender la patria, incluyendo ataques ofensivos contra grupos terroristas que planifiquen ataques; influenciar las decisiones de países en encrucijadas estratégicas, como China y Rusia; e impedir la adquisición de armas de destrucción masiva por estados hostiles y grupos terroristas.” (Ibíd.)
Ya no se pone énfasis sólo en la conducción de guerras en escenarios importantes como fuera esbozado en “Reconstrucción de las defensas, la estrategia, las fuerzas y los recursos de EE.UU. para un Nuevo Siglo” de PNAC, el proyecto militar de marzo de 2005 apunta a cambios en los sistemas de armas así como a la necesidad de un despliegue global de fuerzas de EE.UU. en actos de mantenimiento del orden y de intervención mundiales. El PNAC ha descrito en su Informe de septiembre de 2000 esas operaciones militares fuera de los escenarios bélicos como “funciones de policía”:
“El Pentágono debe mantener fuerzas para preservar la actual paz de modos que no llegan a la conducción de campañas en escenarios bélicos importantes... Esos deberes son las misiones más frecuentes de la actualidad, que requieren fuerzas configuradas para el combate pero capaces de operaciones policiales independientes, a largo plazo.” (PNAC,
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf , p. 18)
Reclutamiento de soldados para mantener el orden en el Imperio
El énfasis subyacente se pone en el desarrollo y reclutamiento de personal militar especializado requerido para controlar y pacificar fuerzas y facciones autóctonas en diferentes regiones del mundo:
“la orientación confidencial exhorta a los militares a presentar soluciones menos doctrinarias que incluyan el envío de equipos más pequeños de soldados culturalmente espabilados para entrenar y guiar a fuerzas autóctonas.” (Ibid)
El documento confidencial señala la necesidad de reclutamiento y entrenamiento masivos de tropas. Esas tropas, incluyendo nuevos contingentes de fuerzas especiales, boinas verdes y otro personal militar especializado, participarían, en todo el mundo, en actos de mantenimiento militar del orden:
“El enfoque de Mr. Rumsfeld provocará probablemente importantes cambios en los sistemas de armas que compra el Pentágono, e incluso cambios más fundamentales en el entrenamiento y despliegue de soldados de EE.UU. en todo el mundo, dijeron funcionarios de la defensa que han jugado un papel en la elaboración del documento o participan en el estudio.
Estados Unidos trataría de desplegar esas tropas con mucha más anticipación ante la amenaza de un conflicto que lo que ha hecho tradicionalmente para ayudar a las fuerzas armadas de un gobierno tambaleante a confrontar a la guerrilla antes de que una insurgencia pueda echar raíces y obtener apoyo popular. Los funcionarios dijeron que el plan prevé que muchos equipos semejantes operen en todo el mundo.”
La participación militar de EE.UU. no se limita a Medio Oriente. El envío de fuerzas especiales en operaciones militares de mantenimiento del orden, bajo el disfraz de mantenimiento de la paz y entrenamiento, es considerado en todas las principales regiones del mundo. Una gran parte de estas actividades, sin embargo, será realizada con gran probabilidad por compañías privadas de mercenarios contratadas por el Pentágono, la OTAN o Naciones Unidas. Los requerimientos de personal militar así como el equipo son especializados. El mantenimiento del orden no será realizado por unidades regulares el ejército como en un escenario bélico:
“El nuevo plan prevé una participación más activa de EE.UU., parecida a recientes misiones de ayuda militar en sitios como Níger y Chad, donde EE.UU. despacha equipos de tropas terrestres para entrenar a los militares locales en tácticas básicas de contrainsurgencia. Futuras misiones de entrenamiento, sin embargo, serían probablemente realizadas en una escala mucho más amplia, dijo un funcionario de defensa.
De las fuerzas armadas, el Cuerpo de Marines se mueve ahora mismo más rápido para colmar esta brecha y planifica la transferencia de algunos recursos de las misiones de ataque anfibio tradicionales a nuevas unidades diseñadas específicamente para trabajar con fuerzas extranjeras. Para apoyar a esas tropas, los funcionarios militares están considerando todo, desde la compra de equipos baratos de vigilancia aérea a aeronaves artilladas que puedan ser utilizadas en complicados vuelos urbanos para ayudar a las tropas terrestres. Una “capacidad soñada” sería un avión AC-130 teledirigido que pueda volar sobre un área a una altura relativamente baja hasta que sea necesitado, para luego bajar en picada a fin de lanzar una fulminante línea de fuego, dijo un funcionario de la defensa.” (Ibíd.)
Nuevos enemigos después de la guerra fría
Mientras la “guerra contra el terrorismo” y la contención de “estados delincuentes” seguirán constituyendo la justificación y la motivación oficiales, identifican explícitamente a China y Rusia en el documento confidencial de marzo como enemigos potenciales.
“... los militares de EE.UU. quieren disuadir a potencias en crecimiento, como China, de desafiar la dominación militar de EE.UU. Aunque los sistemas de armas hechos para combatir a las guerrillas tienden a ser relativamente baratos y de baja tecnología, el estudio deja claro que para disuadir a esos países de que traten de competir, los militares de EE.UU. deben retener su dominación en áreas clave de alta tecnología, tales como la tecnología stealth, las armas de precisión y sistemas tripulados y teledirigidos de vigilancia.” (Ibíd.)
Aunque no se menciona a la Unión Europea, el objetivo declarado es quitar de en medio el desarrollo de todos los rivales militares en potencia.
“Tratando seguir las huellas del Lobo Feroz”
¿Cómo va a tratar Washington de lograr su objetivo de hegemonía militar global?
Esencialmente a través del continuo desarrollo de la industria de armamentos de EE.UU., lo que requiere un cambio del énfasis de la producción de bienes y servicios civiles. En otras palabras, el continuo aumento de los gastos de defensa alimenta una nueva carrera armamentista no declarada, con vastas cantidades de dineros públicos canalizados hacia los principales productores de armas de EE.UU.
El objetivo declarado es hacer que el proceso de desarrollo de sistemas de armas avanzadas sea “tan caro”, que ningún otro poder en el globo pueda competir o desafiar al “Lobo feroz”, sin poner en peligro su economía civil:
“En el centro de esta estrategia está la creencia en que EE.UU. debe mantener un avance tan grande en tecnologías cruciales que los poderes en crecimiento concluirán que les es demasiado caro incluso pensar en tratar de competir con el lobo feroz.
Comprenderán que no vale la pena sacrificar su crecimiento económico, dijo un consultor de defensa que fue contratado para redactar secciones del documento.” (Ibid, énfasis agregado)
Carrera armamentista no declarada entre Europa y EE.UU.
Esta nueva carrera armamentista no declarada es con los así llamados “poderes en crecimiento”.
Mientras mencionan a China y Rusia como una amenaza potencial, los rivales (extraoficiales) de EE.UU. también incluyen a Francia, Alemania y Japón. Los socios reconocidos de EE.UU. – en el contexto del eje anglo-estadounidense – son Gran Bretaña, Australia y Canadá, además de Israel (extraoficialmente).
En este contexto, existen actualmente dos ejes militares occidentales dominantes: el anglo-estadounidense y la competidora alianza franco-alemana. El proyecto militar europeo, dominado en gran parte por Francia y Alemania, debilitará inevitablemente a la OTAN. Gran Bretaña (a través de British Aerospace Systems Corporation) está firmemente integrada al sistema de compras de defensa de EE.UU. en sociedad con los cinco grandes productores de armas de EE.UU.
Sobra decir que esta nueva carrera armamentista está firmemente encastrada en el proyecto europeo, que considera, bajo auspicios de la UE, una masiva reorientación de recursos financieros del Estado hacia los gastos militares. Además, que el sistema monetario de la UE haya establecido una divisa global que desafía la hegemonía del dólar de EE.UU. está íntimamente relacionado con el desarrollo de una fuerza de defensa integrada de la UE afuera de la OTAN.
Bajo la constitución europea, habrá una política exterior europea unificada, una posición que incorporará un componente de defensa común. Se entiende, aunque nunca se discute seriamente en público, que la Fuerza de Defensa Europea que se planea va dirigida a cuestionar la supremacía de EE.UU. en asuntos militares:
“bajo un tal régimen, las relaciones transatlánticas sufrirán un golpe fatal.” (Según Martin Callanan, miembro conservador británico del Parlamento Europeo, Washington Times, 5 de marzo de 2005).
Irónicamente, este proyecto militar europeo, aunque alienta una carrera armamentista EE.UU.-UE, no es incompatible con la continuación de la cooperación EE.UU.-UE en asuntos militares. El objetivo subyacente para Europa es proteger los intereses corporativos de la UE y que contratistas europeos puedan sacar provecho y efectivamente “compartir los despojos” de las guerras dirigidas por EE.UU. y en otros sitios. En otras palabras, al cuestionar al Lobo Feroz desde una posición de fuerza, la UE trata de retener su papel como “socio” de EE.UU. en sus diversas operaciones militares.
Existe una suposición, particularmente en Francia, de que la única manera de crear buenas relaciones con Washington, es emular el Proyecto Militar Estadounidense, - es decir, adoptar una estrategia similar de fortalecimiento de los sistemas avanzados de armas de Europa.
En otras palabras, estamos hablando de una frágil relación de amor-odio entre la Vieja Europa y EE.UU., en sistemas de defensa, la industria petrolera, así como en las esferas superiores de la banca, las finanzas y los mercados de divisas. El tema importante es cómo esta frágil relación geopolítica se desarrollará en términos de coaliciones y alianzas en los años por venir. Francia y Alemania tienen acuerdos de cooperación militar tanto con Rusia como con China. Las compañías europeas de defensa suministran a China armamentos avanzados. En última instancia, Europa es considerada una usurpación por EE.UU. y no se puede excluir un conflicto militar entre superpotencias occidentales en competencia. (Para más detalles, vea “The Anglo-American Axis” de Michel Chossudovsky, ttp://globalresearch.ca/articles/CHO303B.html )
Del escepticismo ante las supuestas armas de destrucción masiva (ADM) de Irak a una condena total, en los meses anteriores a la invasión de marzo de 2003, la Vieja Europa (después de la invasión) ha aceptado ampliamente la legitimidad de la ocupación militar de Irak por EE.UU., a pesar de los asesinatos de civiles, para no mencionar las pautas de la administración Bush respecto a la tortura y los asesinatos políticos.
En lo que es una cruel ironía, la nueva carrera armamentista EE.UU.-UE se ha convertido en el camino elegido por la Unión Europea, para estimular las “relaciones amistosas” con la superpotencia estadounidense. En lugar de oponerse a EE.UU., Europa ha adoptado la “guerra contra el terrorismo”. Colabora activamente con EE.UU. en el arresto de presuntos terroristas. Varios países de la UE han promulgado leyes antiterroristas tipo Gran Hermano, que constituyen una versión “copia y pega” de la legislación de Seguridad Interior de EE.UU.
La opinión pública europea está ahora galvanizada en el apoyo a la “guerra contra el terrorismo”, que beneficia ampliamente al complejo militar industrial europeo y a las compañías petroleras. A su vez, la “guerra contra el terrorismo” también suministra una tambaleante legitimidad a la agenda de seguridad de la UE bajo la Constitución Europea. Esta última es juzgada cada vez con más incredulidad, como un pretexto para implementar medidas de estado policial, mientras desmantela también la legislación laboral y el estado de bienestar europeos.
Por su parte, también los medios de Europa se han convertido en un participante en la campaña de desinformación. Los “enemigos exteriores” presentados hasta la saciedad en las cadenas de televisión, en ambos lados del Atlántico, son Osama bin Laden y Abu Musab Al-Zarqawi. En otras palabras, la campaña de propaganda sirve para camuflar de modo útil la continua militarización de las instituciones civiles, que ocurre simultáneamente en Europa y EE.UU.
Cañones y mantequilla: la desaparición de la economía civil
La propuesta constitución de la UE requiere una masiva expansión de los gastos militares en todos los países miembro en obvio detrimento de la economía civil.
El límite de un 3% en los déficit presupuestarios anuales de la Unión Europea implica que la expansión de los gastos militares será acompañada por un recorte masivo en todas las categorías de gastos civiles, incluyendo los servicios sociales, la infraestructura pública, y el apoyo gubernamental a la agricultura y la industria. A este respecto, “la guerra contra el terrorismo” sirve de pretexto – en el contexto de las reformas neoliberales. Posibilita la aceptación pública de la imposición de medidas de austeridad que afectan a los programas civiles, sobre la base de que se necesita dinero para reforzar la seguridad nacional y la defensa en el interior.
El crecimiento de los gastos militares en Europa está relacionado directamente con el fortalecimiento militar de EE.UU. Mientras más gasta EE.UU. en defensa, más querrá gastar Europa para desarrollar su propia Fuerza de Defensa Europea. Por “no ser menos que los otros”, en todo lo que es bueno y digno, es decir en una causa como el combate contra los “terroristas islámicos” y en defensa de la patria.
La ampliación de la UE está directamente vinculada al desarrollo y al financiamiento de la industria armamentista europea. Las potencias dominantes europeas necesitan desesperadamente las contribuciones de los diez nuevos miembros de la UE para financiar el refuerzo militar de la UE. En este sentido, la Constitución Europea requiere “la adopción de una estrategia de seguridad para Europa, acompañada por compromisos financieros respecto a los gastos militares”. (Informe Europeo, 3 de julio de 2003). En otras palabras, bajo la Constitución Europea, la ampliación de la UE tiende a debilitar la alianza militar atlántica (OTAN).
El contragolpe para el empleo y los programas sociales es el subproducto inevitable de los proyectos militares estadounidense y europeo, que canalizan vastas cantidades de recursos financieros del Estado hacia la economía de guerra, a costa de los sectores civiles.
Los resultados son cierres de fábricas y bancarrotas en la economía civil y una ola creciente de pobreza y desempleo en todo el mundo occidental. Además, contrariamente a los años treinta, el desarrollo dinámico de la industria armamentista crea muy pocos nuevos puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, mientras florece la economía de guerra occidental, el transplante de la producción de bienes manufacturados civiles a países del Tercer Mundo ha aumentado en los últimos años a un ritmo dramático. China, que constituye de lejos el mayor productor de bienes manufacturados civiles, aumentó sus exportaciones de textiles a EE.UU. en un 80,2 por ciento en 2004, llevando a una ola de cierres de fábricas y de pérdidas de puestos de trabajo. (WSJ, 11 de marzo de 2005)
La economía global se caracteriza por una relación bipolar. Los países occidentales ricos producen armas de destrucción masiva, mientras que los países pobres producen bienes de consumo manufacturados. En una lógica deformada, los países ricos utilizan sus sistemas avanzados de armas para amenazar con iniciar o lanzar guerras contra los países pobres en desarrollo, que suministran a los mercados occidentales grandes cantidades de bienes de consumo producidos en plantas de montaje con mano de obra barata.
EE.UU., en particular, se ha basado en este suministro barato de bienes de consumo para cerrar una gran parte de su sector de manufactura, mientras redirige al mismo tiempo recursos de la economía civil a la producción de armas de destrucción masiva. Y estas últimas, en una ironía amarga, están programadas para su uso contra el país que suministra a EE.UU. una gran parte de sus bienes de consumo, es decir China.
ANEXO
Rumsfeld detalla un gran cambio militar en un nuevo documento de Greg Jaffe, The Wall Street Journal, 11 de marzo de 2005
El secretario de defensa Donald Rumsfeld esboza, en un nuevo documento confidencial de planificación, una visión para rehacer a los militares para que se involucren más en la prevención de amenazas antes del estallido de hostilidades y para que sirvan un propósito más amplio de reforzar la influencia de EE.UU. en el mundo.
El documento describe la agenda de Mr. Rumsfeld para un estudio recientemente iniciado de los gastos y la estrategia de defensa. Como este proceso se realiza sólo una vez cada cuatro años, este estudio representa la mejor oportunidad para que la administración Bush pueda remodelar las fuerzas armadas para convertirlas en una fuerza capaz de cumplir con sus ambiciosos objetivos de seguridad y política extranjera expuestos por el presidente Bush desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Está siendo realizado por altos miembros del equipo de Mr. Rumsfeld junto con altos oficiales de cada una de las fuerzas armadas.
Los objetivos de Mr. Rumsfeld, descritos en el documento, marcan un cambio importante respecto a estudios anteriores. Profundamente informado tanto por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y por la sangrienta lucha de los militares en Irak, el documento destaca nuevos problemas, como combatir a terroristas e insurgentes, por sobre otros desafíos militares convencionales.
Es muy probable que el enfoque de Mr. Rumsfeld provoque cambios importantes en los sistemas de armas adquiridos por el Pentágono, y cambios aún más fundamentales en el entrenamiento y el despliegue de tropas de EE.UU. en todo el mundo, dijeron funcionarios de la defensa que han jugado un papel en la preparación del documento o que participan en el estudio.
En el documento, Mr. Rumsfeld dice a los militares que enfoquen cuatro “problemas centrales”, ninguno de los cuales incluye confrontaciones militares tradicionales. Se dice a las fuerzas armadas que desarrollen fuerzas que puedan: crear asociaciones con estados debilitados para derrotar amenazas terroristas internas; defender la patria, incluyendo golpes ofensivos contra grupos terroristas que planifiquen ataques; influenciar las decisiones de países en encrucijadas estratégicas, como China y Rusia; e impedir la adquisición de armas de destrucción masiva por estados y grupos terroristas hostiles.
Lo que preguntamos es: ¿Cómo impedir que problemas se conviertan en crisis y que crisis se conviertan en conflictos generalizados?” dijo un alto funcionario de la defensa que participa en la redacción de las pautas.
Fundamentalmente, el documento es motivado por la creencia en que EE.UU. está involucrado en una continua lucha global que se extiende mucho más allá de campos de batalla específicos, como Irak y Afganistán. La visión que se propone es de fuerzas armadas más proactivas, concentradas en cambiar el mundo en lugar de simplemente reaccionar ante conflictos como un ataque norcoreano contra Corea del Sir, y que asuman mayor prominencia en países con los que EE.UU. no se encuentra en guerra.
El documento llega temprano en el proceso de revisión, que es realizado a instancias del Congreso. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas ha reunido ya un amplio equipo para preparar planes para atacar las áreas clave de problemas identificadas por Mr. Rumsfeld.
Cuando sea completado, el estudio será enviado al Congreso, probablemente a comienzos del próximo año. El Congreso no puede decidir sobre el estudio del Secretario, que será utilizado por la administración para guiar sus decisiones sobre estrategia y gastos durante varios ciclos presupuestarios futuros. No es probable que el estudio requiera importantes cambios en los gastos de defensa en general, cuyo crecimiento se proyecta por lo menos hasta 2009.
Pero probablemente causará algunas desagradables batallas políticas, y puede crear problemas para los contratistas de la defensa. Los problemas cardinales bosquejados por el estudio de Mr. Rumsfeld, por ejemplo, no parecen favorecer el jet F/A-22, hecho por Lockheed Martin Corp., que es la máxima prioridad de la Fuerza Aérea. “Pienso que probablemente se verá que la Fuerza Aérea presionará considerablemente para preservar el F-22” dijo Loren Thompson, oficial de operaciones jefe en el Lexington Institute y consultor de varias fuerzas militares. “Desafortunadamente, no se encontrará mucha justificación para más F/A-22 en el tipo de problemas que se pide que sea considerado por las fuerzas armadas”.
El estudio impulsa ya a los militares a cuestionar la necesidad de onerosos sistemas de armas, como cazas de poco alcance y destructores navales y tanques que son utilizados sobre todo en conflictos convencionales. “Una pregunta importante es cuánto basta para ganar los combates convencionales del futuro, y cuándo podemos traspasar algunos recursos a algunos de esos problemas menos tradicionales”, dijo una persona involucrada en la redacción de las pautas.
El Wall Street Journal estudió un resumen del documento y habló con varios funcionarios que contribuyeron a su elaboración.
Mr. Rumsfeld ha convertido en una prioridad la transformación de los militares desde que la administración Bush tomó el poder. Pero en los últimos años esa iniciativa estuvo subordinada a las guerras de Afganistán e Irak. Dentro del Pentágono, el estudio es ampliamente considerado como el último gran impulso de Mr. Rumsfeld por imponer sus puntos de vista. Muchas personas informadas especulan que se irá a principios del próximo año cuando el estudio haya sido completado; ha desmentido repetidamente toda especulación semejante y se niega a hablar de sus planes.
La orientación de Mr. Rumsfeld impulsa a los militares a repensar la manera como libran las guerras de guerrilla y contra las insurgencias. En lugar de tratar de aniquilar una insurgencia con grandes formaciones terrestres convencionales, la orientación confidencial llama a los militares a presentar soluciones menos doctrinarias que incluyan el envío de equipos más pequeños de soldados con habilidad cultural para entrenar y dirigir a las fuerzas autóctonas.
EE.UU. trataría de desplegar esas tropas, con considerable anterioridad que lo que ha hecho tradicionalmente frente a un conflicto amenazante, para ayudar a las fuerzas armadas de un gobierno tambaleante a confrontar a las guerrillas antes de que una insurgencia pueda echar raíces y ganar apoyo popular. Los funcionarios dijeron que el plan prevé muchos equipos semejantes en operación en todo el mundo.
Esto representa un desafío para militares cuyos recursos ya son puestos a prueba por guerras en Irak y Afganistán. Actualmente no hay suficientes soldados y marines especialmente entrenados para realizar el trabajo estratégico.
En la última década, los militares de EE.UU. han rehuido la ayuda a aliados en la lucha contra amenazas internas por preocupación de que fuerzas de EE.UU. se puedan ver involucradas en interminables conflictos interiores. En su lugar, los militares se han concentrado en la ayuda a los aliados para que conjuren agresiones a través de sus fronteras vendiéndoles sistemas avanzados de armas.
El nuevo plan prevé una participación más activa de EE.UU., parecida a recientes misiones de ayuda militar en sitios como Níger y Chad, donde EE.UU. despacha equipos de tropas terrestres para entrenar a los militares locales en tácticas básicas de contrainsurgencia. Futuras misiones de entrenamiento, sin embargo, serían probablemente realizadas en una escala mucho más amplia, dijo un funcionario de defensa.
De las fuerzas armadas, el Cuerpo de Marines se mueve ahora mismo más rápido para colmar esta brecha y planifica la transferencia de algunos recursos de las misiones de ataque anfibio tradicionales a nuevas unidades diseñadas específicamente para trabajar con fuerzas extranjeras. Para apoyar a esas tropas, los funcionarios militares están considerando todo, desde la compra de equipos baratos de vigilancia aérea a aeronaves artilladas que puedan ser utilizadas en complicados vuelos urbanos para ayudar a las tropas terrestres. Una “capacidad soñada” sería un avión AC-130 teledirigido que pueda volar sobre un área a una altura relativamente baja hasta que sea necesitado, para luego bajar en picada a fin de lanzar una fulminante línea de fuego, dijo un funcionario de la defensa.
El cambio recuerda la situación de comienzos del siglo pasado, cuando los marines libraron una serie de pequeñas guerras en Centroamérica y a menudo se habló de ellos como “soldados del Departamento de Estado”.
Al mismo tiempo que los militares de EE.UU. se re-equipan para confrontar amenazas insurgentes de baja tecnología, también tratan de disuadir a potencias en crecimiento, como China, de desafiar la dominación militar de EE.UU. Aunque los sistemas de armas hechos para combatir a guerrillas tienden a ser bastante baratos y de baja tecnología, el estudio deja claro que para disuadir a aquellos países de que traten de competir, los militares de EE.UU. deben conservar su dominación en áreas clave de alta tecnología, tales como la tecnología stealth, armas de precisión y sistemas de vigilancia tripulados y teledirigidos.
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