(La República, 15 de agosto de 2001)
¿Son las guerras modernas expresiones del caos o detrás de la
aparente irracionalidad se erige un modelo económico mucho más
articulado de lo que aparenta y que, además, produce beneficios para
algunos de los actores internos y externos implicados?
El arco de guerras actuales, desde Colombia hasta Indonesia, pasando
por Afganistán, la zona del Cáucaso, Balcanes y parte de Africa
Subsahariana tiene un inmenso coste económico y genera enormes
movimientos de capital.
El International Institute of Strategic Studies calcula, por
ejemplo, que el conflicto colombiano cuesta alrededor de 1.500
millones de dólares anuales (sin incluir en esta cifra el gasto que
suponen los grupos armados no estatales: guerrillas y
paramilitares), el de Afganistán 200 millones de dólares, el de
Sudán 184 millones y la guerra de Sierra Leona 24 millones. Estas
cifras son orientativas y limitadas y no muestran la destrucción en
todas sus facetas.
En un Estado en guerra se mata y hiere a las personas, se destruyen
núcleos familiares, se rompe el consenso entre grupos sociales y se
arrasan las infraestructuras que permiten el funcionamiento interno
de la sociedad y, en parte, sus conexiones con el exterior. Las
oportunidades presentes y futuras se deforman.
Pero la destrucción no deja espacios vacíos. La economía ilegal
sustituye a la legal o formal. La corrupción ocupa el lugar de la
gestión transparente del Estado. La violencia sustituye a la
justicia.
Las sociedades se integran, en diferentes formas y a distintos
niveles en la estructura de la violencia, y las riquezas naturales
son expoliadas.
Los Estados frágiles como Somalia, Sierra Leona o Liberia son
entidades que sólo existen en los atlas. En la realidad, se están
desintegrando según líneas étnicas o en los perímetros de las zonas
con recursos naturales.
Un informe realizado para el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la
explotación ilegal de recursos y otras formas de riqueza en la
República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, indica que los
recursos como minerales, café, madera, ganado y dinero han sido
saqueados en los últimos años en este país por los ejércitos de
Burundi, Ruanda y Uganda.
Al mismo tiempo, existe una planificación y organización en la que
participan gobiernos, empresarios, miembros de las fuerzas armadas
de esos países y de Zimbabwe, y la propia RDC.
Las actividades ilícitas han contribuido a prolongar la guerra y a
producir una sistemática explotación del país. Esta política
económica de una parte de los conflictos armados actuales queda de
manifiesto en un ensayo de William Reno publicado en el Anuario 2001
del Centro de Investigación para la Paz.
El aparente caos de las guerras de Sierra Leona, Somalia, Angola o
la RDC es desmentido por el estudio de Reno. Las elites promueven la
corrupción y la debilidad del Estado, que van unidas al auge de
economías en la sombra y tráficos ilícitos.
El modelo se completa con el reclutamiento de sectores jóvenes de la
población, para ejercer la violencia como mercenarios, y con la
alianza con actores externos.
Se trata de un modelo que deliberadamente utilizan los gobernantes
de los Estados afectados y sus aliados internos y externos para
obtener grandes beneficios. En los conflictos mencionados los
recursos son la fuente esencial de disputa o sirven de base
económica a algunos de los actores implicados. A su vez, un ensayo
de Michael T. Klare indica que la competencia por los recursos será
una de las fuentes principales de conflictos armados en los próximos
tiempos.
El consumo humano aumenta la demanda sobre tierras cultivables y
agua. Los modelos industriales demandan determinados minerales, y
los modelos sociales de producción y consumo requieren más petróleo
y gas. Esta demanda es, en algunos casos, más veloz que la capacidad
de reproducción de los recursos. A la vez, la globalización de las
relaciones económicas, el crecimiento de población en los países más
pobres y la urbanización rápida son tres variables que condicionan
la demanda de recursos.
Esta demanda podrá llevar a la pugna por el control de recursos
estratégicos, como el petróleo. Igualmente, determinados minerales
con valores simbólicos y de inversión financiera, como diamantes,
esmeraldas y oro, son objeto de conflictos.
En el curso de los años 2000 y 2001 la relación entre explotación
ilícita de piedras preciosas y conflictos armados ha sido
ampliamente debatida y denunciada, con especial atención a las
guerras en Angola y Sierra Leona.
Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Oxfam,
así como las Naciones Unidas, han denunciado la situación y han
exigido una regulación de la explotación y comercio de los
diamantes.
El comercio ilícito alimenta a la guerra: con el dinero ilegal se
compran armas, se pagan mercenarios y se corrompen gobiernos. Las
consecuencias las pagan las poblaciones con sufrimiento, pobreza
sistemática y eventuales crisis humanitarias.
Mariano Aguirre, periodista hispano-argentino, director del Centro
de Investigaciones para la Paz de la Fundación Hogar del Empleado de
Madrid.
aparente irracionalidad se erige un modelo económico mucho más
articulado de lo que aparenta y que, además, produce beneficios para
algunos de los actores internos y externos implicados?
El arco de guerras actuales, desde Colombia hasta Indonesia, pasando
por Afganistán, la zona del Cáucaso, Balcanes y parte de Africa
Subsahariana tiene un inmenso coste económico y genera enormes
movimientos de capital.
El International Institute of Strategic Studies calcula, por
ejemplo, que el conflicto colombiano cuesta alrededor de 1.500
millones de dólares anuales (sin incluir en esta cifra el gasto que
suponen los grupos armados no estatales: guerrillas y
paramilitares), el de Afganistán 200 millones de dólares, el de
Sudán 184 millones y la guerra de Sierra Leona 24 millones. Estas
cifras son orientativas y limitadas y no muestran la destrucción en
todas sus facetas.
En un Estado en guerra se mata y hiere a las personas, se destruyen
núcleos familiares, se rompe el consenso entre grupos sociales y se
arrasan las infraestructuras que permiten el funcionamiento interno
de la sociedad y, en parte, sus conexiones con el exterior. Las
oportunidades presentes y futuras se deforman.
Pero la destrucción no deja espacios vacíos. La economía ilegal
sustituye a la legal o formal. La corrupción ocupa el lugar de la
gestión transparente del Estado. La violencia sustituye a la
justicia.
Las sociedades se integran, en diferentes formas y a distintos
niveles en la estructura de la violencia, y las riquezas naturales
son expoliadas.
Los Estados frágiles como Somalia, Sierra Leona o Liberia son
entidades que sólo existen en los atlas. En la realidad, se están
desintegrando según líneas étnicas o en los perímetros de las zonas
con recursos naturales.
Un informe realizado para el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la
explotación ilegal de recursos y otras formas de riqueza en la
República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, indica que los
recursos como minerales, café, madera, ganado y dinero han sido
saqueados en los últimos años en este país por los ejércitos de
Burundi, Ruanda y Uganda.
Al mismo tiempo, existe una planificación y organización en la que
participan gobiernos, empresarios, miembros de las fuerzas armadas
de esos países y de Zimbabwe, y la propia RDC.
Las actividades ilícitas han contribuido a prolongar la guerra y a
producir una sistemática explotación del país. Esta política
económica de una parte de los conflictos armados actuales queda de
manifiesto en un ensayo de William Reno publicado en el Anuario 2001
del Centro de Investigación para la Paz.
El aparente caos de las guerras de Sierra Leona, Somalia, Angola o
la RDC es desmentido por el estudio de Reno. Las elites promueven la
corrupción y la debilidad del Estado, que van unidas al auge de
economías en la sombra y tráficos ilícitos.
El modelo se completa con el reclutamiento de sectores jóvenes de la
población, para ejercer la violencia como mercenarios, y con la
alianza con actores externos.
Se trata de un modelo que deliberadamente utilizan los gobernantes
de los Estados afectados y sus aliados internos y externos para
obtener grandes beneficios. En los conflictos mencionados los
recursos son la fuente esencial de disputa o sirven de base
económica a algunos de los actores implicados. A su vez, un ensayo
de Michael T. Klare indica que la competencia por los recursos será
una de las fuentes principales de conflictos armados en los próximos
tiempos.
El consumo humano aumenta la demanda sobre tierras cultivables y
agua. Los modelos industriales demandan determinados minerales, y
los modelos sociales de producción y consumo requieren más petróleo
y gas. Esta demanda es, en algunos casos, más veloz que la capacidad
de reproducción de los recursos. A la vez, la globalización de las
relaciones económicas, el crecimiento de población en los países más
pobres y la urbanización rápida son tres variables que condicionan
la demanda de recursos.
Esta demanda podrá llevar a la pugna por el control de recursos
estratégicos, como el petróleo. Igualmente, determinados minerales
con valores simbólicos y de inversión financiera, como diamantes,
esmeraldas y oro, son objeto de conflictos.
En el curso de los años 2000 y 2001 la relación entre explotación
ilícita de piedras preciosas y conflictos armados ha sido
ampliamente debatida y denunciada, con especial atención a las
guerras en Angola y Sierra Leona.
Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Oxfam,
así como las Naciones Unidas, han denunciado la situación y han
exigido una regulación de la explotación y comercio de los
diamantes.
El comercio ilícito alimenta a la guerra: con el dinero ilegal se
compran armas, se pagan mercenarios y se corrompen gobiernos. Las
consecuencias las pagan las poblaciones con sufrimiento, pobreza
sistemática y eventuales crisis humanitarias.
Mariano Aguirre, periodista hispano-argentino, director del Centro
de Investigaciones para la Paz de la Fundación Hogar del Empleado de
Madrid.
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